Una buena administración pública se caracteriza por cómo administra y cuida el recurso para que permita cumplir con los objetivos que se trazan.
Y no solo se trata del dinero, que es quizá lo más importante en un Gobierno, sino también, del resto de los recursos que se administran, como el humano o los materiales.
Sin embargo, aunque ha habido administraciones públicas en Sinaloa que han buscado que el destino de los recursos financieros se apegue a la normatividad y a los presupuestos, ha descuidado otros factores, como la relación con el recurso humano.
Las relaciones con el personal que se contrata en cada administración en teoría deberían concluir cuando termina un mandato, pero varios gobiernos en la entidad hoy arrastran consigo demandas laborales que han ido perdiendo en tribunales.
En la mayoría de los casos, terminan con el pago de indemnizaciones que suman millones de pesos y que van mermando la capacidad ejecutiva de los gobiernos.
Hoy se habla de las demandas que el Gobierno de Mazatlán aún enfrenta, tanto por juicios laborales como de indemnizaciones por afectaciones de obras de años y administraciones anteriores.
Y en la misma situación se encuentran otros gobiernos, que han ido limitándose en su operación por atender juicios que les han sido heredados por otros gobiernos.
Quienes hoy gobiernan deben procurar ir sentando bases legales para evitar que los problemas que hoy enfrentan sigan reproduciéndose en otros gobiernos.
Y el resto de las esferas de la administración pública, al menos en la entidad, deberían involucrarse para permitir que las administraciones sean más eficientes, con un marco legal claro que evite que juicios administrativos y laborales se conviertan en una carga para los gobiernos locales.
De no actuarse, se corre el riesgo de que, sobre todo los municipios, lleguen a un nivel en el que se vuelvan inoperantes y eso, a nadie conviene.
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