Defender al Rector sin prejuzgar al Juez
Religión y justicia, la controversial trivial

Como que los abogados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encabezados por Robespierre Lizárraga Otero, ya aprendieron a concentrarse en la vía judicial, no más en la senda política, porque en menos de un mes lograron que el Juez de Control le quitara a Jesús Madueña la prohibición de salir de Sinaloa y la obligación de acudir al Tribunal a firmar cada mes; les aceptara a la defensa universitaria al asesor jurídico victimal propuesto y desechara la impugnación de la Fiscalía que alegó conflicto de interés, así como que ayer fuera aplazada la audiencia inicial del nuevo juicio contra el Rector.

Con el diferimiento de la audiencia, y al perder el alegato de inelegibilidad del defensor victimal, la Fiscalía General del Estado es percibida inconsistente y de persistir en no entregar las copias de las carpetas de investigación como el Juez lo ordena podría convertirse en factor que eche a perder las actuaciones judiciales. Hizo bien el Juez Adán Alberto Salazar Gastélum en aplazar para el 13 de septiembre la diligencia hasta que todos los indiciados tengan en sus manos los expedientes con los cuales los inculpa el Ministerio Público.

No faltará quien crea que el Juez Salazar pudo ser “ablandado” por la campaña que se le dirigió desde la UAS acusándolo de estar inhabilitado como impartidor de justicia debido a que profesa una religión. Es mejor apostarle a finalidad de la litis que le da lo que merece al equipo legal universitario por jugar bien sus cartas y superar el accidentado comportamiento que tuvo en las primeras diligencia de las tres carpetas de investigación que se dirimen en los estrados contra funcionarios de la UAS.

Los que conocen al Juez afirman que no se dobla tan fácilmente y que cuando recibe presiones en alguno de los sentidos de las causas que lleva, se guarece más en los criterios de la Ley. Salazar Gastélum tiene fama en el Poder Judicial de ser un juez justo y recto. Poco dado a meterse en pleitos políticos, o entrar en componendas que satanicen a uno para santificar al otro. Es el mismo que en octubre de 2022 vinculó a proceso al ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, e integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, por contratar sin la correspondiente licitación 40 camiones recolectores de basura por un monto de 117 millones de pesos.

El señalamiento de impedimento para pertenecer al Poder Judicial Estatal por el hecho de aparecer en los registros de la Dirección de Asociaciones Religiosas como socio de la Iglesia Manantial de Vida puede sobreseer con el solo trámite que lo dé de baja como practicante de ese credo, pues existe jurisprudencia al respecto relacionada con el derecho humano a la libre fe. ¿Entonces también debe renunciar al cargo el Alcalde de Badiraguato, José Paz López, por la obra pública de construcción del mirador en el cual fue colocada una estatua monumental de San Judas?

Además, en espacios de difusión institucional y con columnistas afines, se le ha dado un manejo poco serio a la supuesta religión del juzgador, prejuzgándolo de ser parte de una secta y con tal maniobra de crucifixión política la Universidad sale perdiendo. Volvemos a lo mismo: el santuario del librepensamiento jamás debe proponer que se le execre a una persona por sus creencias religiosas y otros dogmas intrínsecos al libre albedrío. Dicha propensión a utilizar lo etéreo para sacralizar lo público es vieja, data desde que se le atribuyó a Jesús Malverde haber dañado los ventanales del Palacio de Gobierno cuando Alfonso Calderón lo construyó sobre la tumba del llamado bandido generoso.

Pero pronto las cosas volverán al lugar que les corresponde. El Juez Salazar sabrá cómo defenderse de esta embestida y lo más importante es que garantice que dicha acción de los modernos inquisidores no influya en su labor de impartir justicia. Es lo mismo para los abogados de la UAS que dan señales de redirigir los alegatos hacia las evidencias y de darse cuenta que les va mejor en los tribunales si aluden la razón jurídica y marcan distancia de fundamentos subjetivos que sí sirven para la autovictimización pero no para ganar litigios. Es la sana distancia de lo banal que deben guardar en los dos polos del diferendo.

En fin, será el cotejo de pruebas que presenten las partes imputada y querellante el que determine si hay responsabilidades punibles de los acusados en los procedimientos judiciales que tienen que ver con el presunto abuso de autoridad al impedir la UAS que elementos de la Auditoría Superior del Estado realizaran sus tareas de fiscalización y los dos casos de supuesto ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, que tienen que ver con la compra de tortillas con un costo global de 45 millones de pesos, de 2020 a 2022, y la adquisición de carne y pollo por 30 millones de pesos, de 2019 a 2023.

Y son cuestiones a resolver en los tribunales mundanos, no por la justicia divina a la que aluden los detractores del Juez Salazar.

No logre el ataque soez,

Cometer tal estulticia,

De perturbar la justicia,

Deshonrando el mazo del Juez.

Póngasele especial atención a lo expresado por el Gobernador Rubén Rocha Moya al instalar el mecanismo estatal de seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. “Somos un gobierno abierto y dispuesto a la colaboración interinstitucional para el logro de los propósitos de paz y respeto a los derechos humanos. El escrutinio y la exigencia pública no nos intranquilizan, más bien nos alientan y animan, y aquí hago un reconocimiento a periodistas, a varios periodistas, a varios medios escritos y digitales que están muy activos, que hacen una tarea realmente de personas interesadas por la defensa de los derechos humanos. Los periodistas, los medios de Sinaloa tienen ese compromiso y eso nos ayuda; si nos critican que lo sigan haciendo porque eso nos va a ayudar a mejorar”, dijo.

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