"Desde Sinaloa, urgen a disminuir brecha económica con municipios serranos para acabar con la violencia"

Desde Sinaloa, aunque hasta ahora excluido en la ruta de foros de pacificación promovidos por Andrés Manuel López Obrador, distintos actores de la sociedad civil han expresado sus propuestas para lograr la paz en esta entidad, una de las más golpeadas por la violencia del crimen organizado y considerada cuna del narcotráfico a gran escala en nuestro país.

Los planteamientos van desde el sector productivo, la legalización de las drogas, la atención a víctimas y el combate a la impunidad, hasta la conformación de una nueva cultura y educación para la paz.

Al considerar la desigualdad social y económica como una especie de matriz generadora de violencia, una de las fuentes históricas de la inseguridad en el estado es el rezago en el territorio serrano.

Más que programas de asistencialismo, se necesita una reactivación económica dentro de la legalidad, ya que por décadas en esta región se ha detectado la siembra de mariguana y amapola, según consta en los registros de plantíos ilícitos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sobre este punto, la propuesta de Sergio Escutia Zúñiga, presidente del Codesin en la zona sur, es reactivar la economía de las regiones conflictivas para disminuir la brecha que existe entre estos y los municipios de la costa o los valles.

“No es posible que siendo 18 municipios entre Badiraguato, Cosalá, Concordia y San Ignacio no sumen el 1 por ciento del Producto Interno del estado”, dijo por citar una de las estadísticas de la violencia estructural que marcan al estado.

Cuando cabe mencionar que esta es una proporción que no ha cambiado mucho desde los años setenta, con el despegue económico de las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, donde se concentra la economía del estado.

Al final de cuentas, apunta Escutia, muchos de esos municipios terminan expulsando a su población hacia las ciudades, donde no logran adaptarse porque no hay actividades que encajen con su vocación.

“Pero no son programas asistencialistas lo que se requiere, la gente ya no quiere recibir el cheque de gobierno, lo que quieren es sentirse productivos”, alegó.

Por lo tanto, la idea es crear una comisión o una mesa especializada en fomentar la economía de los municipios con menor desarrollo económico, pero con opciones productivas acorde a su identidad rural, como podría ser con la introducción de nuevos cultivos.

Educación y cultura para la paz

Al considerar un error que Sinaloa, y sobre todo Culiacán, no se encuentre en la lista de ciudades a visitar dentro de los “Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, el académico Arturo Santamaría Gómez señaló que urge impulsar una cultura y educación para la paz en todo el país, pero en especial en las regiones más afectadas por la violencia del crimen organizado.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Cultura deben incluir programas de cultura de paz dentro de los planes de estudio, sino como materias diarias o institucionalizadas, por lo menos sí como programas de complemento en los diferentes niveles educativos”, abundó el autor de varios libros y artículos relativos al narcotráfico.

Consideró que el estado de Sinaloa es clave para cualquier intento de pacificación en el país, dado que históricamente ha dado lugar a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, que en su valoración conserva su poderío a nivel global.

No obstante, acotó, se debe ser muy preciso en el concepto de paz que guiará el proceso, y en función de este, definir cómo sería la amnistía de la que ha hablado López Obrador, y sobre todo, qué se busca lograr con ello, ya que los actores de la delincuencia presentan condiciones muy contrastantes, pues no es lo mismo el campesino que el capo que ordena crímenes de lesa humanidad.

“Es fundamental difundir una cultura de paz pero con precisión de los conceptos, no se tiene claro todavía; lo que sí es un hecho es que sin una nueva cultura no serán suficientes estrategias políticas, militares o policiacas que busquen combatir la violencia”, puntualizó el catedrático de la UAS.

En el centro de todo: las víctimas

La consigna de los foros de paz y reconciliación es poner a las víctimas en el centro de las políticas públicas.

De estos espacios de consulta, que arrancaron el 7 de agosto en Ciudad Juárez y terminarán en la Ciudad de México el próximo 24 de octubre, se espera obtener los “insumos necesarios” para proponer una ley para la pacificación del territorio nacional, anunció Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer el programa.

Esto, luego de que la estrategia contra el narcotráfico de los últimos dos sexenios ha dejado como consecuencia más cerca de 250 mil asesinatos y 37 mil desaparecidos, de acuerdo a cifras oficiales, y casi 330 mil desplazados según el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que incluye episodios de desplazamiento de 2007 a 2017.

En Sinaloa, para la atención de estas víctimas han surgido exigencias de organizaciones de la sociedad civil, ya que el rezago en atención y reparación es enorme. La iniciativa de ley para la atención de personas desplazadas sigue en la “congeladora”. Tampoco se ha integrado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni la Comisión local de búsqueda de desaparecidos.

“La mayoría se ha resignado al abandono y a la falta de justicia”, sostiene Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS).

Tan solo de 2011 a la fecha van 9 mil 974 asesinatos de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía General del Estado; sin contar que desde 2007 se contabilizan cerca de 3 mil desaparecidos y miles de desplazados, tema en que las cifras son discordantes entre las oficiales y la CDDHS.

En entrevista con Noroeste, Loza Ochoa ha expuesto que no es la prioridad de los diputados del Congreso del Estado, quienes sólo actúan “bajo presión de la sociedad civil”.

Para Miguel Ángel Gutiérrez, activista del Movimiento Amplio Social Sinaloense, la prioridad debe ser la seguridad en las comunidades serranas y un programa de vivienda en las localidades de recepción de los desplazados, donde normalmente viven en condiciones precarias, en casas prestados o en invasiones.

La delegación estatal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha atendido 785 personas hasta el mes de abril de 2017, quienes han sido blanco de distintos delitos de manera directa o indirecta.

Pero en cuanto a víctimas totales, el universo es enorme considerando las familias de las personas asesinadas.

Lo que se busca son los mejores acuerdos: Domínguez

La diputada electa Graciela Domínguez Nava, quien será la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa, señaló que están a la espera del resultado de estos foros, con el fin de dar certeza jurídica a los acuerdos que allí se tomen.

En su opinión, se requieren cambios estructurales para poder instaurar un Estado de Derecho, donde los delitos realmente se persigan, se atiendan y se acabe con la impunidad:

“No sólo en Sinaloa, algo que se tiene que implementar es establecer el Estado de derecho, pues la impunidad ha hecho mucho daño porque el crimen que no se castiga, que no se atiende de acuerdo al marco legal, se repite.

“Es parte de lo que este nuevo gobierno tendrá que atender, que ya no haya más impunidad que exista realmente la justicia y sea parte de este proceso de pacificación”, reforzó.

Por último, negó que Sinaloa no esté contemplado en el proceso de paz, ya que las propuestas se recibirán de todo el país y no descarta una reprogramación de la agenda de reuniones.

Según el itinerario de la página oficial del presidente electo, los foros continúan hoy 9 de agosto en Morelia, Michoacán, donde se discute sobre los delitos más graves en el país y participan diversos actores de la sociedad civil, de las instituciones gubernamentales y académicos.

LAS PROPUESTAS DESDE SINALOA:

A continuación, se exponen en resumen algunas de las propuestas externadas por los actores de la sociedad civil consultados por Noroeste, y algunas otras que han hecho eco desde grupos que buscan la atención de grupos vulnerados por la violencia, y que no han sido reparados ni reconocidos por las autoridades.

1.- Combate a la desigualdad o la activación económica de la sierra:

Crear una mesa o una comisión especializada en activar la economía de los municipios con mayor rezago, a través de incentivos a la producción y no sólo de programas asistencialistas.

2.- Una cruzada cultural y educativa por la paz:

Instaurar desde la SEP y la Secretaría de Cultura, una cruzada para enseñar una nueva cultura de paz en todo el territorio nacional a través de programas escolares, de manera masiva y permanente.

3.- Combatir rezago en atención a víctimas:

Actualizar marcos normativos para formar las instituciones que tengan como tarea reparar a las víctimas de la violencia, desde familiares de personas asesinadas y desaparecidas, desplazados y otros más.

4.- Legalización de las drogas:

Quien se ha expresado a favor de la legalización de las drogas desde Sinaloa es Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo. En su opinión, una de las soluciones para frenar la violencia y la creación de grupos delictivos es la legalización del consumo y producción de las drogas, y que Sinaloa encabece esa propuesta a nivel nacional. La propuesta ha sido la legalización de sustancias como la mariguana y la heroína con fines lúdicos y medicinales, pero se ha desechado por gobiernos locales.

5.- Combate a la impunidad:

Recuperar instituciones y restablecer el Estado de Derecho para acabar con la impunidad, es una estrategia que de manera transversal ayudaría a combatir la violencia, porque delito que no se atiende, que no se castiga, es delito que se repite.