A la crisis de violencia que se ha instalado en Sinaloa desde septiembre de 2024, se ha sumado desde hace algunos meses la violencia que se ha estado ejerciendo en contra de las mujeres.
Las agresiones del crimen organizado también las han alcanzado a ellas, algunas perdiendo la vida, otras resultando con lesiones, y hasta el momento, no ha habido una acción efectiva de parte del Estado Mexicano.
En Sinaloa siguen sumando casos de agresiones contra las mujeres, no solo de los hechos de violencia familiar que se han atendido desde antes de la crisis de violencia que padece la entidad, sino también, de las que se generan por la operación del crimen organizado.
Y hasta ahora, la respuesta sigue siendo tibia de parte de las autoridades, porque no cuentan con una estrategia para atender una situación extraordinaria.
Es verdad que en temas de seguridad es imposible que se pueda estar dando una vigilancia particular a cada una de las personas, pero también es evidente que por ahora, no hay un mecanismo efectivo que permita que las mujeres accedan a protección de manera inmediata.
Las instituciones que se han creado para la atención de ellas están hechas para operar en contexto donde la violencia criminal está activa y donde el crimen organizado no ha atentado sobre ellas.
Ahora, la situación en Sinaloa es diferente y por eso los resultados son diferentes: la política de atención a la violencia contra las mujeres no está funcionando porque los mecanismos de atención se hicieron para otros contexto.
Y a partir de ese punto se hace necesario que las autoridades hagan una revisión oportuna, los ajustes necesarias y la difusión adecuada para que las mujeres que se sientan amenazadas por las facciones criminales, puedan ser atendidas y puestas a salvo.
Porque no de no hacerlo, en Sinaloa se seguirá lamentando que más crímenes contra mujeres se sigan cometiendo y ellas se sigan sintiendo cada vez más desprotegidas.
