Pendientes que siguen pendientes
En medio de una crisis de seguridad que ha trastocado la vida cotidiana en distintas regiones de Sinaloa, la comunidad educativa sigue esperando algo tan básico como certidumbre. Certidumbre sobre qué hacer, cómo actuar y a quién recurrir cuando el riesgo alcanza las inmediaciones de los planteles escolares. Sin embargo, desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el mensaje ha sido reiteradamente difuso.
Desde que Gloria Himelda Félix Niebla asumió la titularidad de la SEPyC, el tema de los protocolos de actuación para proteger a escuelas, docentes, estudiantes y familias ha sido uno de los grandes pendientes. Cada vez que la pregunta surge, ya sea por hechos violentos cercanos a centros educativos o por la legítima preocupación de madres y padres, la respuesta se diluye en generalidades: llamados a la calma, referencias a la coordinación interinstitucional o promesas de lineamientos que no terminan de socializarse ni de explicarse con claridad.
El problema no es menor. En un contexto de zozobra, la ausencia de protocolos claros se traduce en decisiones improvisadas, cierres discrecionales de escuelas y una carga adicional de responsabilidad para directivos y maestros, quienes terminan asumiendo riesgos sin respaldo normativo ni institucional. La educación no puede depender del criterio individual cuando lo que está en juego es la seguridad de comunidades enteras.
Llama la atención que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de esta administración en la SEPyC, el tema siga pateándose hacia adelante. Dar largas, posponer definiciones o confiar en que la normalidad se imponga por inercia no es una estrategia. La secretaria tiene la obligación de informar con precisión qué protocolos existen, cómo se activan y quién toma las decisiones en escenarios de riesgo. En materia de seguridad escolar, la ambigüedad no es prudencia: es omisión.
El ajuste desde La Cruz
En la primera edición de “Richard Millán Informa”, el enfoque principal fue meramente administrativo y de servicios públicos, ya que el Presidente Municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, centró su discurso en la problemática de la recolección de basura, la iluminación y el ahorro presupuestal mediante la cancelación de eventos festivos para comprar contenedores.
La seguridad se abordó de forma periférica y bajo una lente de normalidad y se presumió un saldo blanco relacionado únicamente con el operativo Guadalupe-Reyes, enfocándose en el decomiso de pirotecnia y la ausencia de disparos al aire.
Este silencio inicial podría interpretarse como una forma de normalización de la violencia, donde el Gobierno sólo habla del tema cuando la presión o los hechos lo vuelven ineludible.
Para la segunda conferencia, el tono cambió drásticamente, admitiendo finalmente que la seguridad es el tema más importante que tienen ahora en el municipio.
El Alcalde anunció gestiones para establecer el 110 Batallón del Ejército Mexicano en la cabecera municipal La Cruz, con una capacidad para 650 elementos.
Se mencionó una inversión de mil 121 millones de pesos para este proyecto de seguridad, una cifra que contrasta con el enfoque de pequeños ahorros en basura de la semana anterior.
A diferencia de la primera semana, donde todo era saldo blanco, en esta ocasión se admitió implícitamente la vulnerabilidad de la zona al buscar refugio en las fuerzas federales.
Es la primera vez, en la administración de unos de los memes andando que tenemos en el estado, que parece tomar en serio el tema de la seguridad. Veremos...
‘Derrumbe’ en Mazatlán
Un fuerte revés recibió el gobierno de la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, luego de que derribaron la barda para colocar medidores que habían levantado en lo oscuro en la banqueta de la calle Leandro Valle, frente al mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán.
Y es que tras el rechazo de la sociedad y del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Sinaloa a esta obra en plena banqueta, a las autoridades municipales no les quedó de otra que mandar derribar la barda que no tenía permiso y que además obstruía el paso peatonal.
Así cómo comenzaron a oscuras el pasado 23 de diciembre de 2025, ayer martes, también de noche, un grupo de trabajadores derribó la segunda barda, la otra ya había sido tumbada por desconocidos.
Todo esto luego de la tercera reunión realizada al medio día de ayer martes en una oficina del Centro de Mazatlán, a la que asistieron Servando Rojo Quintero, delegado del INAH en Sinaloa; Manuel Acosta, de Proyectos del Gobierno del Estado; las directoras de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales, Cristina Ovalle Morales y Karla Camacho, así como la titular del Implan, Leticia Alvarado.
Por cierto a esta reunión no asistió la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, ya que se fue a Culiacán junto con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón y el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, para reunirse con el General de División D.E.M. Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Tercera Región Militar. Ojalá nos informen de que se trató la reunión.
Blanquiazules se suman a la crítica
Vaya cubetazo de agua fría el que puso sobre la mesa Eduardo Ortiz Hernández, dirigente municipal del Partido Acción Nacional, al recordar que estamos a punto de retroceder 22 años en materia de acceso a la información.
Con la extinción de los organismos autónomos como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Morena finalmente está mandando al diablo a las instituciones, cumpliendo aquel viejo eslogan que, según los panistas, decía Andrés Manuel López Obrador.
Lo que más cala, dicen los azules, es que no hay ni diagnóstico ni planeación, simplemente decidieron que el árbitro estorbaba y lo sacaron del juego para que los mismos jugadores, es decir, el Gobierno, se cuiden las manos ellos mismos.
La lógica de la Cuarta Transformación es de antología: ahora los Órganos Internos de Control serán los encargados de la transparencia. Como bien señala Ortiz Hernández, estamos entrando en un limbo institucional. ¿En qué cabeza cabe que un subordinado va a cuestionar o sancionar a su propio jefe?
Sin autonomía y sin experiencia, lo que nos espera es una simulación donde la información pública será un tesoro bajo siete llaves, dejando a periodistas y ciudadanos rascando paredes para saber en qué se gastan nuestros impuestos.
Ante el apagón informativo que se avecina, en el comité municipal ya dijeron que no se van a quedar de brazos cruzados viendo pasar la procesión y anunciaron la creación de su propia Comisión de Transparencia para acompañar a organizaciones como Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana.
Habrá que ver si esta comisión ciudadana tiene los dientes suficientes para morder la opacidad gubernamental o si se queda en un buen deseo de oposición.
Por su parte, Tania Margarita Morgan Navarrete, tesorera del PAN, puso los puntos sobre las íes respecto a la reforma electoral que se cocina en las cámaras y dijo la exdiputada que el PAN no le saca al parche de reformar, pero sí a que el INE se convierta en juez y parte bajo el control del Ejecutivo.
La advertencia es clara, ya que quieren desaparecer a las minorías bajo el pretexto de eliminar las plurinominales, cuando lo que en realidad buscan es que las voces que no aplauden al régimen dejen de existir.
El mensaje final de la dirigencia panista fue un llamado a la organización ciudadana y según Morgan Navarrete, cuando el ciudadano se levanta, el poder autoritario da pasos hacia atrás.
La apuesta es que el voto siga siendo un mecanismo de castigo o premio y no un mero trámite controlado desde el centro.
La batalla por el 2027 ya empezó, y por lo visto, se va a pelear en las calles y en los foros antes que en las urnas. A ver si ahora sí recuerda sus orígenes y deja de servir de comparsa en el Congreso del Estado. Ese espacio donde tener postura se expresa votando y más allá del rollo.
