Un mes sin Carlos Manzo: implicados asesinados, detenciones, sospechas políticas y Uruapan, cercada por el crimen
Este lunes 1 de diciembre se cumple un mes del asesinato de Carlos Manzo, el Alcalde independiente de Uruapan que mantuvo una postura frontal contra el crimen organizado y que, después de solicitar apoyo en al menos 10 ocasiones a autoridades federales y estatales, sin obtener respuesta, fue ultimado a tiros en un ataque que cimbró la vida pública de Michoacán y del País.
Por el homicidio de Manzo —asesinado por un joven de 17 años cuando caminaba con su hijo en brazos durante las celebraciones del Día de Muertos—, la Fiscalía de Michoacán ha detenido hasta ahora a ocho personas, entre ellas siete escoltas del propio Presidente Municipal, señaladas por presuntas omisiones y por su posible involucramiento en la planeación del ataque.
De acuerdo con las investigaciones, los escoltas fueron detenidos tras detectarse inconsistencias en sus declaraciones y en los protocolos de resguardo de la noche del asesinato.
La Fiscalía sostiene que varios de ellos pudieron haber evitado la agresión y que incluso habrían facilitado condiciones para que el joven de 17 años —Víctor Manuel “N”— se aproximara a muy pocos metros de distancia y disparara a quemarropa.
Aunque el adolescente ya estaba reducido, fue abatido por los escoltas, quienes ya fueron vinculados a proceso para esclarecer su presunta participación en el homicidio.
Otro detenido y vinculado a proceso es Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, identificado por autoridades federales como uno de los presuntos autores intelectuales. Según la información disponible, encabezaba una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación —uno de los cuatro grupos que operan en Uruapan—, que, junto con Fernando José “N”, Ramiro “N” y el joven gatillero, habría perpetrado el asesinato.
Los cuatro integrantes de la célula monitorearon los movimientos de Manzo la noche del 1 de noviembre y mantuvieron comunicación constante antes, durante y después del crimen a través de mensajería instantánea, informó Omar García Harfuch, titular de la SSP federal. Tras el ataque, Fernando José “N” y Ramiro “N” también fueron asesinados.
El arresto de “El Licenciado” —ingresado el 21 de noviembre al penal de máxima seguridad del Altiplano— abrió nuevas líneas de investigación, incluida la posible participación de otros actores de seguridad municipal, así como la fuga del coronel José Manuel Jiménez Miranda, miembro del cuerpo de escoltas, confirmada el 28 de noviembre.
En total, el caso suma tres autores materiales abatidos, un presunto autor intelectual detenido, siete escoltas arrestados y otro escolta prófugo.
Para el analista en seguridad David Saucedo, la rapidez con la que se concretaron las primeras detenciones responde a dos factores: la afectación político-electoral en contra de Morena en la región —recordó la manifestación de al menos 100 mil personas en Uruapan el 7 de noviembre, una semana después del asesinato— y la presión del gobierno de Estados Unidos para que México muestre resultados contra el crimen organizado.
“Estos elementos están acelerando las investigaciones y, por lo menos en este caso, podría no haber impunidad”, planteó.
Pese a los avances, el móvil del asesinato sigue sin claridad. Esto ha llevado a Grecia Quiroz, viuda de Manzo y nueva Alcaldesa de Uruapan, a insistir en que se investigue una posible línea política.
Ha señalado a varias figuras vinculadas a Morena: Leonel Godoy, Diputado federal y ex Gobernador; Raúl Morón Orozco, Senador y ex Alcalde de Morelia, e Ignacio Campos, ex Alcalde de Uruapan y adversario político de Manzo.
“Carlos lo dijo muchas veces en sus transmisiones. Él los señaló específicamente. No es algo nuevo”, afirmó Quiroz el 13 de noviembre.
Días después, el Diputado Carlos Bautista Tafolla —del Movimiento Independiente del Sombrero, el mismo que respaldaba a Manzo— se sumó a las acusaciones y puso en duda la versión de García Harfuch, quien atribuyó el crimen a una célula del CJNG.
La polémica escaló el 25 de noviembre, cuando el Senador Gerardo Fernández Noroña lanzó contra Quiroz el calificativo de “fascista” por pedir que se investigara a personajes de Morena, y aseguró que sus señalamientos responden a un interés político porque —según dijo— ella buscará la gubernatura de Michoacán en 2027.
El Uruapan que heredó Grecia Quiroz
Más allá de aspiraciones futuras, Quiroz hereda un escenario crítico: sostener el legado de su esposo, apodado por sectores de la ciudadanía como “el Bukele mexicano” por su confrontación directa con el crimen organizado.
Uruapan vive una de las crisis de violencia más severas de Michoacán —y del país—, con la presencia simultánea de cuatro organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, Los Viagras y Los Blancos de Troya.
Las disputas más intensas entre CJNG y Templarios han alcanzado niveles de guerra abierta, con empleo de minas antipersona y drones explosivos.
La violencia ha provocado éxodos masivos, como el de 500 habitantes de El Alcalde y El Guayabo este mismo año.
Las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran la dimensión del desafío: 494 asesinatos entre 2023 y septiembre de 2025 en una ciudad de algo más de 300 mil habitantes; 104 homicidios solo entre enero y septiembre.
En ese periodo se registraron 2 mil 84 lesiones dolosas, 2 mil 953 robos de vehículos, 724 denuncias por narcomenudeo y 158 denuncias por extorsión.
Aunque algunos indicadores han disminuido —como el narcomenudeo, con una baja del 35 por ciento desde 2023—, la violencia general continúa en escalada.
Además, la ya añeja debilidad institucional agrava la situación: Uruapan cuenta con apenas 300 policías para más de 300 mil habitantes, y Manzo denunció hasta 10 veces la falta de apoyo estatal y federal.
Quiroz asume así una ciudad marcada por balaceras recurrentes, desapariciones silenciadas y un sistema de extorsión extendido.
“En Uruapan nadie se salva de pagar cuota al narco”, dijeron en una crónica publicada en Animal Político taxistas, comerciantes, gasolineros, restauranteros y un largo etcétera de ciudadanos.
Como respuesta, el Gobierno federal anunció que Uruapan será eje del nuevo Plan Michoacán, que contempla despliegue militar y policial, así como estrategias sociales con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos.
La Alcaldesa, sin embargo, lamentó que el apoyo llegara “demasiado tarde”.
El domingo 30, García Harfuch informó que el plan ya acumula 932 detenidos, 23 toneladas de droga aseguradas, 924 armas decomisadas y 17 laboratorios clandestinos desmantelados.
También anunció que la presencia de fuerzas federales en el estado aumentó a 12 mil 514 elementos.
Asimismo, se instaló una subsede de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y se capacitó a operadores del 089, lo que ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden a Michoacán.
Violencia política en Michoacán
Michoacán es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en México.
En las últimas tres elecciones locales, múltiples alcaldías han registrado asesinatos de candidatos, atentados contra funcionarios y disputas abiertas entre grupos criminales por el control territorial y presupuestal.
Organizaciones como Data Cívica han documentado que el Estado se mantiene de forma recurrente entre los primeros lugares nacionales en agresiones contra autoridades locales.
Uruapan arrastra un historial especialmente grave: asesinatos de servidores públicos, amenazas a regidores, presiones a cuerpos policiacos e intervenciones directas del crimen en procesos electorales y administrativos.
La vulnerabilidad institucional se profundiza por la fragmentación del mando policial y la cooptación de estructuras municipales.
