Burocracia contra Instituto de Protección
Deben fortalecerlo Gobierno y Congreso

alexsicairos@hotmail.com

Tal vez estancados en la mentalidad obstructora que el Gobernador Rubén Rocha Moya les apremia a desterrar, los servidores públicos relacionados con la protección a periodistas y defensores de derechos humanos tardan en implementar las acciones de amparo a estos gremios, al trabar presupuestalmente el avance del órgano autónomo e inclusive transferirle responsabilidades sin habilitarlo legal y económicamente en capacidad de respuesta. Van en sentido contrario al del jefe del Poder Ejecutivo pues él da dos pasos adelante y los funcionarios tres hacia atrás.

A pesar de que el Instituto Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ya acopia un buen número de solicitudes de defensa, y que la Unidad del Gobierno del Estado que manejaba esta área trasladó los expedientes a dicha instancia de reciente creación, el IPPDDHP no dispone todavía de recursos públicos ni le ha sido publicado el reglamento interior en el Periódico Oficial para que realice la labor asignada por la ley de la materia.

Desde finales de julio quedaron integrados el Consejo y la Dirección General y posteriormente se elaboró el reglamento interior y el Instituto ha corrido todo el viacrucis administrativo sin que el recurso público le llegue para desplegar el urgente sistema de protección. Es obvio que debe requisitar lo que la ley obliga, aunque no es del todo entendible que en tanto lo hace se le regatee algún margen de operatividad presupuestal.

Esto significa el riesgo de que las nuevas agresiones contra periodistas y activistas encuentren al Instituto de Protección inmovilizado en tramitologías irresueltas porque acciones en las que el Gobernador ha enfatizado en los días recientes hallan al pernicioso burocratismo como barricada retardatoria. Otro punto es que el Congreso del Estado no ha convocado a elegir al Órgano Interno de Control para vigilar el adecuado manejo y buen destino del recurso público a ejercer.

El surgimiento del Instituto de Protección fue el primer paso en políticas públicas y participación ciudadana de resguardo a la libertad de expresión y derecho a la información sin que signifique que dicho esfuerzo deba cesar. Al contrario, a una conquista de la sociedad aún en fase incipiente le sigue la continuidad y seguimiento para evitar que lo logrado naufrague en el mar de simulaciones que significa la función pública.

En días recientes, específicamente el 9 de septiembre, durante una reunión del Gabinete ampliado Rocha Moya apuró a sus colaboradores a que atiendan a la sociedad y eviten dejarle todo el trabajo a él, lo cual evidencia que ha detectado esos puentes rotos entre los ciudadanos y los servidores públicos asumiendo el Gobernador, solo, el extenuante trabajo de reconexión. “¡Por favor, trabajen!”, fue la orden y “más contacto con la gente y menos oficina”, la consigna.

Igual cabe recordarles a los del team de la Cuarta Transformación en Sinaloa que el Gobernador se pronunció días después de la regañada que les propinó, a favor de cuidar la labor que realizan periodistas y defensores de derechos humanos. El llamado a no hostigar ni atentar contra éstos lo hizo al Gabinete, presidentes municipales y lo extendió al sector privado con el añadido de “los estoy observando”.

Entonces es inadmisible que a los consejeros y a la directora del Instituto de Protección, Jhenny Judith Bernal Arellano, les estén poniendo trancas en lugar de las escaleras que el órgano autónomo necesita para estar a la altura de los propósitos de su creación y la vigencia de la ley respectiva que la 64 Legislatura del Congreso del Estado aprobó el 24 de mayo de 2022. Instalar el IPPDDHP es el cimiento; la gran obra tiene que ser la concatenación de voluntades institucionales para que funcione como el mejor del País.

Otro aspecto a revisar tiene que ver con la decisión de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Gobierno del Estado al anticipar la cesión al Instituto de los casos que esa dependencia tenía a su cargo. Si bien es cierto que el endoso va a ocurrir, debió cuidarse que primero el IPPDDHP estuviera en condiciones financieras, legales y operativas para garantizar la continuación de las medidas de seguridad a las y los beneficiarios.

La gestión de Rocha Moya ante el Congreso para que saliera de la “congeladora” legislativa la iniciativa de Ley de Protección presentada en junio de 2019 y aprobada tres años después, y la decisión de los asambleístas por transitar hacia la histórica aprobación, hoy reclama de nuevos impulsos que hagan posible que Sinaloa esté preparado en la circunstancia nacional donde periodismo y ombudsman son consideradas actividades de alto riesgo.

Tal empeño una y otra vez ofrecido por el Gobernador debe permear hacia todo el aparato de gobierno como la única manera de avanzar rápido a que la Ley y el Instituto pasen del papel a la efectividad. Además, el Congreso del Estado estará pronto en la tesitura de definir el primer presupuesto anual a ejercer por el IPPDDHP y de allí provendrá otra señal de qué tanta convicción existe en llevar adelante algo que ya empezó y nadie debería obstruir.

Que no muera por inanición,

Antes de que llegue enero,

Cuando tal vez le den dinero,

Al Instituto de Protección.

El Estado mexicano no necesariamente necesita disparar las armas que asesinan a periodistas porque es el que jala el gatillo de la impunidad y el que alienta a los criminales a atacar la libertad de expresión cuando el mismísimo Andrés Manuel López Obrador descarga, todos los días, ráfagas de intolerancia contra comunicadores y medios. Esta también, Presidente, es “pequeña diferencia” de terribles consecuencias.