En lo que va del año, en México han asesinado a siete periodistas. El año pasado fueron 17, aunque oficialmente se reconocen solo 13.
De 2000 a 2022, la organización Artículo 19 ha documentado 160 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. De ellos, 40 se habían registrado durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y 47 en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto.
Es decir, que este gobierno, a un año y meses de concluir ya igualó la cifra del anterior sexenio.
Así podríamos continuar contabilizando. Tan solo en días recientes asesinaron a uno en Tepic y a otro en Guerrero.
No es difícil asumir lo que todas las organizaciones internacionales señalan: “México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo”. Al nivel incluso de países en guerra. O más.
Hay protestas, exigencias, denuncias, demandas... pero no se observa una acción real y palpable de las autoridades para combatir la situación. Al contrario, se continúa el discurso oficial contra los medios y contra los periodistas.
El mensaje de animadversión hacia los medios por parte de las autoridades origina que los agresores se engrandezcan, y, por desgracia, llevan las cosas de las palabras a los hechos.
México necesita más que nunca una prensa libre, porque está cambiando el esquema político, social y económico a pasos agigantados y la forma de hacer periodismo ni se diga, con el avance de la tecnología de la información, lo que abre aún más la ventana a posibles agresores; muchos comunicadores sufren acoso, extorsión, amenazas por las redes y plataformas; urge que las autoridades logren esquemas y ambientes de respeto y respaldo que garantice el trabajo periodístico.
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