Alerta CPC sobre riesgo de retroceso en transparencia en Sinaloa por cambios institucionales

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa alertó sobre los riesgos de un retroceso en materia de transparencia en Sinaloa ante la posible desaparición de los organismos autónomos y la falta de apertura al diálogo por parte del Congreso del Estado.

Lucía Irene Mimiaga León, presidenta del CPC, compartió que en una serie de conversatorios denominados “Diálogos por la Transparencia”, organizados en alianza con la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio y la Red Ciudadana Anticorrupción, se destacó que el acceso a la información es una herramienta vital para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

“Puede haber un marco de opacidad o de retrocesos, es lo que hemos dicho aquí en Sinaloa. Queremos que haya un parlamento ciudadano, queremos que sea un organismo descentralizado y también hemos propuesto un consejo consultivo con organizaciones y personas expertas que pueda estar haciendo recomendaciones a las nuevas autoridades que se van a quedar con estas responsabilidades de transparencia en el Estado”, compartió.

Mimiaga León subrayó que los periodistas fungen como alertadores de la corrupción, ya que sus investigaciones permiten a las autoridades identificar indicios de irregularidades para iniciar procesos legales.

Como ejemplos del impacto de este derecho, recordó casos emblemáticos como la investigación del Observatorio Ciudadano de Mazatlán sobre las luminarias, que derivó en denuncias penales, y el fraude de uniformes deportivos en el Instituto del Deporte.

“Si bien no se presentan denuncias formales, las autoridades pueden ver a través de las investigaciones, de documentos que se publican en redes digitales e indicios que después ellos pueden llevar a las instancias correspondientes”, señaló.

Mimiaga León expresó su preocupación por el modelo que se pretende replicar en Sinaloa, citando el caso de Sonora, donde el recurso de revisión se ha vuelto inoperante al carecer de una plataforma digital pública, obligando a los ciudadanos a quejarse vía correo electrónico sin transparencia en los tiempos de respuesta.

También compartió que, de no contar con árbitros autónomos, la ciudadanía quedará a expensas de que las mismas instituciones sean juez y parte al decidir si entregan o no la información y esto obligaría a los solicitantes a recurrir a juicios de amparo, lo cual implica un gasto de tiempo y dinero que no todos pueden costear.

La presidenta del CPC lamentó que, aunque han presentado iniciativas desde junio del año pasado para crear un órgano descentralizado con autonomía de gestión y presupuestal, estas no han sido atendidas.

Finalmente, reiteró que, aunque los políticos argumentan que el derecho a la información persiste en la Constitución, en la práctica existe un alto riesgo de opacidad si no se garantiza personal capacitado y presupuestos adecuados para operar.