Noroeste da la primicia: confirma que mataron a Ramón Arellano en Mazatlán

El 22 de febrero, 12 días después de la balacera en la Zona Dorada y sin que la autoridad hubiera dado información oficial al respecto, Noroeste dio la primicia nacional e internacional de que el supuesto agente federal muerto, Jorge Pérez López, era en realidad Ramón Arellano Félix, jefe de pistoleros del Cártel de Tijuana.

La información, revisada por Noroeste desde días después de los hechos, fue confirmada por la Procuraduría General de la República en los días siguientes a la publicación de este medio.

La dependencia federal mostró las pruebas forenses hechas al cadáver al compararlas con las fotografías de Ramón con las que se contaba, y sí, no había duda de que se trataba de él.

Las autoridades también informaron que el otro gatillero abatido, Héctor Solórzano, fue identificado oficialmente como Efraín Quintero Carrizoza, “El Hitler”, a quien se le atribuía la masacre de 12 personas ocurrida el 14 de febrero de 2001 en el poblado El Limoncito de Alayá, Cosalá, cuando buscaban dar muerte a Javier Torres Félix, el “JT”.

En ese entonces también corrió una versión de que presuntamente a Ramón Arellano lo asesinaron de un disparo en la cabeza cuando ya se había rendido ante elementos de la Policía Ministerial, lo que nunca fue corroborado oficialmente.

En el lugar del enfrentamiento fue encontrada una arma de fuego que posteriormente autoridades confirmaron que se utilizó para asesinar en noviembre de 2001, frente a un domicilio del Fraccionamiento El Cid, en este puerto, a los magistrados Benito Andrade Ibarra y Jesús Ayala Montenegro, así como a la esposa del primero de los mencionados, María del Carmen Cervantes de Andrade, mientras que María del Carmen de la Paz Ayala, prima del Magistrado Ayala Montenegro, resultó ilesa.

El 9 de noviembre de 2001 el Magistrado Andrade Ibarra había resuelto no tener competencia para conocer de un juicio de amparo que promovió la defensa de Francisco Rafael Arellano Félix, para que se le dieran como compurgada la pena por la que aún estaba preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, hoy Altiplano, en el Estado de México.

El Magistrado Andrade Ibarra argumentó en ese momento que esa no era su facultad, sino que era competencia del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal.

Años después Francisco Rafael fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente fue deportado a México y asesinado por una persona vestida de payaso cuando se encontraba en una fiesta infantil en Baja California Sur.