"En 6 años les quitaron a productores agrícolas $100 millones"

Cerca de 100 millones de pesos en un lapso de 6 años “redituó” al sector campesino del PRI la llamada “cuota Liga”, según estimaciones de la fracción del PAN.

En un posicionamiento que no trascendió a la opinión pública, la bancada panista en la 62 Legislatura subió a tribuna el tema de la “cuota Liga”.

Fue el Diputado local Juan Pablo Yamuni el que abordó el ahora polémico tema, en la sesión del 6 de julio de 2017.

Pero ningún legislador de la mayoría priista respondió a un tema. Y es que el número de curules le permitía al tricolor la certeza de que estas cuotas no corrían peligro de desaparecer.

En anteriores Legislaturas, de igual modo, se planteó la necesidad de eliminar estas cuotas, que se aplica a productores por sus cosechas, y cuyo dinero va a financiar a las organizaciones.

Fueron panistas y perredistas los que dieron esta batalla, según una revisión del Diario de los Debates.

Ahora, con el control de la Cámara por parte de Morena, la cual empuja se termine con estas “cuotas”, el tema ha adquirido relevancia.

Al grado de que cientos de afiliados a la Confederación Nacional Campesina, liderados por el Diputado local Faustino Hernández Álvarez, se movilizaron para impedir se abordara el asunto.

Y en la sesión del martes 27 tomaron la tribuna y reventaron la sesión.

Así comenzó la ordeña a los bolsillos de los productores, con las llamadas Cuotas Liga

De acuerdo con el Diario de los Debates, el 6 de julio de 2017 Yamuni dio datos de lo que representaba la aplicación de esta cuota obligatoria a los productores.

“El tamaño del desvío del que han sido víctimas los productores agrícolas sinaloenses en los últimos seis años, de 2011 a 2016, es de aproximadamente 100 millones de pesos, de ese tamaño es el recurso que se les ha quitado a las familias de los productores”, fustigó el panista.

El posicionamiento de exhorto para que se terminara con esta práctica se fue a la “congeladora”, pues el PRI tenía el control de todas las comisiones y de la Cámara.

Yamuni recordó en esa intervención que esta “ilegal práctica” para financiar a la Liga de Comunidades Agrarias “a costa de los productores agrícolas de las comunidades ejidales” inició en 1993.

Esto cuando el Gobierno del Estado suscribió un convenio con la LCA, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari como Presidente de la República.

“¿En qué consiste esta ilegalidad?”, explicó, “como nos han señalado diversos productores afiliados o no a dicha organización, se les cobra una cuota equivalente al 12.5 por ciento del impuesto predial rústico o municipal”.

Dicha cuota, recordó, debería de estar destinada para ofrecer servicios a sus agremiados, “lo que es una injusticia, ya que todos pagan las cuentas de unos pocos”.

“Hay productores agremiados a otros organismos campesinos, como el Frente de Defensa de los Productores Agrícolas de Sinaloa, o la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sinaloa, por citar algunos, y ellos quedan excluidos de estos supuestos convenios”, manifestó entonces.

Por lo tanto, aseveró ese día, esta ilegalidad “se ha convertido en una práctica común para que los gobiernos actuales en el Estado de Sinaloa financien de forma ilegal e inmoral a las agrupaciones políticas afiliadas al PRI…”.

Se trata, insistió, de un “acto arbitrario y abusivo” del Gobierno el Estado que obliga a los acopiadores a retener de los productores agrícolas de las comunidades ejidales, parte del fruto que obtuvieron con el sudor de su frente y el sacrificio de sus familias.

Esto, para financiar a una agrupación afiliada a un partido político.

La sociedad, manifestó Yamuni, está harta de mantener y financiar a esas organizaciones que sólo operan buscando el beneficio político.

“Y estamos hartos también que nuestros gobiernos san cómplices de esta situación. Ya basta de acciones ilegales por parte de Gobierno del Estado, acción que no favorece la situación de los ciudadanos, en este caso a los productores pues se tiene que hacer beneficiar y o perjudicar.

“Retener una cantidad de dinero por parte de la autoridad estatal o municipal, sin contar con la facultad legal para ello, es tan inadmisible y reprobable como el hecho de que esos recursos se destinen para fines que no benefician a la sociedad, sino a una agrupación social sectorizada a un partido político”, condenó.

En el punto de acuerdo se exhortaba al Gobernador Quirino Ordaz Coppel para que ordenara “la suspensión inmediata en los centros de acopio de la retención de la cuota para la Liga de Comunidades Agrarias que se aplica discrecionalmente a los productores en el Estado de Sinaloa”.

Y se demandaba, asimismo, realizar una investigación exhaustiva de los procedimientos que ha lugar a la retención, así como del destino de los recursos.

Esto con el fin de que esta retención sólo se siguiera haciendo sólo con previa autorización expresa del productor agrícola.