A punto de cumplir dos años ya de estar inmersos en la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, la narrativa oficial difiere drásticamente de la vivencia cotidiana en las calles de la entidad.
El Gobierno federal abandera con orgullo una reducción nacional de los homicidios dolosos que ronda el 50 por ciento. En el caso de Sinaloa, la versión oficial presume un desplome del 52 por ciento. Sin embargo, este malabarismo estadístico es cuestionable y lo vemos con escepticismo. La razón es simple: no existe precedente histórico de una pacificación de tal magnitud en un lapso tan vertiginoso.
El truco es que la narrativa oficial compara las cifras de julio de 2026 con el pico violento de junio de 2025, en lugar de medir el impacto frente a los niveles previos a la fractura del Cártel de Sinaloa.
En términos reales, el promedio diario de homicidios registrado el pasado mes de julio sigue siendo el doble del que se vivía entre enero y agosto de 2024. La crisis no se disipó; simplemente se normalizó en los discursos oficiales. Antes de la fractura del Cártel de Sinaloa, el estado promediaba 1.4 asesinatos al día; hoy, el promedio oficial de 4.6 diarios es más del triple de la violencia preexistente.
El verdadero drama no radica únicamente en las balas, sino en la técnica institucional para desvanecer sus consecuencias.
Casos rasurados, muertos no contados, hallazgos de cuerpos y restos óseos en fosas clandestinas que no figuran en la medición oficial de la violencia letal que sacude la seguridad del estado...
Reducir la violencia a través del lenguaje o del archivo burocrático no le devuelve la tranquilidad a las comunidades ni detiene las desapariciones. A casi dos años del estallido del conflicto, la estrategia de seguridad corre el riesgo de construirse sobre un espejismo.