"Solicitan juicio político contra Ríos Estavillo por obstruir el Caso Ingenio"
LOS MOCHIS._ El empresario Francisco Javier Paredes Alvarado interpuso ante el Congreso del Estado una demanda de juicio político en contra del Fiscal Juan José Ríos Estavillo, por violentar el debido proceso en el juicio promovido contra los ex dueños del ingenio azucarero de Los Mochis por el delito de fraude.
"Ante las violaciones sistemáticas de mis derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado, la Vicefiscalía General del Estado y la ex directora de Litigación de la Vicefiscalía Zona Norte, el día 5 de junio presenté juicio político contra estos funcionarios ante el Congreso del Estado, del cual tengo el conocimiento que ya está en su cauce", anunció.
El director de la empresa regiomontana Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos, indicó que además de Ríos Estavillo, en la demanda de juicio político se señala a la Vicefiscal Nuria Alejandra González Elizalde y a la ex directora de Litigación de la Vicefiscalía Zona Norte, Mirelle Oralia lozoya Molina.
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Se les acusa de proteger y ayudar a los ex dueños del ingenio dándoles acceso a los registros de la carpeta de investigación, negándose a dar acceso para la judicialización de la carpeta de investigación, dilatando con ello el acceso a la justicia, y negándose a liberar las órdenes de aprehensión giradas por el Juez de Control el 25 de mayo.
"Soy un empresario que creyó en las bondades e instituciones del Estado de Sinaloa, y sigo creyendo eh, pero no sucedió o no ha sucedido como nosotros realmente esperábamos, ya que hemos venido luchando contra poderes políticos, empresariales, institucionales, que gobiernan el Estado de Sinaloa, debido al tráfico de influencias de las que gozan los funcionarios del ingenio de Los Mochis", expresó Paredes Alvarado.
"Señor Gobernador, el día que llegó el Presidente de la República aquí a Los Mochis, usted manifestó el propósito de dignificar y engrandecer a México. Al respecto, le cuestiono, ya que para enviar ese tipo de mensajes al exterior, lo primero que tiene que hacer es garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas que venimos a su Estado. Y al Congreso le hago un llamado para que se pronuncie, y le den trámite conforme a derecho a la demanda de juicio político que interpuse, por propio derecho, en mi calidad de víctima de todas las atrocidades y obstaculizaciones a mis derechos fundamentales", instó.
La empresa Coppasa llegó a Los Mochis en febrero de 2014, y firmaron un contrato mediante el cual adquirían un volumen de azúcar, pero las condiciones del ingenio ya no garantizaban la producción, generándose un daño económico que supera los 5 millones 250 mil dólares, más un detrimento que se calcula en más de 2 mil 500 millones de pesos.
Por estos hechos, se interpuso una denuncia contra Héctor Alejandro Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, y contra José Manuel Arreola Macías, por el delito de fraude genérico, iniciándose la causa penal 407/2018.
A partir de eso, se dictaron medidas precautorias que incluían el embargo de 12 cuentas bancarias y las empresas Procavelf, Tamandaro y Agrocapital del Noroeste.
Como los indiciados no se presentaron a la audiencia inicial, el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal giró órdenes de aprehensión.
Sin embargo, el empresario Francisco Javier Paredes Alvarado acusó a la Fiscalía de ser omisa, al no detenerlos pese a que 'se paseaban por todo el Estado'; y después les fue concedido un amparo por el Juez Séptimo de Distrito, José Francisco Pérez, a quien se le acusa de haber emitido una resolución para tratar de terminar el asunto de la causa penal 407/2018, con el otorgamiento de la suspensión provisional y la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión.
En respuesta, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión ante la sala penal del Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Mazatlán, resolviendo de manera unánime, en audiencia celebrada el 9 de mayo: nulificar la resolución emitida por el Juez Séptimo de Distrito, y no amparar ni proteger a los funcionarios del ingenio, devolviéndole la jurisdicción al Juez de Control, reactivando las órdenes de aprehensión.
Pero los indiciados siguen amparándose, pues les fue concedido otro amparo por el Juzgado Quinto, con sede en Los Mochis, y uno más por el Juzgado Tercero, en Culiacán.
