Acierto del Congreso local

Hay injusticias que se vuelven invisibles porque se repiten demasiado. Una de ellas ocurría, hasta esta semana, en Sinaloa: te robaban el coche, las autoridades lo recuperaban y, para que te lo devolvieran, tenías que pagar. Tú, la víctima. Entre 5 mil y 7 mil pesos en grúas, corralones y pensiones. Como si el delito no hubiera sido suficiente.

El martes 2 de junio, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen que termina con esa práctica. A partir de ahora, quienes recuperen su vehículo tras haber sido víctimas de robo quedan exentos del pago de derechos, contribuciones, servicios e infracciones. Una medida necesaria, sobre todo en un estado con históricos altos en robo de vehículo a nivel nacional.

El camino para llegar aquí comenzó formalmente el 27 de febrero de este año, cuando la Intercamaral de Culiacán -el organismo que agrupa a 14 cámaras empresariales, incluyendo Coparmex Sinaloa- presentó una iniciativa de reforma a dos leyes con ese objetivo preciso. El argumento era simple: es injusto que la víctima pague por un crimen cometido en su contra. La iniciativa sumó respaldo de la Intercamaral de Los Mochis y de empresarios de Mazatlán y Guasave. Cuatro meses después, el Congreso la convirtió en realidad. Además de esta iniciativa, existían tres más en el mismo sentido.

¿Por qué importa tanto esta medida? Porque como hemos dicho en este espacio, detrás de cada cifra hay una familia. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron en Sinaloa 3 mil 598 carpetas de investigación por robo de vehículo, una tasa de 104 casos por cada 100 mil habitantes. Pero eso fue antes. Desde que estalló la ola de violencia en septiembre de 2024, el robo de vehículos se disparó un 170 por ciento. Según el balance del periódico Noroeste, entre el 9 de septiembre de 2024 y el 2 de junio de 2026 se han contabilizado 11 mil 385 vehículos robados en la entidad. Dieciocho al día. Cada día. Sin pausa.

Eso significa que en este periodo, miles de familias sinaloenses vivieron el doble golpe: primero, perder el vehículo -muchas veces la herramienta de trabajo, el medio de transporte de los hijos a la escuela, el patrimonio de años de esfuerzo-; y luego, enfrentarse a una burocracia que les exigía pagar para recuperar lo que les habían quitado.

La Presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa, reconoció que el proceso no fue sencillo. “Quiero decirles que este caminar, porque fue mucho andar tanto con las oficinas recaudadoras, pedir opinión de los ayuntamientos y Sates para ver cómo iba a quedar distribuida la carga financiera”, expresó en la Tribuna. Esa frase revela algo importante: el problema no era solo de voluntad política, sino de arquitectura institucional. ¿Quién paga la grúa si no lo hace la víctima? La solución que se construyó implica convenios entre la Fiscalía y los ayuntamientos, usando las grúas de Tránsito municipal para el traslado y distribuyendo los costos entre las propias instituciones del Estado. La Secretaría de Hacienda también participó en las negociaciones. Es decir, el costo no desaparece: se redistribuye donde siempre debió estar, en el Gobierno, no en el ciudadano que ya fue dañado.

El Diputado Castro Marañón también fue honesto sobre el contexto: “No estamos ciegos, estamos conscientes de que es un área de oportunidad muy grande, el área de robo de vehículos”. Esa lucidez importa. Nadie está diciendo que este dictamen resuelve el problema de fondo, que es la inseguridad que ha azotado a Sinaloa desde septiembre de 2024. La violencia sigue, los robos siguen, y ninguna ley de exención va a devolver los 11 mil 385 vehículos que ya se perdieron ni a revertir el daño que esa crisis le ha hecho a la economía y al tejido social de la entidad.

Pero hay algo que sí hace esta medida, y no es poca cosa: le dice a la víctima que el Estado no la abandonará dos veces. Que recuperar lo que es tuyo no te costará además de la angustia, el tiempo y el trauma, otros 5 o 7 mil pesos que quizás no tienes. En un estado donde la violencia ha golpeado tan duro y durante tanto tiempo, ese mensaje tiene un peso enorme.

Los legisladores que votaron por unanimidad este dictamen tomaron la decisión correcta. El sector empresarial que impulsó la iniciativa desde febrero también merece reconocimiento: no se limitó a quejarse, sino que propuso, articuló respaldo y dio seguimiento hasta ver la reforma aprobada. Así se construye política pública útil.

Ojalá este acierto no sea la excepción, sino el modelo.