No basta con que la estructura de un Gobierno incorpore un área para dar atención especial. Ni tampoco, un discurso en el que insistan en que el compromiso está con las víctimas.
Lo que se necesitan son acciones que comprueben que en realidad hay una voluntad para atender una de las tantas crisis que enfrenta el País y de la que Sinaloa no está exenta.
¿De qué sirve que a nivel nacional o en el caso de Sinaloa, a nivel estatal, se cuente con una Comisión de Búsqueda si los familiares de desaparecidos no van a ser atendidos?
¿De qué sirve que el presupuesto público se destine a sostener un aparato burocrático si las familias y las personas que enfrentan esa situación tienen que mendigar apoyos para continuar con sus búsquedas?
¿De qué sirven los compromisos públicos, exclamados a los cuatro vientos, si en la práctica, los responsables de darles atención, continúan revictimizando a los familiares de los desaparecidos?
Y aunque la activista de Sonora Ceci Flores ha expuesto su experiencia con los funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, que minimizaron su experiencia en la localización de restos humanos en el norte de la entidad, no se trata de algo nuevo.
Diferentes colectivos de búsqueda en la entidad han pasado por situaciones similares, en las que la atención, el respaldo y el apoyo se da a cuentagotas.
Y las comisiones tienen su membrete en la burocracia federal y estatal, pero los resultados, y los reconocimientos, son para las familias que no han descansado para encontrar a los suyos.
Porque sí, si no fuera por su iniciativa, las de los familiares, esas comisiones no serían las que estarían encontrando hoy los restos de personas desaparecidas escondidas en fosas clandestinas.
Si no fuera por los dolientes, que no han perdido la esperanza de encontrarlos y se reponen una y otra vez al ninguneo de los funcionarios, muchos, en todo el País y en Sinaloa, seguirían esperando respuestas. Y por eso siguen.
