"Vinculan a proceso al tercer ex funcionario del gobierno de Malova"
Tal y como el ex Secretario de Salud, Ernesto Echevería Aispuro, y el ex director de Atención Médica, Jaime Otáñez García, ayer fue vinculada a proceso la ex directora administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, María Alejandra Gil Álvarez, acusada por la Fiscalía General del Estado de cometer los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
La diferencia en la audiencia inicial de ayer, con respecto a los otros ex funcionarios del sector Salud, es que Gil Álvarez se negó a declarar ante el juez sobre las acusaciones de la Fiscalía y enfrentarse a las preguntas de los agentes el Ministerio Público.
Otra de las diferencias es que una vez que la Fiscalía presentó la acusación que se le imputa, la ex directora se negó a obtener un plazo de 48 a 168 horas que le otorga la ley para buscar evidencia documental o testimonios a su favor.
Según la Fiscalía, Gil Álvarez es una de los autores y responsables principales de haber adjudicado de manera irregular un contrato por 18 millones de pesos por servicios de imagenología para los hospitales generales de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, además del hospital integral de Sinaloa de Leyva.
Por la adjudicación irregular, según la Fiscalía la justificación no contaba con estudio de mercado, a Gil Leyva se la cusa de ejercicio indebido del servicio público.
Por dicho contrato, la oficina que dirigió Gil Álvarez firmó y pagó cheques por casi 14.8 millones de pesos, y por ello es que se le acusa de desempeño irregular de la función pública.
El juez pudo vincularla cuando demostró que no existió el estudio de mercado, después de que la defensa aseguró que éste se le fue presentado a otro proveedor.
Medidas cautelares
A diferencia de los coimputados Ernesto Echeverría Aispuro, ex Secretario de Salud y Jaime Otáñez García, ex director de Atención Médica, a María Alejandra Gil Álvarez no se le impuso garantía económica, pero sí tendrá obligación presencial cada 15 días en la Unidad de Medidas Cautelares, además de la prohibición de salir del estado sin permiso de la autoridad.
La audiencia inicial, diferida desde el martes, duró dos horas; y la continuación de este juicio se pactó para el 20 de abril, por lo que la Fiscalía y la defensa tendrán cuatro meses para realizar las investigaciones complementarias.
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