Propone CPC en Sinaloa decretar como un derecho humano tener una vida libre de corrupción
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción presentó ante el Congreso del Estado de Sinaloa una nueva iniciativa que busca establecer como derecho humano una vida libre de corrupción para la ciudadanía.
La dirigente del organismo, Lucía Mimiaga, destacó que esta propuesta tiene como objetivo que las y los diputados realicen una revisión precisa y necesaria para disminuir los casos de corrupción en Sinaloa.
Señaló que, actualmente, la iniciativa en materia de transparencia que ya fue leída y que probablemente sea aprobada en el Congreso podría representar una afectación al acceso a la información. Ante ello, indicó que esta nueva propuesta busca garantizar menos actos de corrupción hacia la ciudadanía.
“Si se fijan, hemos estado enfocados en materia de acceso a la información y en las iniciativas ciudadanas que se presentaron, pero esta iniciativa ya estaba antes de estas acusaciones (las de Estados Unidos contra funcionarios). Es el momento indicado para hacer el llamado de atención a los diputados de que necesitamos el fortalecimiento; hay una debilidad institucional y es necesario fortalecerla. Creemos que están en un buen momento los diputados para hacer esa reflexión” expresó.
“En la iniciativa de Ley de Transparencia no recibimos el diálogo necesario, esperamos que ahora sí haya con esta iniciativa” comentó.
Por su parte, Raquel Sapien, integrante del CPC, comentó que, de aprobarse esta iniciativa y ser tomada en cuenta por las y los legisladores, Sinaloa se convertiría en el quinto estado en reconocer como derecho humano una vida libre de corrupción.
“Son Baja California, Durango, Tamaulipas y Michoacán; y si el Congreso de Sinaloa lo aprueba, Sinaloa sería la quinta entidad. El objetivo es fortalecer el marco jurídico para proteger a las personas que sean víctimas de corrupción. Con esto, se busca facilitar más el acceso a la justicia en casos de corrupción.”
La iniciativa fue entregada en la Oficialía de Partes para que sea considerada y posteriormente pueda llegar al pleno del Congreso del Estado.
