#CeroDesabasto de medicamentos

    Hace unos días, en alusión a las recientes movilizaciones de pacientes y sus familiares para denunciar el desabasto de medicamentos, el Secretario de Salud señaló que el interés por el desabasto de estos fármacos para los niños con cáncer es válido, pero exagerado y utilizado con otros fines. Si bien es cierto que el desabasto no es nuevo en nuestro País, lo que el Secretario omite mencionar es que, de acuerdo con datos de las propias instituciones públicas, éste sí se ha agudizado durante el actual gobierno para muchos de los padecimientos en México, no solo el cáncer, poniendo en riesgo la salud y la vida de muchas personas. De acuerdo con el Informe de Transparencia en Salud 2019-2020 elaborado por Nosotrxs con datos públicos, en 2020, el IMSS dejó de surtir cerca de 16 millones de recetas, tres veces más que en 2019, cuando esta cifra fue de 5 millones. La Secretaría de Salud señaló que una de cada cuatro recetas no fue surtida de forma efectiva en el primer nivel de atención.

    Desde la ciudadanía también se ha generado evidencia sobre la situación de desabasto. De febrero de 2019 a abril de 2021, el colectivo Cero Desabasto, que aglutina actualmente a 65 organizaciones de la sociedad civil, incluida Fundar, ha registrado 4 mil 504 reportes de desabasto de personas que no han recibido sus medicamentos o algún suministro médico en instituciones públicas de salud, reportes que son recabados a través de la plataforma Cero Desabasto. Es importante destacar que dichos reportes muestran que el desabasto se da en varios padecimientos además del cáncer. Por ejemplo, en el primer informe cuatrimestral de enero a abril de 2021, se recibieron 773 reportes de no surtimiento. Los tres padecimientos con mayores reportes son la diabetes (20 por ciento), el cáncer (16 por ciento) y enfermedades reumatológicas (por ejemplo, lupus o artritis) con el 10 por ciento de los casos. En cuanto a las tres instituciones donde hay más reportes, estas son el IMSS (43 por ciento), ISSSTE (28 por ciento), e Insabi (21 por ciento).

    El desabasto es entonces un problema real que está causando afectaciones a pacientes y sus familias y minando la garantía del derecho a la salud consagrada en el artículo cuarto constitucional. Pero ¿por qué actualmente hay desabasto en nuestro País? ¿cuál es su origen y cómo puede atenderse de mejor forma? Una de las razones más importantes de este desabasto tiene que ver con los problemas que han enfrentado las compras públicas de medicamentos.

    Desde 2018, el Gobierno ha probado diversos esquemas de compras públicas, sin que éstos hayan dado los resultados esperados, causando afectaciones a las y los pacientes. A su llegada, el nuevo gobierno buscó transformar el sistema de compras públicas, donde acusó que había “influyentismo y corrupción”, ya que las compras se concentraban mayormente en solo tres distribuidoras, a las cuales intentó vetar. El primer esquema de compras públicas que se intentó en 2019 quitó al IMSS la facultad de realizar las compras y se lo dio a la Oficialía Mayor de la SHCP, quien se ayudó de la SSA. En esta mega licitación, se generaron reglas para que quienes participaran fueran los laboratorios y no las distribuidoras de antes, intentando promover mayor competencia. Lamentablemente, de acuerdo con dos auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2019, este nuevo esquema de compras tuvo resultados limitados, con consecuencias negativas para los pacientes. Dado que no hubo una adecuada planeación de las adquisiciones y seguimiento a las mismas ni por la SHCP y la SSA, no se lograron enteramente los impactos deseados: de las 3 mil 988 partidas, solo 36 por ciento fueron licitadas, mientras que 48 por ciento se declararon desiertas y 18 por ciento no se acabaron licitando. Como consecuencia de estas pocas claves licitadas, las instituciones de salud acabaron comprando emergentemente sus propios medicamentos de forma apresurada para satisfacer la demanda. Otro hallazgo de la ASF es que ni la SSA ni SHCP realizaron un seguimiento de los medicamentos que sí se adquirieron por la compra consolidada, que permitiera verificar su acceso gratuito, efectivo y universal por parte de la población usuaria.

    En 2020, el Gobierno planteó un nuevo esquema de compras, firmando un acuerdo con la UNOPS para la compra de medicamentos en el mercado internacional. Este nuevo modelo también ha tenido resultados limitados. Después de seis meses de retraso, en que el Gobierno pidió a las instituciones de salud realizar compras emergentes, hace unos meses UNOPS logró asignar solo 45 por ciento de las claves, mientras que 55 por ciento fueron declaradas desiertas. Finalmente, hace unos días, el Gobierno anunció que el Insabi será ahora quien realicé las compras consolidadas de las claves desiertas de la licitación de la UNOPS, que no se pudieron comprar.

    Como puede observarse, los distintos esquemas de compras planteados por el gobierno desde su llegada no han dado los resultados esperados, con consecuencias graves para las y los pacientes como surtimientos incompletos, intermitencias o cambios en sus tratamientos o la muerte. Un elemento faltante y muy necesario de estos esquemas de compras es que se han diseñado sin la participación y la comunicación con las y los pacientes y sin un enfoque de derechos humanos.

    Pareciera que los esquemas de compras implementados hasta ahora se han centrado más en “generar ahorros” y no en asegurar un abasto efectivo y oportuno para garantizar el derecho a la salud, además de no estar adecuadamente planeados. Si en vez de minimizar o cuestionar las demandas y movilizaciones de pacientes y sus familias, el gobierno se acercara y construyera de la mano de ellos y ellas la política de abasto de medicamentos, tomando en cuenta los desafíos que enfrentan y sus preocupaciones, ésta tendría mayor legitimidad y eficacia. Tal vez no es muy tarde para que se corrija el camino y el Insabi, como la institución que ahora hará las compras, realice este necesario acercamiento con las y los pacientes, en beneficio de las personas y su derecho a la salud.

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