Paralizan clases en Conalep Sinaloa; acusan protección a docentes violentos en Los Mochis
LOS MOCHIS._ En exigencia de espacios seguros y el cese a la impunidad, este martes los 20 planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa amanecieron con labores paralizadas.
El Sindicato de Trabajadores Académicos (Sintaceptesin) activó un paro escalonado que agrupa a 425 docentes, como medida de protesta ante la omisión oficial frente a presuntos actos de violencia registrados en el plantel Mochis 1.
La manifestación, que arrancó este martes a las 07:00 horas, contempla la suspensión de clases durante dos horas en su primer día.
Según lo informado por la dirigencia sindical, la inactividad aumentará una hora diaria hasta desembocar en un paro total de labores si no hay respuesta de las autoridades.
El conflicto tiene su origen en una serie de agresiones y amenazas que, aseguran, se han prolongado por cuatro años dentro de las instalaciones y en horario laboral.
Los docentes señalados como agresores ya se encuentran vinculados a proceso por un juez penal gracias a una carpeta sustentada en videos, quejas formales y testimonios; sin embargo, el sindicato denuncia que siguen operando en el plantel con total normalidad, poniendo en riesgo a alumnos y personal.
La acusación de la base trabajadora apunta directamente hacia los altos mandos dónde acusan al director general de Conalep Sinaloa y al Subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, de encubrimiento y de omitir la rescisión laboral de los involucrados, ignorando la gravedad del asunto y la ley.
Ante lo que califican como oídos sordos de sus autoridades directas, el Sintaceptesin lanzó un exhorto público al Gobernador Rubén Rocha Moya para que tome cartas en el asunto de manera inmediata.
Entre sus demandas principales destacan:
•Garantizar planteles seguros y libres de violencia.
•Ejecutar la rescisión de contrato de los trabajadores procesados.
•Hacer cumplir las medidas cautelares dictadas por el juez penal para salvaguardar la integridad de las víctimas y testigos.
•Frenar de tajo el encubrimiento institucional.
Los manifestantes enfatizaron que esta drástica medida no busca perjudicar el desarrollo académico del alumnado sinaloense, sino que es un recurso límite para visibilizar una crisis de seguridad interna.
Reiteraron que es imposible garantizar una educación de calidad si no se construyen entornos de respeto y dignidad para toda la comunidad escolar.
