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Reclamo colectivo

Familiares de víctimas piden mantener medidas de castigo a Z-40, en prisión de EU

Familiares de desaparecidos en Coahuila pidieron a EU mantener el aislamiento y medidas especiales contra Miguel Ángel Treviño, “El Z-40”, exlíder de Los Zetas, acusado de las masacres de 2011, tras la solicitud de su defensa para flexibilizarlas
17/02/2026 12:50

CIUDAD DE MÉXICO. _ Víctimas de desapariciones en Coahuila exigieron que las autoridades de Estados Unidos mantengan las medidas especiales de aislamiento y seguridad impuestas en prisión a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, ex líder de Los Zetas, señalado como responsable de las masacres de Allende y Piedras Negras en 2011, luego de que su defensa solicitó relajar esas condiciones y ampliar el régimen de visitas.

La petición de las víctimas se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que presentará ante un juez estadounidense pruebas para acreditar la peligrosidad de Treviño Morales, a quien atribuye la autoría intelectual y material de los asesinatos masivos perpetrados en municipios de Coahuila, así como su responsabilidad en la fuga de cerca de 130 reos del penal de Piedras Negras en septiembre de 2012 y en el establecimiento de un “campo de exterminio” dentro de ese centro penitenciario.

Daniel Durán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), sostuvo que un perfil delictivo como el de Treviño Morales no debe recibir beneficios carcelarios y reclamó que tanto “El Z-40” como su hermano Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, enfrenten consecuencias penales por la cadena de asesinatos que, de acuerdo con las investigaciones, fueron cometidos en la región con la participación de la organización criminal. “Es muy importante que este sujeto pague y pague tanto ‘El Z-40’, él y su hermano (Omar), que los dos paguen esta cadena de asesinatos que llevaron a cabo de manera impune”, manifestó.

Durán advirtió que relajar el aislamiento del ex líder de Los Zetas podría abrir la puerta para que intente retomar el control de operaciones ilícitas desde prisión, debido al poder de la red criminal construida en torno a su figura. “Este sujeto debe ser castigado con todo el rigor de la ley y no puede ser permitido que pueda salir o le vayan a relajar las medidas de seguridad, porque quieren volver a operar desde los penales, es tanto el poder que lo pueden hacer”, declaró el activista, al insistir en la necesidad de mantener las restricciones actuales.

De acuerdo con testimonios recabados por autoridades y organizaciones, en 2011, cuando encabezaba a Los Zetas, Treviño Morales ordenó secuestros masivos de hombres, mujeres y niños en Piedras Negras, como represalia contra personas a las que acusó de traición ante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y las víctimas fueron asesinadas en un campo de futbol. Como parte de la misma ofensiva, células del grupo criminal trasladaron la violencia a la población vecina de Allende, donde decenas de personas fueron privadas de la libertad, asesinadas e incineradas, en hechos que han sido documentados por investigaciones oficiales y trabajos académicos.

En ese contexto, organizaciones de familiares de desaparecidos recordaron que diversas investigaciones apuntan a que Treviño Morales operó un esquema de terror que incluyó la desaparición masiva de personas y el manejo de instalaciones clandestinas para el exterminio de cuerpos en Coahuila, mientras el grupo criminal actuaba con amplia capacidad de operación. La organización Fray Juan de Larios, integrada por familiares de desaparecidos, subrayó mediante mensajes en redes sociales la impunidad con la que, durante años, actuaron Treviño Morales y sus colaboradores en el estado.

Las víctimas consultadas señalaron que esperan obtener algún tipo de justicia a través del proceso que se sigue a Treviño Morales en Estados Unidos, ante la ausencia de sentencias integrales en México por las masacres y desapariciones denunciadas en Coahuila. “Ojalá la justicia estadounidense pueda hacer lo que no hizo el Gobierno mexicano y en especial el Gobierno del Estado de Coahuila”, afirmó Durán, al referirse a la expectativa de que el juicio en territorio estadounidense derive en sanciones proporcionales a los delitos acreditados.

Reyna Martínez, integrante de la organización Alas de Esperanza, con presencia en Allende, indicó a medios locales que un eventual fallo condenatorio en Estados Unidos podría representar un alivio parcial para las víctimas y sus familiares, pese a la falta de resultados judiciales en el ámbito nacional. “El hecho de que en México no se haya hecho justicia es lamentable, pero si se logra en Estados Unidos habrá una satisfacción para las víctimas directas e indirectas”, afirmó.

En sus pronunciamientos públicos, colectivos de familiares insistieron en que muchas de las desapariciones registradas en Coahuila y en la región norte del país ocurrieron en el periodo en que Los Zetas consolidaron su control territorial, en un contexto de omisiones de autoridades estatales y federales. Los grupos de búsqueda reiteraron que el seguimiento al proceso judicial contra Treviño Morales en Estados Unidos constituye, para ellos, una vía para visibilizar la magnitud de las violaciones a derechos humanos cometidas en la entidad y la necesidad de que se fortalezcan las investigaciones en México.