Con omisiones y reclasificaciones, Fiscalía de Sinaloa reduce las muertes violentas de la guerra Guzmán-Zambada
Mientras que el Gobierno federal informa una reducción de 52 por ciento de los homicidios en Sinaloa; de mayo de 2025 a julio de 2026, la Fiscalía de Sinaloa redujo en 133 muertes violentas la estadística oficial omitiendo y reclasificando asesinatos de civiles, policías y víctimas colaterales
Édgar Gustavo Arrearán Moncada era taxista, murió en el fuego cruzado de un enfrentamiento en Escuinapa. Francisco Javier Zazueta Lizárraga era Director de Tránsito de Culiacán, lo acribillaron dentro de su camioneta cuando iba a trabajar. Jesús Armando Valdés López era de Guasave y lo encontraron desollado frente a una plaza del sector Tres Ríos en Culiacán. Jesús Alberto era Capitán Segundo de la Guardia Nacional, estaba golpeado hasta la muerte en el estacionamiento de una plaza comercial en Mazatlán. Todos murieron asesinados en el contexto de la guerra entre los Guzmán y los Zambada en Sinaloa, pero la Fiscalía de Sinaloa decidió que sus muertes no contaran.
Gustavo, Francisco Javier, Jesús Armando y Jesús Alberto son parte de las 133 personas asesinadas que la Fiscalía de Sinaloa no sumó a la estadística oficial de homicidios dolosos durante los últimos 15 meses.
Sinaloa: la anomalía de la Estrategia Nacional de Seguridad
Cuando Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de la República, la guerra en Sinaloa ya estaba ahí. Ese 1 de octubre de 2024 mataron a tres personas en el estado y a 80 en todo el país. Apenas llegó al cargo, la primera Presidenta en la historia de México designó a Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad Pública y, por lo tanto, como líder de la Estrategia Nacional para reducir la violencia en el país. Desde entonces, el Gobierno de México presume una reducción de 44 asesinatos por día a nivel nacional.
Esa reducción ha sido tomada con cautela por expertos y periodistas, pues no hay precedente histórico de una reducción estadística tan significativa en un plazo tan corto de tiempo.
En medio de ese debate nacional, así como en el corazón de la relación bilateral con Estados Unidos, está el caso de Sinaloa, el emblemático estado del noroeste del País donde el comportamiento de la violencia letal, tras 23 meses de confrontación entre los clanes Guzmán y Zambada del Cártel de Sinaloa, se mantiene constante.
Mientras que a nivel nacional la reducción reportada en los homicidios dolosos es del 51 por ciento con cifras a julio de 2026, en Sinaloa se comunica una cifra similar: 52 por ciento. El Gobierno Federal miente, pues compara los datos de julio de 2026 con los de junio de 2025 y no con los niveles anteriores a la disputa criminal. En términos reales, el promedio diario de homicidios en julio pasado fue todavía el doble del que hubo de enero a agosto de 2024.
Cuando se cuentan todas las muertes violentas que ocurren en el estado, y no solo las que la Fiscalía estatal considera como homicidios dolosos, la realidad es que dos años después de desatada la ola de violencia que provocó la captura de “El Mayo” Zambada, en Sinaloa los criminales siguen matando y desapareciendo personas como al principio.
Fiscalía de Sinaloa: protagonista del escándalo Cuén-Zambada
Desde el jueves 25 de julio de 2024, el día que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, raptó a Ismael “El Mayo” Zambada para llevarlo a Estados Unidos junto con él, la Fiscalía General de Sinaloa ha estado en el centro del escándalo.
Primero, porque se confirmó que uno de sus agentes ministeriales en activo era escolta personal de Zambada y, segundo, porque la Fiscalía General de la República (FGR) evidenció el montaje en el caso del asesinato del cacique de la UAS y futuro Diputado federal del PRI, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
La revelación federal le costó el cargo a la entonces Fiscal Sara Bruna Quiñónez el 16 de agosto de 2024 y permitió la llegada de Claudia Zulema Sánchez Kondo en su lugar. Sánchez Kondo era, hasta entonces, Vicefiscal de la Región Centro.
Dos semanas después, la guerra entre los clanes Guzmán y Zambada estalló en Sinaloa y desde el 1 septiembre de 2024 al 31 de julio de 2026, dejó 3 mil 195 homicidios en el Estado, incluidos feminicidios, según los datos que la FGE transparenta en su página oficial.
El dato oficial que la Fiscalía estatal reporta en su portal es muy similar a los 3 mil 182 homicidios que consigna el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para el mismo periodo y que debe surgir de las carpetas de investigación que la misma FGE genera.
Eso significa un promedio de 4.6 asesinatos diarios durante ese período y es más del triple que los 1.4 que había antes de que la disputa entre facciones estallara.
Maquillar la muerte: la estrategia de la Fiscalía de Sinaloa
Sin embargo, de acuerdo con una base de datos de Noroeste, durante los más de 700 días que lleva la ola de violencia, hay evidencia de que las cifras que comunica la Fiscalía de Sinaloa no incluyen, al menos, 133 muertes violentas que dicha dependencia omitió en sus informes diarios o reclasificó sin sumarlos a la estadística oficial.
La base de datos construida rigurosamente por la Redacción de Noroeste se alimenta y actualiza a diario y de manera sistemática con información de fuentes públicas y solicitudes de información.
Luego, esa información es contrastada con la cobertura periodística diaria a lo largo y ancho del territorio sinaloense. En su compromiso con registrar con la mayor precisión y alcance lo que ocurre, Noroeste ha publicado más de 11 mil notas sobre seguridad y justicia desde que la ola de violencia comenzó, un promedio de 15 diarias.
Así se puede saber que otra omisión que sirve para subestimar el tamaño de la violencia letal en el estado es que la FGE tampoco contabiliza los 310 hallazgos de cuerpos y restos óseos recuperados en decenas de fosas clandestinas excavadas por diversos colectivos de buscadoras y comprobados por Noroeste durante la cobertura, el seguimiento diario y la sistematización de los informes de la propia FGE.
En total, el periodo de la guerra en Sinaloa ha dejado, al menos, 443 muertes violentas adicionales a las reportadas por la FGE en sus cifras oficiales y que se usan para evaluar la situación de seguridad del estado.
Esas muertes borradas equivalen, por ejemplo, al 75 por ciento de todos los homicidios dolosos ocurridos durante 2022, el año menos violento en la historia reciente del estado.
Omitir y reclasificar para bajar la estadística
Junio de 2025 marcó un nuevo máximo histórico para Sinaloa con 212 homicidios y 26 hallazgos de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas. Ante la evidente escalada violenta de ese mes, el entonces Gobernador Rubén Rocha Moya anunció en su primera Conferencia Semanera de julio que el Gabinete de Seguridad federal sesionaría cada 15 días en el estado con el objetivo de reforzar la coordinación con la Federación y atender las peticiones de la sociedad civil, empresarios y medios de comunicación.
La primera visita de Omar García Harfuch, junto al Gabinete de Seguridad completo, se concretó el domingo 20 de julio de 2025 en la Base Aérea Militar Número 10 de Culiacán. A partir de ese día, las visitas periódicas del Gabinete se sostuvieron hasta el 23 octubre de 2025. La presencia del Secretario de Seguridad se volvió tan común en la capital del estado que los culichis empezaron a decirle “Batman”, pero luego dejó de venir y regresaría a Sinaloa hasta el año siguiente, el 4 de febrero de 2026.
Tras el anuncio de Rocha, no sólo se incrementó la coordinación interinstitucional y la presencia militar en el estado, sino que la FGE comenzó a utilizar, de manera discrecional, tres medidas opacas diferentes para reducir la estadística de homicidios sin dar explicación alguna.
Primero y, a pesar de que lo afirma así en los informes diarios que distribuye a la prensa, desde julio de 2025 no sumó correctamente los casos de personas heridas en ataques armados que mueren posteriormente en hospitales públicos y privados. En esa categoría, Noroeste pudo localizar 50 casos.
Segundo, la FGE reclasificó casos de homicidios dolosos con criterios extralegales que no existen en el Código Penal del Estado, tales como “causa de muerte por determinar” (55 casos), “homicidio por otros” (6 casos), “agresión a la autoridad” (25 casos) y “homicidio por enfrentamiento” (12 casos). En total, estas reclasificaciones representan 98 casos.
Y tercero, omitió abiertamente asesinatos ocurridos y documentados por la prensa (otros 41 casos).
De todos los casos mencionados, que sumaron 185, la Fiscalía consideró finalmente como homicidios sólo 52, dejando fuera otros 133 casos ocurridos de mayo de 2025 a julio de 2026.
Estas prácticas de la Fiscalía de Sinaloa no se implementaron desde el primer momento en que la disputa criminal estalló, sino que comenzaron a suceder a partir del verano de 2025, justo tras la primera visita de García Harfuch; durante ese año, de julio a septiembre, hubo tres casos por mes, luego 16 en octubre, 10 en noviembre y 34 casos en diciembre, éste último el mes con la mayor discrepancia.
En lo que va de 2026, Noroeste registra 15 casos en enero, nueve en febrero, 18 en marzo, seis en abril, uno en mayo, cuatro en junio y diez en julio.
La omisión y la reclasificación de esas muertes violentas le ha permitido a la Fiscalía de Sinaloa reducir en 7.6 por ciento la cifra oficial de homicidios dolosos en el último año. Un porcentaje que sirve para acentuar una tendencia descendente en la curva de asesinatos que no ocurre en la magnitud que la Federación comunica a través de sus canales oficiales.
1. Heridos que mueren después pero no se cuentan bien
Uno de los recursos más utilizados por la Fiscalía de Sinaloa para ocultar muertes violentas es la omisión de personas heridas en ataques a balazos y que luego mueren en algún hospital, los cuales la Fiscalía afirma que se agregarán a la estadística del día preciso del ataque.
Durante los ocho meses anteriores, hubo 50 casos de este tipo y 13 de ellos ocurrieron en diciembre de 2025. Para ese mes, Noroeste contabilizó ocho casos de personas heridas los días 24 de noviembre y 2, 3, 17, 18, 19, 23 y 27 de diciembre, quienes murieron en diversos hospitales del estado y que, de agregarse a la estadística reportada por la propia Fiscalía, hubieran sumado 137 homicidios en todo el mes, seis más que el dato oficial de 131 publicado en la página institucional de la FGE.
En lo que va de 2026, Noroeste contabilizó nueve casos de este tipo en enero, siete en febrero, cinco en marzo, uno en abril, dos en mayo, cinco en junio y cuatro en julio.
En una clara contradicción, el dato oficial evidencia que la FGE no agrega todos los homicidios que ella misma reporta a la prensa y reconoce en sus informes diarios.
A partir de agosto de este año, la FGE incurre además en otra medida opaca: ha dejado de comunicar en su reporte diario a medios de comunicación los casos de personas heridas que fallecen en hospitales.
2. Causa de muerte por determinar
Otro recurso que acumuló 55 casos en el periodo mencionado fue la “causa de muerte por determinar”. Una causa que, por cierto, nunca se determina, pues no hay informes posteriores ni actualizaciones de estos casos por parte del área de comunicación social de la FGE.
Noroeste pudo constatar que este recurso se aplicó de junio a diciembre de 2025 a pesar de que existían huellas de violencia en las víctimas o, incluso mensajes criminales, tal es el caso del hallazgo de una bolsa de restos humanos en la colonia Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán, ocurrido el día 26 de diciembre de 2025 y que no fue contabilizado como homicidio.
3. Homicidios por “otros”
Es 21 de diciembre de 2025 por la mañana en la ciudad de Escuinapa, la cabecera del municipio del mismo nombre ubicado al sur sur de Sinaloa. Ubicado en la colonia Paredones, Édgar Gustavo Arrearán se encuentra trabajando en el sitio de taxis del Banco Bienestar, maneja un Tiida blanco con franjas color guinda, lleva poco en el turno cuando se suelta la balacera. Los Mayos y los Chapos han extendido su guerra hasta esa ciudad.
En la refriega, una bala penetra la cajuela del Tiida y Édgar Gustavo resulta herido; es auxiliado por sus familiares que lo llevan al hospital del IMSS-Bienestar: entra respirando pero sale sin vida. Su hija se lamenta “Papi Gus, tus nietos te quieren, papi”.
Junto con Édgar Gustavo, el taxista, un comerciante de lavadoras de nombre José Luis Rodríguez Acosta muere también en la refriega de un balazo.
Al día siguiente, la Fiscalía no suma las muertes de Gustavo ni la de José Luis al conteo diario de asesinatos, sino que los consigna en su reporte como “homicidio por otros”, una categoría que no existe en el Código Penal de Sinaloa.
El acta de defunción de Édgar Gustavo consigna como causa de su fallecimiento “Choque hipovolémico hemorrágico por laceración de bazo y pulmón izquierdo por proyectil disparado por arma de fuego”.
El recurso de clasificar asesinatos como “homicidio por otros”, sin que se explique qué significa esa categoría ni por qué se aplica, fue utilizado por la FGE en seis casos de julio de 2025 a abril de 2026.
4. Homicidio por enfrentamiento
El “homicidio por enfrentamiento” fue utilizado por la FGE con víctimas que murieron en intercambios de balazos entre civiles armados. Esa categoría acumuló 12 casos.
El más emblemático es el de cinco personas halladas asesinadas, dos de ellas calcinadas dentro de vehículos, tras los enfrentamientos armados del 17 de diciembre de 2025 en la mancha urbana del municipio de Escuinapa.
También destacan otros casos, como el de dos hombres asesinados a balazos en la colonia Las Coloradas de Culiacán el pasado 20 de diciembre de 2025 y el de otros dos en la comunidad de Molo Viejo, también en Culiacán, el 8 de diciembre de 2025.
5. Asesinatos omitidos
Es lunes 26 de enero de 2025. Pasadas las 7 de la mañana, dejan el cuerpo de un hombre asesinado frente a la entrada de la plaza comercial Cuatro Ríos, ubicada por el Bulevar Enrique Sánchez Alonso del sector Tres Ríos de Culiacán. Apenas a unas cuadras de donde fue detenido y liberado Ovidio Guzmán en octubre de 2019.
La escena del crimen no es una escena cualquiera, sorprende incluso a los periodistas de nota roja que llevan ya muchos meses reportando la cruda realidad de Sinaloa. Ahí, en plena banqueta, está un hombre desollado de la cabeza y la piel de su rostro, incluidos los ojos, ha sido colocada como la máscara macabra de una calabaza naranja en alusión a una facción criminal. También está mutilado y le acompaña a lado un mensaje amenazante impreso en una lona. Se llamaba Jesús Armando Valdés López, era de Guasave y tenía 34 años.
Otro día, la Fiscalía reconoce el homicidio de Jesús Armando pero registra cero asesinatos en el Reporte Diario que hace al Gobierno federal. Como este caso documentado por la prensa, la Fiscalía omitió contar y sumar al menos otros 41 asesinatos en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.
6. Agresión a la autoridad
Son las 7.30 de la mañana del lunes 5 de enero de 2026 y aunque es invierno, no hace frío en Aguaruto, la sindicatura de Culiacán que ya es parte de la zona conurbada de la capital de Sinaloa.
Francisco Javier Zazueta Lizárraga sale de su casa y se sube a una camioneta Tacoma blanca para ir al trabajo: es el Director de Tránsito de Culiacán, la capital de Sinaloa. No llegará, en el camino es interceptado por un grupo armado que lo ataca con armas de grueso calibre apenas a unas cuadras de su casa. La camioneta choca con el poste ubicado en una taquería que vende cabeza de res y se detiene. Sus agresores huyen. Francisco es auxiliado por elementos de seguridad que lo llevan a una clínica del IMSS pero para cuando llega Francisco ya no cuenta con signos vitales.
Al siguiente dia, en el informe diario que su área de comunicación difunde a la prensa, la Fiscalía estatal reportó el asesinato del director como “homicidio por agresión a la autoridad”, pero no lo sumó a la estadística que reportó al Secretariado Federal.
No hubo, tampoco, mención alguna a su cargo ni ninguna condolencia por su muerte en ese reporte. Francisco Javier tenía 32 años de servicio, había sido nombrado director desde noviembre del 2024 y se convirtió en uno más de los más de 100 policías asesinados en el marco de la guerra que libran las facciones en Sinaloa, pero su muerte se reportó como una más por la FGE.
Como el de Francisco, los asesinatos de agentes de seguridad en Sinaloa son reportados por la Fiscalía como “homicidios por agresión a la autoridad”, pero no se suman al conteo diario de homicidios.
Según la base de datos construida por Noroeste, la FGE ha omitido sumar al menos 25 homicidios de policías municipales, estatales, federales o agentes de tránsito e investigación.
Otros dos casos fueron el ocurrido 10 de diciembre de 2025 con el asesinato de la agente municipal Nayeli en Los Alamitos, en Navolato; y otro el 23 de diciembre de 2025, cuando un agente municipal de nombre Luciano fue baleado hasta morir en pleno centro de la ciudad, tenía 38 años.
Se fue Rocha pero la guerra sigue y la estrategia se mantiene
A pesar de la abrumadora numeralia de detenciones, decomisos de drogas y aseguramientos de armas y vehículos, la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido insuficiente hasta ahora para pacificar Sinaloa, tanto que ya no se incluye entre los estados con las mejores reducciones de homicidios a nivel nacional. Desde abril, los homicidios han vuelto a crecer y junio cerró con 128 casos.
El repunte de la violencia ocurre en el contexto del escándalo internacional que se desató cuando, el 1 de mayo de 2026, el Gobernador en funciones Rubén Rocha Moya anunció que solicitaría licencia temporal para separarse del cargo tras la inédita acusación que recibió de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, por cargos de narcotráfico. “Tengo la conciencia tranquila”, dijo Rocha en un video que apenas supera los dos minutos de duración transmitido por redes sociales. Desde entonces no se le ha vuelto a ver.
A Rocha y nueve funcionarios y ex funcionarios más, entre ellos al Vicefiscal en funciones de la FGE, Dámaso Castro Saavedra, se les acusa de coludirse y favorecer los negocios y la operación de “Los Chapitos”, el clan criminal que con su traición provocó la atroz guerra que ahora sufre Sinaloa, tras raptar a “El Mayo” Zambada.
Tras el último mensaje de Rocha, el Congreso del Estado dio trámite a su solicitud y nombró Gobernadora Interina a la entonces Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien dos días después recibió al Gabinete federal de Seguridad en las instalaciones de la Novena Zona Militar de Sinaloa. Allí, tanto García Harfuch como el Secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, enfatizaron que el apoyo federal para Sinaloa se mantenía a pesar de la licencia y las acusaciones contra Rocha.
Ese mismo día en la tarde, y sin ningún temor de la enorme presencia militar en la zona, un hombre ingresó al casino Tropicana del sector Tres Ríos de Culiacán y le prendió fuego. El incendio dejó tres personas heridas y una mujer muerta, se llamaba Ana Alicia, tenía 36 años y tres hijos. Su muerte no fue sumada al conteo diario de homicidios ni incluida en el reporte diario de la Fiscalía estatal, a pesar de los testimonios de que el incendio fue intencional. Además, en su certificado de defunción, la causa de la muerte es “paro cardiorespiratorio por intoxicación de monóxido de carbono” y su deceso está consignado como “accidental o violento”.
Cuando Noroeste preguntó a la Fiscal Sánchez Kondo por esta omisión, dijo que la muerte de Ana no era considerada en el reporte de homicidios dolosos pues había muerto por “intoxicación”. Cuestionada más tarde por el mismo hecho, la Gobernadora Interina refrendó que en Sinaloa la estrategia de seguridad se mantendría de la misma manera.
–
NOTA: Para este trabajo, Noroeste buscó una entrevista con la Fiscal del Estado a través de su área de Comunicación Social pero no obtuvo respuesta.