De la violencia que se registra en México, se conoce más por el número de muertos que sigue dejando a lo largo del País, pero menos de quienes se encuentran desaparecidos.
Y la cifra de estos últimos no es un asunto menor: el Gobierno federal reconoce al menos a 90 mil de ellos, que se han ido incorporando de manera más intensa en los últimos años.
Y de ellos, es lo que miles de familias también están esperando justicia, pero sobre todo, respuesta, de parte de quienes gobiernan para encontrar a sus ausentes.
Porque hasta ahora, no ha habido una política pública clara de parte del Estado mexicano para dar una respuesta a este tipo de violencia que se ha ido incrustando en los hogares, como ocurre en Sinaloa.
Hasta el mes de agosto, y solo durante este año, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informaba que en la entidad ya tenían el reporte de más de 700 personas desaparecidas.
Y el Estado ha estado, la mayor parte del tiempo, ausente de la tragedia por la que atraviesan las familias sinaloenses. Porque son ellas, y no las autoridades, las que se han puesto a buscar a sus desaparecidos. Son ellas, y no el Estado, la que se ha enfrentado a las amenazas de los grupos delictivos. Y han sido ellas, las familias, y no el Estado, las que han insistido, y siguen buscando.
Rubén Rocha Moya, el Gobernador de Sinaloa quien recién ha asumido el cargo, quiere tratar de una manera diferente el tema de los desaparecidos y el de otros grupos vulnerables y ha dado los primeros pasos al sostener reuniones abiertas con ellos.
Ha prometido más recursos y más esfuerzos para atender a las familias de los desaparecidos y ayudar a su localización. Es lo menos que se puede esperar de un gobernante. Porque falta aún lo que ha faltado siempre: una política integral para atender el tema de las desapariciones.
El Estado mexicano, y el de Sinaloa, tienen una deuda pendiente que ya es ineludible. Si se quiere un México en paz, hay que empezar por reparar el daño a las víctimas, sobre todo, en el tema de los desaparecidos.
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