Denuncia la ASE al gobierno de Gerardo Vargas Landeros por renta de patrullas en Ahome
CULIACÁN._ La administración municipal de Ahome, encabezada por el Alcalde Gerardo Vargas Landeros, se encuentra bajo investigación luego de que la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el presunto arrendamiento irregular de patrullas.
La Fiscal General de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que este caso fue turnado a la autoridad ministerial.
“Hay carpetas de investigación en trámite en la Fiscalía Especializada Anticorrupción”, dijo.
El contrato por el que inició el procedimiento es el DA-Arrendamiento-018-2021, firmado el 10 de diciembre de 2021, en el cual el Ayuntamiento acordó el alquiler de 126 patrullas para la Secretaría de Seguridad y Tránsito Municipal, a cambio de 171 millones 451 mil 932.4 pesos con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V.
La contratación se dio apenas unos meses luego de que Vargas Landeros rindió protesta como Presidente Municipal de Ahome, y el acuerdo estaría vigente desde el día de su firma, el 10 de diciembre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2024, fecha en que concluyó el periodo de esa administración.
En la observación número 65 del informe de Cuenta Pública 2021 del Municipio de Ahome, la ASE advirtió que la contratación se dio a través de la adjudicación directa con invitación a cuatro proveedores, en lugar de seguir el proceso de licitación pública.
Excepción de licitación no estuvo justificada: ASE
La Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, explicó que antes de proceder a una denuncia en materia penal, se emiten las observaciones para que los entes públicos o ayuntamientos puedan esclarecerlas.
Respecto a este caso concreto, mantuvieron una indagatoria antes de presentar la denuncia, misma que finalizó en 2024.
“Son resultados de revisiones de ejercicios anteriores, ustedes saben que en cada revisión de cuenta pública se sigue un procedimiento. Cuando se observa y no se solventa, el asunto pasa al área jurídica. ¿Para qué? Para que se investigue si hay una falta grave y, en caso de que existan elementos que indiquen que puede haberse cometido un delito, como en este caso un tema penal, ese expediente debe remitirse a la Fiscalía, como se ha hecho en todos los casos que se han dado aquí.
“En el caso de esta denuncia que se presentó por parte de la Auditoría, ese proceso concluyó el año pasado. En el área de investigación tenemos abierta la investigación para ver si se cometieron faltas graves y, en caso, como en ese que se advirtió posible comisión de un delito, pues fue remitido a la Fiscalía”, declaró.
Subrayó que las compras de bienes o prestación de servicios a entes públicos deben respetar los tabuladores de cada año para determinar cómo se contratarán.
Félix Rivera aseveró que el Gobierno municipal de Ahome no tenía justificación alguna para evitar el procedimiento de licitación.
“Es un tema que se ha puesto muy en alto, inclusive por los diputados: las adjudicaciones directas. ¿Qué pasa con las adjudicaciones directas? La Ley de Adquisiciones del Estado prevé un procedimiento para adquirir bienes por parte de los entes, hay un tabulador que nos dice de tal cantidad a tal cantidad puedes comprar, pero con un estudio de mercado, con un comparativo, y de tal a tal cantidad debes licitar”, enfatizó la Auditora Superior de Sinaloa.
“En este caso la adquisición que se da por parte del Ayuntamiento, se trata de unas patrullas. Es un monto superior a los 100 millones de pesos, se excepciona el Ayuntamiento en una emergencia, una emergencia que, de acuerdo a un análisis que realiza el personal auditor, pues no está debidamente justificada”.
Adelantó que la denuncia presentada a la Fiscalía va enfocada al delito de ejercicio indebido del servicio público, enmarcado en el artículo 298 del Código Penal estatal.
“Es ejercicio indebido de la función pública. Hacemos saber el hecho, el que realiza la investigación y determinará los delitos es la propia Fiscalía, nosotros no tenemos esa competencia”, dijo.
“Cada caso es distinto, y ¿la Auditoría qué hace? Lleva la revisión, detecta, tiene un hallazgo, lo detecta y lo hace saber. La sanción y el tema penal no corresponde a la Auditoría, queda fuera de nuestras manos”.
La titular de la ASE apuntó que en la denuncia no se especificaron nombres de servidores públicos. Sin embargo, resaltó que en cada Ayuntamiento hay áreas encargadas de estas contrataciones.
“Quien realiza en todos los entes las adquisiciones, es el Comité de Adquisiciones, debe haber un Comité de Adquisiciones, debe haber un requerimiento del área que necesita ese bien o ese servicio, y debe haber autorizaciones. ¿Quiénes serán? Los que de la investigación resulten responsables, no va dirigido a ningún servidor público”, dijo.
Según el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de Ahome, el Comité de Adquisiciones se integra por el Presidente Municipal, como presidente del órgano; la persona titular de la Tesorería Municipal en función de Secretaría; la persona titular de la Sindicatura de Procuración como la Comisaría; los cargos de vocales lo ocupan las personas titulares de la Contraloría, Dirección de Administración y regidoras y regidores de la Comisión de Hacienda; y la Secretaría Técnica del Comité de Adquisiciones estará ocupada por la Jefatura del Departamento de Suministros.
Contratación se acredita por déficit de patrullas: ex Secretario del Ayuntamiento
Genaro García Castro fungió como Secretario del Ayuntamiento con Gerardo Vargas Landeros al frente del Gobierno municipal.
El ahora Diputado local por el Distrito 4 defendió que este procedimiento de contratación estuvo apegado a la ley, pues el Municipio tenía problemas con las patrullas, lo cual supone una emergencia de seguridad pública.
“Este es uno de esos casos. Es para un tema de seguridad pública, aparte no había vehículos en el mercado, era un situación complicada para la adquisición, traíamos un problema de déficit de vehículos y los que existían estaban en muy mal estado. Entonces, todo eso generó que se apegara a ese beneficio de la Ley para poder hacer una asignación de esa naturaleza”, sostuvo.
El legislador aseguró que en su labor como funcionario municipal no tenía injerencia en decisiones de adquisiciones y arrendamientos.
Pese a ello, admitió que como Secretario estaba entre sus funciones la firma y autorización de documentos como los contratos.
“Validamos, firmamos como parte de, pero también es cierto que nosotros no somos el Comité de Obras, que nosotros no contratamos, que nosotros no pagamos, que nosotros no adquirimos absolutamente nada”, respondió García Castro.
“Hay todo un proceso en el cual yo no intervengo, y la Ley establece a todos los que intervienen, incluso los que tienen voz y voto. No es mi caso”.
Congreso del Estado, aún sin involucrarse
La 64 Legislatura del Congreso del Estado reprobó la cuenta pública de 2021 de Ahome, la cual contiene el contrato por el que ahora se investiga al Gobierno municipal.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 65 Legislatura, María Teresa Guerra Ochoa, reconoció que como Poder Legislativo no han tenido conocimiento formal de este procedimiento.
Puntualizó que respetan la independencia de la cual dispone la ASE para su funcionamiento, por lo que mantienen a expensas de lo que circula en la prensa.
“Hemos conocido de esa temática por los medios... Nosotros hasta ahorita como Congreso no hemos sido involucrados, este es un tema que está ahorita en otras esferas, no tenemos conocimiento. Vamos a estar a expectativas, pero respetando el trabajo que cada instancia hace”, señaló.
“Como autoridad, el Poder Legislativo, no tenemos ninguna notificación... A pesar de que se vota una cuenta pública, hay observaciones que la ASE finalmente está tratando de darle seguimiento. Es una Auditoría con autonomía, no solamente de acción, entonces ellos toman las determinaciones”.
Otro Alcalde, otro arrendamiento, y la misma empresa
El acuerdo por el que se denunció al gobierno de Vargas Landeros se firmó con Grinleasing S.A.P.I de C.V.
Esta misma empresa estuvo involucrada en el arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura que pactó el Ayuntamiento de Culiacán, bajo la gestión del ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, en septiembre de 2020, y con el argumento de una emergencia sanitaria.
En aquella ocasión la acusación trató que la renta de 40 camiones recolectores de basura se hizo por 117 millones de pesos a favor de la empresa Ketzer, durante la pandemia por Covid-19.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción denunció que aunque el contrato fue adjudicado a la empresa Ketzer, esta cedió los derechos del acuerdo a Grinleasing, pero esta empresa no tiene camiones de basura, así que se los rentaba a Casanova Vallejo.
De acuerdo con la Fiscalía, si el Gobierno de Culiacán hubiera contratado directamente a Casanova Vallejo, el ahorro por la renta de camiones pudo ser de 41 millones de pesos, en lugar de los 117 en los que pactaron.
Debido a esa denuncia por desempeño irregular de la función pública, y otra por discriminación, Estrada Ferreiro fue desaforado por el Congreso del Estado en junio del 2022.
El ex Munícipe ha sido vinculado a proceso penal junto con la ex Tesorera Issel Guillermina Soto González; el ex Secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuan; el ex Oficial Mayor, Alejandro Amezquita Villaseñor, el ex director de Egresos y Presupuesto, Raúl Alcantar Kondo, y las regidoras María Antonia Sarabia Ibarra y Angelina Gutiérrez González.
Este juicio continúa abierto y se espera el inicio de una audiencia intermedia.
Luis Guillermo Benítez Torres “El Químico”, ex Presidente Municipal de Mazatlán, también enfrenta un proceso por el mismo delito.
En su caso, hubo una denuncia por la rifa de dos vehículos durante un evento del Día de las Madres en 2022, la cual no debió proceder porque los entes públicos no pueden comprar vehículos para regalar.
Acordó, junto con el ex Tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, resarcir el costo de dos vehículos sedán y cinco motocicletas por 575 mil pesos, lo que le costó al Ayuntamiento de Mazatlán.
Pero también tiene un proceso por adjudicar directamente un contrato de 400 millones de pesos por la compra de 2 mil 139 luminarias tipo UFO a la empresa Azteca Lighting en 2022.
En esa acusación se vieron inmiscuidos el ex Tesorero; Javier Lira González, ex Oficial Mayor; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán; Nayla Adilen Velarde Narváez, ex Oficial Mayor; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ex director de Obras Públicas; Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, ex coordinador de Comisión de Hacienda del Ayuntamiento; y José David Ibarra Olmeda, ex director de servicios públicos.
