"Pide CPC que se sancione a quienes incurran en actos de corrupción en el Invies"

Que las autoridades sancionen a los funcionarios que hayan caído en posibles actos de corrupción en el caso de los terrenos que el Invies compró caros y vendió baratos en Mazatlán, exhortó el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, Francisco Mujica.

En una investigación realizada por Noroeste se constató que el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa compró en 55 millones de pesos terrenos que estaban valuados en 30 millones, para luego “rematarlos” tres años después a sólo 6 millones de pesos.

Mujica señaló que para atacar este tipo de casos, que él considera actos de corrupción, es necesario impartir justicia en materia anticorrupción, y de esa manera se va generando certidumbre a la ciudadanía de que se están combatiendo los malos manejos de los recursos que daña las finanzas del Estado.

“Estamos ante una sociedad dolida, que ya no soporta el perjuicio de los servicios públicos ante gestiones ineficaces, no son tiempos para que los funcionarios aboguen por la impunidad”, subrayó.

En el Invies, compran terrenos caros y luego los venden baratos

“Nosotros consideramos que es el momento adecuado para que las instancias que se encargan de prevenir y sancionar los actos de corrupción emitan las sanciones ejemplares a los funcionarios públicos con la finalidad de inhibir estas actuaciones”.

El presidente del CPC destacó que lo primordial para erradicar la corrupción en el Estado es la prevención, sin embargo si no hay sanciones para quienes realizan este tipo de actos será una lucha muy complicada para atacar esta problemática.

“Nosotros estamos apostando a la educación de prevención, dentro de nuestro plan de trabajo está poder educar para prevenir, pero para poder educar necesitamos casos referentes con sanciones ejemplares para poder llevar el mensaje de que realmente las autoridades están haciendo su trabajo y se está sancionando de una manera eficiente y eficaz a aquellos servidores públicos que incurren en actos de corrupción”, detalló.

“Es un daño patrimonial, lesión al patrimonio público, se presentan en perjuicio, malversación de algún bien por parte de quien gestiona administrativamente los recursos públicos”.