Unidad Campesina cuestiona quién financia a organizaciones contra planta de fertilizantes en Topolobampo

La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina en Sinaloa cuestionó la campaña internacional emprendida para frenar la construcción de la planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo y pidió que se transparente quién financia y respalda las acciones promovidas contra el proyecto.

Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la organización, señaló que resulta llamativo que la oposición a la planta haya trascendido el ámbito local y se haya extendido hasta organismos financieros internacionales, por lo que consideró legítimo preguntar quién coordina esa estrategia y qué intereses existen detrás de ella.

Sostuvo que toda inversión debe sujetarse al cumplimiento de la legislación ambiental, pero afirmó que la exigencia de transparencia también debe alcanzar a quienes buscan impedir el desarrollo del proyecto.

“Así como se pide claridad sobre los estudios de impacto ambiental, también debe conocerse el origen de los recursos, las alianzas internacionales y los intereses que respaldan la oposición”, manifestó.

Espinoza Laguna consideró inusual que un grupo de opositores haya llevado el caso hasta Alemania para buscar frenar el financiamiento de la planta, la cual, dijo, representa una oportunidad para fortalecer la producción nacional de fertilizantes, un insumo estratégico para la agricultura.

El dirigente contrastó esa movilización con la falta de campañas internacionales, dijo, para denunciar la situación que enfrentan los productores del país por los bajos precios del maíz y el trigo, el incremento en los costos de producción y el endeudamiento del campo.

“No vemos manifestaciones internacionales por los precios ruinosos del maíz y del trigo. No vemos campañas globales por el cierre de miles de unidades de producción. No vemos protestas frente a los bancos por el endeudamiento de las familias campesinas”, expresó.

Añadió que quienes rechazan la construcción de la planta no han planteado, a su juicio, una alternativa para garantizar el suministro de fertilizantes, mientras los productores continúan dependiendo de insumos importados, sujetos a precios elevados y a la incertidumbre del mercado internacional.

Espinoza Laguna afirmó que la discusión sobre el proyecto no debe limitarse al aspecto ambiental, sino incluir las implicaciones económicas, productivas y de seguridad alimentaria que tendría para el país mantener la dependencia del extranjero en un insumo esencial para la producción agrícola.

Reiteró que la protección del medio ambiente es una causa legítima, pero sostuvo que el debate debe desarrollarse con base en evidencia científica, el cumplimiento de la ley y la transparencia de todos los actores involucrados, incluidos quienes impulsan la oposición al proyecto desde el extranjero.

“El futuro del campo mexicano no puede decidirse desde oficinas internacionales; primero debe escucharse la voz de quienes todos los días trabajan la tierra”, asentó.