Un hecho ocurrido la semana pasada permitió develar el semblante de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación: el máximo tribunal del País decidió permitir la reapertura de juicios totalmente concluidos cuando se alegara que el proceso fue fraudulento, aun cuando la legislación aplicable no contemplara de manera expresa la figura de nulidad de juicio concluido.
El despropósito fue tal que un día después la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo al planteamiento del órgano del Poder Judicial.
“No estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso”, afirmó la Mandataria. “Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y, pues, que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”.
Después de eso, la autónoma Suprema Corte afirmó que reconocía la cosa juzgada como “un principio esencial en el que se sustenta el derecho a la seguridad jurídica” y que garantizaba “que lo resuelto en una sentencia firme sea definitivo e inmutable”.
Este gazapo jurídico permite esbozar que los nuevos ministros llevan su concepción de la justicia a límites que lindan con la venganza.
De ninguna manera se puede volver a juzgar a un individuo por la misma acusación por la que ya fue condenado o pudo haber salido absuelto.
Arguye la Corte que se haría en los casos en que el proceso fue fraudulento; en todo caso, la anomalía es atribuible a los mismos juzgadores, pues el indiciado busca usar todas las artimañas para no resultar condenado, los jueces son quienes aceptan o no esas presiones o sobornos.
De ninguna manera se quiere que la Cuarta Transformación lleve la administración de la justicia a reeditar una “banda de los cuatro” que persigan a rivales políticos o críticos del régimen.
Quizá sea un error interpretativo que muestra la candidez de los nuevos juzgadores de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
