Hospital para heridos de la guerra: medida necesaria pero socialmente costosa
Habilitar el Hospital General de Culiacán como clínica para heridos de enfrentamientos armados en la guerra de facciones del cártel de Sinaloa es una posibilidad que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, busca materializar.
La propuesta surge tras la manifestación de personal de salud del Nuevo Hospital General, quienes exigieron mayor seguridad debido a las repetidas incursiones de presuntos criminales que ingresan a asesinar pacientes derivados de enfrentamientos.
La protesta alcanzó su punto más álgido el 17 de septiembre de 2025, cuando una mujer fue detenida tras ser acusada de intento de homicidio contra un paciente que se encontraba bajo resguardo federal por su participación en hechos violentos.
El 29 de agosto de 2025, un comando armado atacó la fachada del Hospital Civil de Culiacán, donde murieron cuatro personas y tres más resultaron heridas. Se trató de un ataque que la autoridad federal no logró prevenir, a pesar de su marcada presencia en la zona.
Sobre este tema, el especialista en historia sociocultural del crimen y las transgresiones en México, el doctorante en Historia Iván León Velarde, asegura que la propuesta contribuiría a la seguridad del personal médico; sin embargo, advierte que la carga política y social de reconocer que la guerra ha alcanzado esta magnitud sería muy pesada.
“Yo considero que es factible, es posible; sin embargo, el gobierno actual tendría que ceder simbólicamente y políticamente mucho para poder llevar a cabo una medida de esta naturaleza. Las condiciones actuales y la ausencia de gobernabilidad en materia de seguridad requieren soluciones importantes, drásticas, quizá cuestionables en términos de legitimidad política, pero necesarias en cuanto a la salvaguarda de la integridad de pacientes y personal de salud”.
La idea de habilitar un espacio para alrededor de 50 pacientes, según el último informe de la Secretaría de Salud, además de incorporar personal médico-militar y un perímetro de seguridad que cubra cualquier eventualidad o incursión criminal, parece lejana e incluso imposible. A ello se suma la carga ideológica que implica aceptar que los complejos de salud existentes no son suficientes para enfrentar esta crisis. Según León Velarde, esta situación constituye un indicio más de lo que, en términos técnicos, se denomina un “estado fallido”.
“El hecho de que la autoridad determine acondicionar un espacio exclusivamente para personas heridas en enfrentamientos, con personal médico militar especializado para atenderlas, sería un evento hito en la historia local. La razón por la cual se llevaría a cabo responde a la inseguridad que impera en los hospitales. Esto ameritaría un análisis profundo y alimentaría la percepción social y política de que vivimos en un estado fallido”.
Aunque podría salvaguardar a pacientes y personal médico, una decisión así incrementaría la percepción social de un “estado fallido” y debilitaría la legitimidad del gobierno. La inseguridad en los hospitales ya genera temor en pacientes y familiares, y abrir un espacio exclusivo para heridos de bala sería, al mismo tiempo, una respuesta práctica y un golpe político.
“Yo considero que la ciudadanía, a raíz de los conflictos iniciados en septiembre de 2024, ya ha podido evidenciar muchos elementos propios de un estado fallido: ausencia de gobernabilidad, estrategias poco eficaces y falta de resultados en la práctica”.
En síntesis, la medida sería un acontecimiento histórico de gran impacto: necesaria desde la perspectiva de protección, pero socialmente dolorosa y políticamente costosa
