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Seguridad

Violencia en Sinaloa ha cobrado la vida de 81 policías y militares desde 2024

Entre septiembre de 2024 y enero de 2026, al menos 81 integrantes de corporaciones municipales, estatales y federales han sido asesinados en Sinaloa, de acuerdo con registros de organizaciones civiles y documentos oficiales validados por autoridades federales
25/01/2026 11:50

La violencia asociada a la disputa del crimen organizado en Sinaloa ha dejado, desde 2024, un saldo de al menos 81 integrantes de corporaciones de seguridad asesinados, entre policías municipales, estatales y elementos de fuerzas federales.

En los primeros 23 días de 2026, seis elementos de las fuerzas de seguridad fueron asesinados en la entidad, cuatro de ellos en Culiacán.

El caso más reciente fue el de un motopatrullero del Grupo Jaguar de la Policía Municipal de Mazatlán, quien fue agredido mientras trabajaba en la colonia Loma Bonita y cuyo caso quedó registrado en la carpeta de investigación por el delito de “homicidio por agresión a la autoridad”, pero no se agregó al conteo de homicidios mensual.

Con estos hechos, el número de policías municipales y estatales asesinados en Sinaloa asciende a 66, según el seguimiento realizado por Noroeste.

A este registro se suman los datos contenidos en un documento oficial validado por el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República, en el que se detalla que entre el 9 de septiembre de 2024 y el 10 de noviembre de 2025 se reportaron al menos 12 agresiones armadas contra personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Sinaloa.

Estas agresiones dejaron un saldo de 15 militares muertos, lo que eleva a 81 el número total de integrantes de corporaciones municipales, estatales y federales asesinados en la entidad en el periodo referido.

Los datos reflejan que los ataques no se han limitado a un solo nivel de gobierno, sino que han alcanzado tanto a policías locales como a fuerzas federales desplegadas en el estado, en distintos momentos del conflicto de seguridad.

En el caso de los hechos registrados en 2026, la concentración de los ataques en Culiacán coincide con la persistencia de hechos violentos en la capital del estado, aunque los registros históricos muestran que las agresiones contra corporaciones de seguridad se han presentado en diferentes municipios y regiones de Sinaloa.

El titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, planteó que el fortalecimiento de las garantías inherentes a la función policial, particularmente en materia de equipamiento, prerrogativas y capacidades operativas, es un tema que debe ser analizado con seriedad para proteger a los elementos de seguridad pública.

“Hay unas garantías que son inherentes a la función y que tienen que ver con aumentar las capacidades en cuanto a equipamiento, en cuanto a prerrogativas, es decir, que alrededor de la gente de seguridad pública haya una serie de garantías que tengan que ver con su labor diaria”, expresó.

El titular del CESP indicó que si bien la propuesta de portar el arma fuera de servicio resulta interesante, el énfasis principal debe estar en el fortalecimiento del equipamiento durante el desempeño de las funciones, ya que un alto porcentaje de los ataques contra policías ocurre mientras están en activo.

“Nos parece que es interesante, habría que valorarlo y habría que ver los riesgos y los contras. Pero fundamentalmente fortalecer sus equipamientos cuando estén en funciones; un alto porcentaje de estas víctimas han sido lamentablemente atacados en funciones y no tanto en sus descansos”, puntualizó.

Sobre el presupuesto aprobado, Calderón Quevedo reconoció que, aunque no alcanza el nivel que se considera necesario, sí representa un incremento mayor al de años anteriores, con la expectativa de que impacte en mejores condiciones para el ejercicio del oficio policial.

“No fue del nivel que nosotros necesitamos, sí fue un aumento presupuestal que tuvo un salto mayor que los años anteriores. Ojalá que todo eso se traduzca en esa protección a la cotidianidad del oficio del policía”, dijo.

Finalmente, sostuvo que existe una deuda histórica de la sociedad con la labor policial y subrayó la necesidad de recuperar el prestigio de esta función, además de acompañar tanto a las familias de los elementos fallecidos como a quienes permanecen en activo.

“Lamentar la muerte de todos estos miembros de las corporaciones policiales, pero junto con eso, acompañar a sus familias, a los huérfanos, a las viudas, pero acompañar a quienes están en activo hoy también puede ser un mecanismo de protección social”, concluyó.