Lo que la sociedad espera cuando un funcionario no cumple con lo que la Ley le mandata, cuando interpreta el marco legal a su conveniencia y que eso implica un uso irregular de los recursos, es que se le castigue. O en su caso, que se le absuelva.
Pero lo que ha venido ocurriendo es que se hace mucho ruido respecto a las acusaciones, denuncias y presentaciones de funcionarios o ex funcionarios, y los juicios quedan en el limbo, sin avances hacia ningún lado.
Porque entonces sucede que la misma sociedad empieza a desconfiar de los anuncios de denuncias, de procesos penales y de juicios que terminan donde empezaron: sin sanciones ni castigos para quienes actúan mal.
Y esto ocurre porque el marco normativo permite que el camino iniciado, el de una denuncia, pueda verse frenado, por todas las posibilidades procesales que se pueden presentar durante un juicio.
Y así, tras las denuncias los procesos se ven frenados porque los señalados recurren a todas las posibilidades que la Ley y los códigos procesales permiten para que los juicios no avancen y por lo tanto no haya sentencia y, por lo tanto, tampoco castigo.
Como espectadores, los ciudadanos se cuestionan para qué sirve que se denuncie a un funcionario que ha actuado mal, como ha ocurrido con varios casos en Sinaloa, si ni siquiera existe la posibilidad de que el juicio pueda dar inicio.
Qué bueno que hoy las autoridades y representantes populares se empeñen en denunciar las irregularidades que se son evidentes en el ejercicio de la función pública, pero qué mal que hasta ahora no pongan el empeño para contar con procedimientos penales claros y efectivos.
Mientras no haya esos ajustes, por lo tanto, seguirán viéndose momentos en que las denuncias sobre irregularidades en la función pública tengan mucha resonancia con procesos penales que permiten que no quede claro en qué momento llegará el juicio.
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