"Mi pecado es que no soy priista: Lucila Ayala de Moreschi, abogada"

Son dos los "pecados" que confiesa haber cometido Lucila Ayala de Moreschi: ser honesta… ¡y no ser priista!

Sólo así, concluye, se explica la negativa del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y de la pasada 62 Legislatura, controlada por él, para no haberle dado el derecho a la ratificación del cargo como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa.

Esta mujer, abogada, polémica, controversial, acaba de ganar una sentencia que es histórica.

Y que marcará, desde hoy, un precedente jurídico.

Una advertencia a los poderes del Estado, de que no se puede quebrantar, ya, la ley a capricho.

Golpe a Gobernador y al Congreso: Lucila Ayala le gana partida a Quirino

El Poder Judicial federal acaba de ordenar la restitución de Ayala de Moreschi. Asimismo, que se le paguen los salarios que dejó de percibir durante los dos años que duró el litigio.

Pero el fallo va más allá y pega, directo, en el tercer piso del Palacio de Gobierno donde despacha Ordaz Coppel: se deja sin efecto el nombramiento del magistrado que entró en lugar de Ayala, Héctor Samuel Torres Ulloa, allegado al Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores.

'Quirino usurpador'

La noticia cayó como "bomba" en el Tribunal de Justicia Administrativa.

La historia del conflicto inició en marzo de 2017, cuando el Mandatario envió al Congreso dos ternas, para sustituir a dos magistrados: Lucila Ayala y Gilberto Plata.

Ayala se inconformó con el proceso. Llamó "usurpador" al Gobernador y acusó a Gómez Flores de "amenazarla", para que se desistiera de cualquier acción para impugnar el proceso.

"¿Qué violaciones hay ahí?, todas, violaciones de los derechos humanos, violencia de género, violencia política, violencia jurisdiccional y todo tipo de violencia y discriminación en contra de una mujer magistrada", denunció en Noroeste al calor de la controversia.

En el amparo promovido acusó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de violentar todos sus derechos.

Acusa ex magistrada violencia política y amenazas desde Gobierno de Sinaloa

En entrevista con Noroeste, detalla cómo fue esta lucha jurídica que duró dos años.

"En abril 6 de 2017 yo promoví un amparo y la protección de la justicia federal porque el Gobernador constitucional del Estado usurpó unciones de Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativa", explica.

Ordaz Coppel, abunda, escogió una terna de candidatos y se la mandó al Congreso del Estado para sustituirla, sin tener facultades para ello.

"El Artículo 5 y 7 de la Ley de Justicia Administrativa establece un procedimiento que tenemos derecho los magistrados que se llama de ratificación, el cual yo promoví desde el 6 de enero de 2017.

"Y el Congreso del Estado nunca me contestó en un sentido u otro, si me iban a notificar a mí. ¿Qué tenía que haber hecho el Congreso del Estado?, emitir un dictamen y someterlo al pleno para votarlo, y no hicieron nada de este procedimiento, por lo cual estaban violentando los artículos 5 y 7 de la Ley de Justicia Administrativa", agrega.

En lugar de eso, dice, violentaron el procedimiento y votaron la terna del Gobernador.

--¿Se puede decir que a usted la quitaron "a la mala"?

-Sí, me quitaron "a la mala"; o sea, a mí se me venció el nombramiento, pero la ley establece un derecho que tenemos los magistrados como es en todo el país y la propia Constitución de la República, lo establece en el Artículo 116 constitucional fracción tercera, que los que administramos justicia tenemos estabilidad en el empleo.

El 'Pecado' de origen

Lucila Ayala de Moreschi contrasta con lo ocurrido en su caso, y el de otras mujeres que pasaron por el Tribunal de Justicia Administrativa, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Dos de ellas, ex presidentas, Martha Tamayo y Gabriela Chaín, terminaron jubiladas, con "mega sueldos".

"Martha Tamayo duró toda su vida ahí, Gabriela Chaín duró toda su vida ahí; la única diferencia entre ellas y yo es que ellas son priistas y yo no, por eso no me ratificaron;

"Es la misma situación, la única diferencia es que yo tengo más preparación que ellas, porque yo tengo dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado, y soy la primera doctora en el Tribunal; pero mi pecado es que no soy priista", asegura.

Pero el Gobernador y el Congreso en lugar de respetar el procedimiento que marca la ley, lamenta, vulneraron la ley y empujaron una terna para sustituirla, sin tener facultades.

"Él per se, avasallando los derechos de la magistrada y de otro magistrado compañero que se nos vencía el mismo día (el nombramiento), escoge una terna y la manda el Congreso, el Congreso la acepta y nombra a un candidato, él mandó una terna, y se nombra un magistrado en mi lugar, que yo digo es inexistente, porque si el Gobernador no tiene facultades, el acto es viciado, es de inexistencia", indica.

Sentencia histórica

El 17 de abril de 2017, mientras el Congreso local tomaba la protesta a dos nuevos magistrados, Héctor Samuel Torres Ulloa e Iván Chávez Rangel, Ayala interponía un juicio de amparo contra el "despojo".

"Ni siquiera invitarme a esa toma de protesta, ni siquiera entregué (la oficina) porque a mí se me venció el nombramiento el 6 de abril, pero tenía derecho y tengo derecho a la ratificación, pero me violentaron la ley, yo promoví el amparo ese mismo día, los estaban nombrando cuando yo estaba presentando el amparo; duró dos años sin resolverse y se acaba de resolver a mi favor".

--¿Qué hizo cuando leyó esa resolución a su favor?

--Me emocioné mucho, ¡ya se imaginará! Dos años luchando, presentando promociones cada semana, yendo a Mazatlán, y también aquí en primera instancia en su momento, me llevaba mucho en el Juzgado de Distrito, viendo mi expediente.

--¿Qué implicaciones jurídicas tiene esta sentencia a su favor?

--Las implicaciones son de que los magistrados de Mazatlán, del Colegiado de Mazatlán, resolvió que me restituyan en el puesto de magistrada, me paguen los salarios que dejé de percibir estos dos años y que deje sin efecto el nombramiento de la persona que quedó en mi lugar.

--¿Quién es?

--No quiero lastimar ahorita susceptibilidades. El oficio 2335/17, que mandó el Gobernador al Congreso, dice quien quedó en mi lugar.

(El oficio, consultado por Noroeste, indica que es Héctor Samuel Torres Ulloa).

--¿Cuánto es lo que tienen que pagarle?

--¡No sé, pero tampoco debo decirlo, ya me han asaltado tres veces!

Poderes confabulados

--Este es sin duda un golpe del Poder Judicial federal a los poderes Legislativo y Ejecutivo…

--Efectivamente, así es; se confabularon para el tráfico de influencias, aquí el que es responsable es el Gobernador porque es el que firmó el oficio, pero el que mandó, el que metió ahí sus influencias fue el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, porque la persona designada es allegada a él.

--¿Cuándo la restituyen en el puesto de magistrada?

--Se debe restituir de inmediato, en cuanto llegue el expediente de Mazatlán a Culiacán, en cuanto llega lo notifican, dura tres, cuatro días, para llegar, preguntar cuándo llega el expediente.

--¿El Poder Ejecutivo tiene que acatar o acatar, no hay de otra?

--Indefectiblemente, si no lo destituyen del puesto.

--¿No hay marcha atrás?

--No hay recurso ulterior, es definitivo, es la última palabra y si no cumple, por desacato pueden quitarte el puesto de Gobernador.

---¿No tenemos registrado un caso así? ¿Hay algún antecedente?

--Hay un antecedente del magistrado Claudio Raymundo Gámez Perea, que lo querían sacar también en 2005, 2006, querían jubilarlo antes de tiempo, reformaron la Constitución para ese efecto, pero como no le puedes dar efectos retroactivos por perjuicio, porque él tiene que ser juzgado con las leyes que estaban en vigor en el año que te nombraron, entró Canuto López López en su lugar y a los tres años se resolvió ese asunto, lo restituyeron en el puesto y quitaron a Canuto.

Es una cosa similar, pero no del Poder Ejecutivo, ahí fue el propio Poder Judicial el implicado. No hay antecedente como el mío, porque aquí son dos poderes del Estado contra una magistrada.

--Hay quienes dicen que por su edad no se le podía ratificar, que había un impedimento…

--El juez lo dice muy claro, el colegiado, yo presenté un acta de nacimiento porque yo me estaba preparando por si me "daban palo" para irme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aparte de debe juzgar con perspectiva de género, había habido violencia política del Gobernador y del Poder Legislativo en contra mía.

Y como soy persona de la tercera edad, es más grave esa lesión y yo presenté un acta de nacimiento para acreditar la edad, pero con el propósito de ir preparando m juicio e irme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si me "daban palo" en México.

Es muy grave, si se agrava la violentación de los derechos de una persona de la tercera edad, el juez lo dice muy claramente, que, si posteriormente tengo que jubilarme por la edad, se puede hacer si así lo estimo yo conveniente, pero no es ninguna restricción y esa edad no opera.

En su caso, asegura Ayala de Moreschi, entró al cargo de magistrada cuando la ley no establecía edad para salir del cargo, únicamente para ingresar al mismo.

"Entonces me están aplicando leyes en vigor en 2011 y no tenía edad tope, lo reformaron ahora con Quirino, reformaron la Constitución para ese efecto, pero no me aplica porque me aplican las leyes que estaban en vigor en 2011, y lo dice muy claro el magistrado en su sentencia. Eso quisieran ellos, pero no", sostiene.

--¿Quién la restituye formalmente en el cargo?

--El juez primero de distrito por instrucciones de los magistrados de Mazatlán me tiene que restituir, llevar a cabo la ejecución de la sentencia, se apersona el actuario, notifica la sentencia y tiene que acatarse.

--Va a ser histórica esa fotografía cuando la restituyan…

--Sí, será histórica.

--¿Cuántos años duraría en esta restitución del cargo?

--El tiempo que yo considere pertinente porque no había fecha límite cuando yo fui nombrada, y yo adquiero derechos desde el momento de mi nombramiento, son derechos adquiridos desde el momento en que fui nombrada, y en esa fecha la ley no establecía límites para el término de la magistratura.

--¿No hay marcha atrás?

--Es definitivo, nada, nadie ni el Poder Ejecutivo ni Legislativo, es definitiva. ¡Es consumatum est!

--¿Qué lecciones nos dejan este proceso, como sociedad?

--La lección que debe de dejar a los poderes arbitrarios que llegan avasallando los derechos de los gobernados y de los servidores públicos que administramos justicia, es que nunca jamás se vuelva a repetir un caso de avasallamiento de los derechos, como fui yo objeto de ello, de parte de dos poderes del Estado y violencia política por ser mujer.

En meses recientes, Lucila Ayala festejó con Renato Moreschi, ex funcionario, ex delegado de Caminos y Puentes Federales, otro triunfo.

Tras seis años de pleito, Renato Moreschi logró una jubilación por parte del Estado, la cual le era negada.

"Él luchó seis años en los tribunales, yo dos; el único pecado mío y de mi esposo es ser honestos, y trabajar conforme a derecho, y cuando somos honestos, estorbamos".