UIF bloquea cuentas de 46 sancionados por OFAC, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 46 sujetos designados ese mismo día por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre ellos 21 personas físicas y 25 personas morales vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Según el comunicado número 77 de la SHCP, emitido en Ciudad de México, la dependencia realizó el análisis de la información financiera disponible respecto a las personas incluidas en la acción estadounidense. La revisión permitió identificar, entre algunos de los sujetos, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras mexicanas, elementos que, según el documento, ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.

La UIF precisó que la incorporación a la LPB constituye una medida preventiva de carácter administrativo cuyo propósito es proteger la integridad del sistema financiero mexicano, y no una determinación definitiva sobre la responsabilidad de los señalados.

“La inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC”, se detalla en el comunicado.

El texto agregó que las personas incorporadas a la lista conservan los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.

La medida mexicana se desprendió de la acción anunciada por la OFAC contra líderes y facilitadores del Cártel de Sinaloa, que incluyó a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, señalado como jefe de la facción Los Mayos, así como a líderes de células, lavadores de dinero y funcionarios señalados por corrupción con base en Tijuana y Mexicali, en Baja California.

Entre los designados por la OFAC figuran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, además del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García. La acción se tomó según la Orden Ejecutiva 14059, respecto a la proliferación internacional de drogas ilícitas, y la Orden Ejecutiva 13224, enmendada por la Orden Ejecutiva 13886, respecto a terroristas y sus simpatizantes.

Torres Torres negó los señalamientos y afirmó que de las empresas listadas únicamente posee participación accionaria en Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., correspondiente al 30 por ciento. “Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, indicó en un posicionamiento.

La Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se deslindó del ex funcionario mediante un comunicado en el que subrayó su situación legal actual. “La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres. El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”, se lee en el documento, que también precisó que la mandataria estatal no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

El bloqueo determinado por la UIF implica la restricción de operaciones financieras en el sistema mexicano para los sujetos listados, en tanto se desahogan los procedimientos administrativos correspondientes. Las designaciones estadounidenses, por su parte, ordenan el congelamiento de bienes e intereses patrimoniales de los señalados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, así como de las entidades cuya propiedad corresponda en 50 por ciento o más a personas bloqueadas.