El derecho a saber

    En el análisis de las cuentas públicas de los municipios, que actualmente hace el Congreso del Estado, es una constante los gastos hechos para funcionarios ya sea Alcalde, regidores, o miembros del Gabinete, sin la adecuada información que justifique cada una de las erogaciones.

    Ayer fue el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, un día decretado por la UNESCO para consignar que el derecho de acceso universal a la información pública.

    El organismo señala que el acceso a la información pública es crucial para el desarrollo, la democracia, la igualdad y la prestación de los servicios públicos, sobre todo la transparencia.

    En Sinaloa, el 26 de abril pasado se cumplieron 20 años de que se publicó la primera Ley de Transparencia, un paso muy importante pero que ha encontrado mucha resistencia de los gobiernos, tanto federal como estatales y municipales, para de verdad comprometerse con la transparencia plena y buen uso de los recursos públicas, que son de todos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos.

    La omisión de informar, la opacidad que persiste en el uso del gasto público, darle vuelta a la ley para su beneficio, realizar obra pública sin una licitación, esconder contratos, nombres, obras, gastos de los mismos gobiernos en todos los niveles.

    En el análisis de las cuentas públicas de los municipios, que actualmente hace el Congreso del Estado, es una constante los gastos hechos para funcionarios ya sea Alcalde, regidores, o miembros del Gabinete, sin la adecuada información que justifique cada una de las erogaciones.

    Quizás uno de los ejemplos a la vista de todos y que ha suscitado un verdadero escándalo porque de la opacidad prácticamente se fueron al cinismo, es la reserva por dos años que el Gobierno de Mazatlán hizo de la información sobre la cancelación del contrato con Azteca Lighting por 400 millones de pesos.

    Es información que debiera estar a la vista de todos los ciudadanos, pero que desgraciadamente viene de un contrato de compra de luminarias muy cuestionado que se realizó sin licitación; incluso señalado de sobreprecios, ya que las lámparas resultaban ser muy caras.

    Siempre debemos exigir a los gobiernos que cumplan con el mandato de abrir sus administraciones al escrutinio ciudadano; esta lucha ha costado años y no tenemos por qué tolerar la opacidad y malos manejos de los recursos que nosotros mismos otorgamos.

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