Sinaloa es asfixiado por la violencia, impunidad y el colapso económico, advierte el PRI
GUAMÚCHIL._ El estado de Sinaloa atraviesa por una profunda crisis estructural donde la corrupción gubernamental, la violencia desbordada y la persecución política han dejado en el abandono a las familias y al sector productivo, sentenció la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles en el municipio de Salvador Alvarado, la cúpula priista en el estado lanzó una dura crítica contra los gobiernos emanados de Morena, a quienes acusaron de fallar en sus promesas de pacificación y bienestar.
El encuentro estuvo encabezado por César Emiliano Gerardo Lugo, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, junto a Roberto Padilla Márquez, delegado del CEN en Sinaloa, y diversos liderazgos de la región del Évora.
Apoyado en la reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, Gerardo Lugo desmintió el supuesto combate a la corrupción del partido en el poder. Las cifras presentadas revelan que el 88.6 por ciento de los sinaloenses percibe estas prácticas como algo frecuente, posicionando al estado en el cuarto lugar nacional con peor evaluación.
Además, el dirigente subrayó un dato alarmante: hay 19 mil 836 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, una cifra que rebasa la media nacional y que explica por qué la confianza ciudadana en el Gobierno Estatal se ha desplomado al 27 por ciento.
Aterrizando el problema a nivel municipal, la secretaria general del partido, Liliana Cárdenas Valenzuela, destapó irregularidades financieras en Salvador Alvarado. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó más de 2.3 millones de pesos por obras sin comprobación social y uniformes policiacos no justificados. A esto sumó la acusación contra el Ayuntamiento por retener, de forma irregular, recursos de policías jubilados y trabajadores sindicalizados.
El impacto de la inseguridad fue otro de los ejes centrales. El líder estatal del tricolor documentó que Sinaloa acumula 626 días bajo un clima de violencia constante, dejando un saldo trágico y un golpe letal a la economía local.
Las cifras expuestas por el PRI reflejan la magnitud del daño con 2 mil 736 homicidios, 3 mil 742 personas desaparecidas, 10 mil vehículos robados, 3 mil 700 comercios asaltados, 30 mil empleos perdidos y 4 mil 569 negocios obligados a cerrar, 70 mil millones de pesos en pérdidas económicas acumuladas.
Ante este panorama, el diputado local Lauro Gallardo informó que desde el Congreso ya se están gestionando créditos y apoyos emergentes para intentar rescatar a los emprendedores de la región del Évora, severamente castigados por la parálisis económica.
El PRI no dejó pasar el descontento generalizado por los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Gerardo Lugo exigió a la paraestatal respetar el acuerdo de no realizar cortes de servicio a las familias afectadas mientras no se revisen los casos, y propuso extender el subsidio de la tarifa de verano en Sinaloa desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre, tal como opera en Sonora. Diversos representantes regionales, como Hildeliza Corrales y Faviola Román, destacaron su labor territorial para frenar estos abusos.
En paralelo, el sector primario también alzó la voz. Miguel Ángel López Miranda, dirigente estatal de la CNC, urgió a los gobiernos federal y estatal a liberar apoyos inmediatos para blindar alrededor de 12 mil hectáreas de trigo en la región, fundamentales para la economía de cientos de familias agrícolas.
Finalmente, los líderes priistas advirtieron que, en lugar de solucionar esta crisis multifactorial, la federación utiliza el aparato de Estado para perseguir a la oposición. Gerardo Lugo condenó los ataques políticos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el líder nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas, alertando que México “avanza peligrosamente hacia una dictadura”.
Por su parte, Luis Antonio Higuera López, dirigente municipal en Salvador Alvarado, remató cuestionando la política económica de Morena, al señalar que, bajo el pretexto de los programas sociales, la deuda pública del país prácticamente se ha duplicado, exigiendo total transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
