Muy reingenierados, pero opacos
La Universidad Autónoma de Sinaloa arrastra desde hace años un problema que ya no puede explicarse como falla administrativa ni como coyuntura financiera: la opacidad.
Para la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, la falta de transparencia, rendición de cuentas y supervisión externa constituye el verdadero talón de Aquiles de la institución, una debilidad estructural que ha permitido que el manejo de los recursos públicos permanezca fuera del escrutinio efectivo.
El señalamiento no es menor. La UAS es un ente obligado en materia de fiscalización, pero en los hechos opera con controles internos debilitados y sin apertura real a revisiones externas.
Mientras no exista una supervisión independiente y creíble, las dudas sobre el destino de los recursos públicos seguirán intactas. No se trata del monto del presupuesto, sino de cómo se ejerce, quién decide y quién se beneficia. La opacidad no sólo impide sancionar posibles irregularidades; también normaliza el uso discrecional del dinero público y erosiona la confianza en la institución.
El problema adquiere mayor gravedad en el contexto actual. La UAS enfrenta una crisis financiera que la ha llevado a gestionar recursos de emergencia para cumplir con obligaciones laborales, con un déficit cercano a los mil 200 millones de pesos. Sin embargo, esta situación no puede analizarse de manera aislada cuando en años recientes se acumularon procesos penales por compras con sobreprecios que superaron los 600 millones de pesos, de los cuales apenas se restituyó una mínima parte.
La falta de consecuencias claras y de rendición de cuentas efectiva termina por trasladar el costo a la comunidad universitaria. Infraestructura deteriorada, servicios limitados y una calidad educativa comprometida son los efectos directos de un modelo que privilegia la opacidad sobre la transparencia. Mientras la UAS no asuma que la fiscalización no es una amenaza sino una obligación, seguirá atrapada en un ciclo de crisis financieras, desconfianza pública y cuestionamientos legítimos sobre el uso del dinero de todos.
Los dueños de la calle
Hemos tocado ya este tema, para bien, en este espacio, por los trabajos que a veces hace la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán a la hora de hacer ese raspado de mostrencos en las calles aledañas al estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán cuando hay juego.
Porque hay mucha raza abusona o que se cree muy viva y empieza a apartar con cualquier objeto los lugares de estacionamiento de naturaleza total y constitucionalmente públicos y que con ese pretexto de que viven por ahí para extorsionar a los aficionados que van al estadio y obligarlos a pagar una suma por permitirles estacionarse.
La situación, convertida en una suerte del juego ese “¿qué està haciendo el lobo?”, porque cuando no hay autoridad, los aferrados y desvergonzados siguen haciendo lo mismo, requiere al parecer comenzar a preparar algún reglamento o legislación que castigue severamente a quien quiera adueñarse de estos espacios públicos.
Lo peor es que esa patética actividad ya la hemos visto repetida en zonas tan concurridas como la calle General Ángel Flores entre Aquiles Serdán y Juan B. Sepúlveda, un coto que han comenzado florecer algunos restaurantes, pero que ya los franeleros han comenzado a incurrir en estas irregularidades.
La bronca es que no hay espacios para estacionamientos en toda la zona adoquinada, y eso ha provocado que todos los trabajadores de los negocios ubicados en esa zona, pues tengan que buscar lugares en esos tramos.
Ojalá que la autoridad se eche la vuelta para llamar la atención a quien se deba y termine con estas prácticas y también explique a las empresas para que entiendan que es ilegal acaparar espacios, que la calle es libre y nadie es dueño de las banquetas ni de los espacios de estacionamiento.
Más críticas contra el presupuesto
Otra de las voces que se ha unido a las críticas a la forma en que se ha distribuido el presupuesto estatal para el 2026, es la de Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
En las últimas horas, Rojo Navarro criticó la distribución del presupuesto estatal y la asignación de recursos a distintos sectores, inconsistencias entre los montos aprobados para obra pública y el limitado incremento destinado al área de seguridad, a pesar del contexto que enfrenta la entidad.
Según el activista, se aprobó un crédito millonario sin un análisis profundo de su impacto y el presupuesto para seguridad pública recibió un aumento marginal que no corresponde a las necesidades actuales.
La mayor crítica fue por la aprobación “a ciegas” de un crédito por 2 mil 200 millones de pesos para destinarlo a la obra pública.
Pero nada más se aprobó un aumento nada más 4 millones de pesos a seguridad, que actualmente es el problema que tenemos.
Rojo Navarro recalcó además que el fortalecimiento de la seguridad es un factor clave para mejorar otros sectores del estado, por lo que consideró contradictorio que este rubro no reciba mayores recursos.
Se extrañó que se diga que en apoyo al sector productivo se van a destinar 2 mil 200 millones de pesos a la obra pública, pero que la inseguridad es un factor que podría no ayudar a la detonación del sector productivo con esa cantidad de dinero.
El activista recalcó que la asignación del presupuesto no respondió a las prioridades reales de la entidad, particularmente en el tema de seguridad pública.
¿Usted que opina?
