Incontenible violencia contra mujeres
La violencia contra las mujeres en Sinaloa ya rebasó las medidas oficiales.
Eso, al menos, se desprende de lo dicho por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, quien ante la escalada de asesinatos de mujeres pidió algo que hasta ahora no parece estar ocurriendo: que autoridades y sociedad organizada se sienten a acordar medidas extraordinarias.
Porque mandar más Fuerzas Armadas y policías a las calles no ha sido suficiente.
Loza Ochoa fue claro: las acciones emprendidas para contener la crisis no han dado los resultados esperados. Y mientras las autoridades mantienen el discurso de que están atendiendo el problema, los asesinatos siguen acumulándose.
Septiembre ya suma, de acuerdo con registros de Noroeste elaborados con datos de la Fiscalía y trabajo periodístico, 24 feminicidios. Sería el mes con más casos.
Y el dato más brutal es que en lo que va del año el registro de feminicidios y mujeres asesinadas supera los 109 casos, un máximo histórico.
El asesinato de una fotógrafa embarazada, ocurrido el lunes en Los Mochis, donde también murió el bebé que llevaba en el vientre, volvió a poner el reflector sobre una violencia que ya no admite discursos de trámite.
Loza plantea que la autoridad deje de mirar el problema como si pudiera resolverlo sola y convoque a organizaciones sociales para definir acciones que tengan resultados a corto plazo.
Y hay otro asunto que tampoco debería pasar de largo.
El presidente de la CEDH cuestionó las declaraciones de la Diputada morenista Rosario Sarabia Soto, quien atribuyó a las propias mujeres asesinadas en Escuinapa una posible participación en actividades ilícitas.
La respuesta de Loza fue sencilla: mientras las investigaciones no determinen lo contrario, deben ser consideradas víctimas.
En medio de una crisis que ya alcanzó cifras históricas, quizá lo mínimo que puede exigirse es que las mujeres asesinadas no terminen también cargando con la culpa de haber sido asesinadas.
El problema es que las balas no distinguen objetivos
La Fiscalía General del Estado ya tiene una explicación para el ataque armado ocurrido el jueves 24 de septiembre en un restaurante del sector Tres Ríos, en Culiacán: un comensal era el objetivo.
La Fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo lo planteó como un ataque directo contra un hombre que se encontraba dentro del establecimiento.
Pero esa explicación deja una pregunta sobre la mesa: ¿qué significa que un ataque sea “directo” cuando ocurre dentro de un restaurante y termina con un muerto y siete personas lesionadas?
Porque sí, quizá había un objetivo específico. Pero también había meseros, comensales y personas que simplemente estaban ahí.
Entre los heridos estuvo el cantante Víctor Valverde, quien recibió un disparo en un brazo. La propia Fiscal reconoció que, hasta ahora, la autoridad no puede confirmar que él haya sido el blanco del ataque.
Entonces habrá que esperar a que la investigación determine quién era el objetivo, quién disparó, por qué lo hizo y cómo pudo ocurrir un ataque de estas características dentro de un restaurante.
La Fiscalía dice que ya entrevistó a Valverde cuando estaba hospitalizado y que la carpeta se integra como homicidio doloso.
Todo eso corresponde a la investigación.
Lo que corresponde a la ciudad es hacerse otra pregunta.
¿En qué momento comer en un restaurante se convirtió también en una actividad en la que hay que asumir que puede aparecer alguien armado buscando a otra persona?
Porque la explicación de que el ataque era contra un solo comensal puede servir para delimitar una línea de investigación, pero difícilmente alcanza para explicar el miedo de quienes estaban alrededor.
Y es ahí donde la narrativa de “ataque directo” se queda corta.
La Fiscalía tiene que establecer los hechos y deslindar responsabilidades. Pero mientras la autoridad reconstruye lo ocurrido, la ciudad también tiene derecho a preguntarse qué tan normal puede considerarse que un ataque armado suceda en un lugar público sin que quienes están alrededor terminen expuestos.
¿Comisión de trabajo o viaje partidista?
Tres diputados de Morena y un asesor viajaron a Chihuahua el pasado 16 de mayo.
Ese mismo día, Morena realizó una marcha contra la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
Coincidencia de fechas que, por sí sola, no demuestra que los legisladores hayan utilizado recursos públicos para una actividad partidista.
Pero sí plantea una pregunta que el Congreso del Estado debería poder responder con documentos y no con discursos: ¿qué fueron a hacer los diputados a Chihuahua y por qué el Poder Legislativo tuvo que pagar parte de ese viaje?
De acuerdo con documentación revisada, el Grupo Parlamentario de Morena solicitó viáticos para el traslado y existen comprobantes relacionados con el Congreso por al menos 56 mil 824 pesos.
Vuelos, hospedaje, alimentos, traslados y renta de vehículos. Todo pagado, al menos en parte, con recursos públicos.
Y ahí es donde la cosa deja de ser un simple viaje de diputados.
La priista Irma Moreno Ovalles puso el dedo en el punto que corresponde revisar: si los legisladores fueron enviados a una comisión de trabajo, tiene que existir una actividad relacionada directamente con sus funciones legislativas y una justificación que pueda comprobarse.
No basta con ponerle “reunión de trabajo” al trámite.
Porque si el Congreso autorizó dinero público para que cuatro personas viajaran a otro estado, alguien tiene que poder explicar qué trabajo legislativo realizaron allá.
Moreno Ovalles recordó además que el recurso del Poder Legislativo no debe utilizarse para actividades partidistas y que, cuando los diputados acuden a eventos relacionados con sus partidos, esos gastos deben correr por su cuenta. Ella misma puso como ejemplo sus viajes a la Ciudad de México para actividades del PRI, que asegura pagar con su salario.
La discusión, entonces, no debería reducirse a Morena contra PRI.
Tampoco a una pelea entre partidos.
Porque hasta ahora hay una coincidencia que llama la atención: diputados de Morena viajaron a Chihuahua el mismo día que su partido realizó una marcha en esa entidad, mientras existen gastos relacionados con el Congreso por decenas de miles de pesos.
Si la comisión fue legítimamente legislativa, demostrarlo debería ser relativamente sencillo.
Y si hubo una actividad partidista, también debería quedar claro quién pagó por ella.
Lo que no debería ocurrir es que el dinero público termine financiando actividades partidistas bajo la etiqueta de “reunión de trabajo”.
¡FOUL!... “Fue un ataque directo”, dice la Fiscal Sánchez Kondo sobre la agresión en un restaurante que dejó siete heridos y un muerto. ¡Imagínese si hubieran querido hacer una masacre!
