Hace poco más de un año, en mayo de 2022, México llegó a la escalofriante cifra oficial de 100 mil personas desaparecidas. Hoy, 14 meses después, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señala que existen 110 mil 947 personas desaparecidas. Aunque el discurso oficial insiste en que este, como muchos otros problemas vigentes, son “cosa del pasado”, la realidad es evidente y la negación es indolente e irresponsable.
Frente a esta crisis que, sí, viene del pasado, pero continúa y se agrava día con día, los movimientos de familias -tanto a nivel nacional como local- han impulsado todos los cambios y avances en políticas públicas en la materia. La Ley General en materia de desaparición es un ejemplo muy claro, aunque no el único. Las acciones de búsqueda, de memoria, de verdad e incluso de investigación y justicia han sido y siguen siendo impulsadas desde los familiares de personas desaparecidas. Los saberes que en ese camino las familias han desarrollado se han institucionalizado poco a poco. Por ello, además de que la participación es un derecho, ningún proceso o acción llevada a cabo sin las familias es legítimo.
En los últimos años hemos visto procesos participativos dignos de replicarse. Bajo la consigna “sin las familias, no”, la participación ciudadana en la construcción de leyes e instituciones ha sido fundamental. Más allá de ejercer un derecho, las familias han logrado traducir sus conocimientos, experiencias y principales obstáculos en atribuciones y obligaciones para las autoridades. Sin embargo, a más de cinco años de la entrada en vigor de la Ley General, todavía hay una deuda pendiente: la armonización legislativa a nivel local en 12 estados del país (Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán).
Con más de 14 mil personas desaparecidas y después de muchos años de exigir un marco normativo que sea adecuado para el contexto de Baja California, finalmente hay un proyecto de dictamen en materia de desaparición de personas que está siendo discutido junto con las familias en el Congreso del estado. ¿Cómo se llegó a este punto? Como en muchos otros estados: gracias a la incansable lucha de madres, padres, hermanas, hermanos, tíos, tías, hijos e hijas. Les cuento un poco.
En total se han presentado tres iniciativas en el Congreso estatal. La primera, en septiembre de 2020 por el entonces Diputado Víctor Manuel Morán Hernández. Sin embargo, el texto no fue consultado con las familias, lo cual fue reclamado. A pesar de haber sido votada y aprobada en comisiones, la 23 Legislatura concluyó sin que dicha iniciativa fuera discutida en el pleno. En marzo de 2022, el Diputado Sergio Moctezuma Martínez López presentó otra iniciativa, la cual únicamente señalaba en su exposición de motivos que el Diputado había tenido reuniones y acercamientos con algunos representantes de colectivos. Nada más. Por último, en septiembre de 2022, la Diputada María del Rocío Adame Muñoz hizo lo propio. Como respuesta, llegó una ola de críticas frente a una nueva iniciativa presentada sin consulta con las familias. El único movimiento que tuvieron estas iniciativas fue su turno a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional.
Tras más de cinco años de exigencias para tener un proceso legislativo abierto, participativo, plural y transparente, que ponga al centro las necesidades de las familias, finalmente la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional mostró apertura para discutir conjuntamente con las familias las iniciativas vigentes. La Comisión trabajó en un proyecto de dictamen homologado -de las últimas dos iniciativas presentadas-, el cual fue sometido a consideración de familias, colectivos, academia, organizaciones, organismos internacionales y demás interesados para que enviaran sus propuestas de modificación al proyecto.
Como parte de esa misma consulta, la Comisión convocó a todas las familias y colectivos del estado a participar en mesas de trabajo temáticas junto con personal del Congreso. Así, durante cuatro días completos, los pasados 7 al 10 de julio, secretarios, asesores, diputados y diputadas escucharon de propia voz de las víctimas sus propuestas, obstáculos y principales retos en materia de búsqueda de personas, investigación de delitos, presupuesto e identificación humana. Esto, con el objetivo de analizar su viabilidad jurídica e incorporar todo aquello que pueda hacer de la ley en Baja California una de las leyes en materia de desaparición más avanzadas del país.
La participación de las familias fue amplia y plural. Cualquier diferencia que pudiera existir entre ellas se quedó afuera de los Centros Estatales de las Artes, que albergaron las mesas de trabajo. Todo por el objetivo común de tener una ley que refuerce su lucha en la búsqueda por sus desaparecidos. Aunque llegaron con bajas expectativas, pues, como dicen, hasta el momento las autoridades “nos escuchan, pero no hacen nada”, los ánimos al terminar la jornada eran otros. Las expectativas subieron. Por primera vez sus exigencias y necesidades fueron registradas -en una computadora, en una hoja de papel, en un papelógrafo- con el objetivo específico de transformarlas en obligaciones para las autoridades. Algunas de las principales demandas giraron en torno a la nula coordinación entre las autoridades, principalmente de la Fiscalía General del Estado; a la inexistencia de un Plan Estatal de Búsqueda; a la falta de personal suficiente, capacitado y con capacidad de permanencia; a la falta de transparencia en la toma de decisiones y gasto público, y a la necesidad de contar con mecanismos claros de participación de las víctimas en todos los procesos.
Aunque es de reconocerse la seriedad y profesionalismo con la que los funcionarios y funcionarias de la Comisión condujeron las mesas de trabajo, me hizo reflexionar mucho sobre la excepcionalidad con la que se ven involucrados en este tipo de ejercicios. Uno, a mi parecer, muy básico y propio de los representantes del pueblo: el escuchar a sus representados para procurar el respeto y garantía de sus derechos. Lo que vimos en esas mesas de trabajo, tendría que ser el día a día de su actividad legislativa. Sus iniciativas tendrían que ser el reflejo de ello y no responder a agendas políticas personales. La expectativa también está puesta ahí, en que esto se multiplique.
Aunque el sentir de las familias al terminar la jornada era un poco más positivo que al inicio, la desconfianza, basada en su experiencia de ser rechazadas y utilizadas más de una vez, se hizo notar. Sin duda, no están dispuestas a avalar una simulación. Por ello, las familias presentes exigieron, al momento, acordar cómo sería el seguimiento a la incorporación de sus propuestas. “Nada nos asegura que sí vayan a poner todo lo que les dijimos” fue una frase que se escuchó una y otra vez. En común acuerdo con la Diputada Adame se creó un Comité Estatal de Seguimiento, el cual está conformado por familias de todos los municipios y deberá reunirse periódicamente con la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional para reportar sobre los avances en la elaboración del dictamen final. Su funcionamiento será la primera prueba para la Comisión legislativa de lo que este proceso significa.
La responsabilidad ahora más que nunca está en cancha del Legislativo y no es cosa menor. Tienen una oportunidad enorme de sentar precedente, de convertirse en una de esas experiencias participativas dignas de replicarse, de adoptar los estándares más altos en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y todos los temas que atraviesan la atención y prevención de la desaparición de personas. Desde Elementa seguiremos expectantes y vigilantes, acompañando y resistiendo con las familias hasta que esa deuda sea saldada.
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La autora es Renata Demichelis Ávila (@ranademi), directora para México de @ElementaDDHH.
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Renata Demichelis Ávila / Elementa
(@ranademi)
Directora para México de Elementa DDHH
@ElementaDDHH
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