UIF presenta demanda civil en EU para recuperar 39 empresas y fideicomisos de García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera presentó, este martes 21 de septiembre, la primera demanda civil en el extranjero para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así como por otras personas.

El litigio se presentó por la institución perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la secretarías de Relaciones Exteriores, así como la de Seguridad y Protección Ciudadana, en Miami, Estados Unidos.

La institución, a cargo de Santiago Nieto Castillo, informó que dichos activos se derivan de “un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario”.

La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, en Estados Unidos, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.

La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.

“La presente demanda se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración y enriquecimiento injusto, entre otros. En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción”, explicó la UIF.

Estas acciones buscan “refrendar el compromiso de abatir las estructuras económicas de las organizaciones criminales y la impunidad, para hacer efectivo el derecho de la sociedad mexicana a recuperar activos procedentes de esquemas de lavado de dinero que tuvieron origen en territorio nacional, pero fueron incorporados y diversificados en jurisdicciones extranjeras. Lo anterior remarca la posición del Estado mexicano de cero tolerancia frente a actos de corrupción”, señaló.

El pasado 16 de agosto, la audiencia de Genaro García Luna, prevista para el 23 de junio, fue pospuesta, de nueva cuenta, para el 25 de agosto de este mismo año, luego de que el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó la moción que le hicieron llegar fiscales y los abogados defensores del ex titular de la SSP Federal, durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.

Después, el juez federal retrasó hasta el 26 de octubre una vista previa del juicio de García Luna. Cogan ordenó posponer la sesión a instancias de la Fiscalía del Distrito Este neoyorquina, que solicitó 60 días más de plazo, porque descubrió nuevas pruebas -más de 13 mil páginas de documentos- que se suman a las más de un millón que conforman el expediente elaborado hasta el momento por los fiscales contra el ex funcionario federal mexicano.

Según el diario Reforma, en el juicio por narcotráfico contra García Luna en una Corte Federal de Nueva York se ha ventilado que posee bienes raíces en Estados Unidos que suman casi 4 millones de dólares, entre ellos una propiedad de 1.2 millones que infructuosamente ofreció como garantía para su libertad bajo caución.

El ex titular de la SSP Federal mexicana tiene una casa en Golden Beach, Florida, que compró por medio de una empresa de papel en octubre de 2012, cuando aún era titular de la SSP, pagada con un millón de dólares en efectivo. A esa residencia se mudó al concluir el Gobierno de Calderón Hinojosa.

El mismo rotativo afirmó que el 2016, a través de la misma empresa con la que adquirió ese inmueble, García Luna compró un yate, mientras que otra compañía en la que tampoco aparecía su nombre, era la que pagaba las colegiaturas de sus hijos.

En 2018 García Luna también compró la oficina ubicada en el despacho 507 del edificio con número 2980 de la calle 207 en Aventura, un suburbio de Miami, por 1 millón 224 mil dólares.

Asimismo, la investigación estadounidense señala que el ex funcionario recibía millones de dólares, tanto de compañías con las que está públicamente afiliado, como de empresas fantasma con sede en países como Panamá y que contaba con un grupo de prestanombres para encubrir operaciones.