Vinculan a proceso a Gerardo Vargas por caso Extratimex; el ex Alcalde de Ahome acusa cacería política
LOS MOCHIS._ Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex Alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y un grupo de ex funcionarios de su administración, al encontrar elementos suficientes para investigarlos por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa externa para el cobro del impuesto predial.
El centro del debate judicial es el contrato otorgado a la firma Extratimex, a la cual se le concesionó la recuperación de la cartera vencida del municipio.
La Fiscalía basa su acusación en las proyecciones del contrato: al tomar como referencia una deuda total de 2 mil 677 millones de pesos y acordar una comisión del 35 por ciento para la empresa, el ente investigador calcula una contraprestación de hasta 937 millones de pesos. Bajo esta lupa, la representación social argumenta que el monto obligaba al Ayuntamiento a realizar un procedimiento de contratación completamente distinto al que se ejecutó.
Durante el proceso, el equipo legal de Vargas Landeros desestimó los señalamientos de la Fiscalía al calificar la cifra de los 937 millones como un escenario irreal e hipotético. Los abogados demostraron que el Ayuntamiento de Ahome únicamente erogó 1.5 millones de pesos a favor de Extratimex, pago que correspondió de manera estricta al dinero que la empresa logró ingresar efectivamente a las arcas municipales.
La defensa del ex Presidente Municipal fue enfática al señalar que las observaciones de las auditorías deben resolverse en los tribunales administrativos. Bajo su óptica, el Ministerio Público está intentando fabricar un delito penal a partir de lo que, a lo mucho, representaría una falta administrativa.
Al salir de la audiencia y conocer la resolución del Juez, Gerardo Vargas Landeros declaró que, si bien respeta la decisión del juzgador, acudirá a las siguientes instancias legales para impugnarla. Recordó a la opinión pública que estar vinculado a proceso es apenas una etapa de investigación y de ninguna manera representa una sentencia de culpabilidad.
Sin embargo, Vargas Landeros aprovechó para denunciar lo que considera una embestida orquestada desde el poder la cual catalogó como un proceso judicial como una “persecución política” y reveló que existen al menos cuatro expedientes armados en su contra bajo el mismo modus operandi: transformar decisiones operativas en delitos, magnificar el supuesto daño financiero y enfilar toda la maquinaria institucional hacia su persona.
Finalmente, el político ahomense descartó buscar un choque directo con las autoridades estatales, pero lanzó una exigencia clara: piso parejo, respeto irrestricto al debido proceso e imparcialidad en la impartición de justicia.
