El pasado domingo 23 de noviembre, un conjunto de organizaciones ciudadanas y empresariales de todo el estado presentó el Informe Ciudadano 2025, que no pretendió agradar, sino informar dónde está parado Sinaloa.
Los números que ahí se presentaron son de emergencia. En apenas 14 meses, Sinaloa ha acumulado 2 mil 076 homicidios, 2 mil 835 desapariciones, 8 mil 007 robos de vehículos y 2 mil 914 robos a comercios. ¿Cómo conciliar estas cifras con la narrativa de que “todo está bajo control”? ¿Cómo hablar de normalidad cuando la gente ha tenido que cambiar por completo su manera de vivir para cuidar lo más esencial? La vida.
Las encuestas lo confirman: la percepción de inseguridad en Culiacán pasó de 45 a 89 por ciento, y en Mazatlán de 34 a 56 por ciento. No son sólo porcentajes, esto se traduce en decisiones de vida cotidiana. El 44 por ciento de los sinaloenses ha dejado de visitar a parientes y amigos por miedo. El 41 por ciento evita viajar por carretera. El 39 por ciento dejó de salir a comer o cenar. Y lo más doloroso: el 20 por ciento de niñas, niños y jóvenes dejó de ir a la escuela por la inseguridad en sus colonias. ¿Qué tipo de futuro puede construirse cuando ir a clases es, literalmente, un acto de riesgo?
A la crisis de seguridad se suma una crisis económica estructural que el Informe Ciudadano desnuda con crudeza. Según el Inegi, en 2024 la economía de Sinaloa cayó -3.5 por ciento. La agricultura se desplomó -25.2 por ciento, el resto de las actividades primarias -15.8 por ciento, la construcción -15.1 por ciento, la minería -14.3 por ciento y la industria del esparcimiento -24.1 por ciento. No se trata de un bache temporal, sino de un deterioro profundo que se refleja en empleos perdidos, negocios cerrados y familias endeudadas.
Al cierre de 2025, Sinaloa perdió 10 mil empleos formales, mil patrones dejaron de registrar trabajadores y 15 mil personas que trabajaban por su cuenta ya no lo hacen. Lo hemos dicho en este espacio, cada empleo perdido no es sólo un número: es un refrigerador que ya no se llena igual, una colegiatura que se atrasa, una decisión silenciosa de emigrar. No es casualidad que, como reconoce el propio Informe, Sinaloa esté generando una corriente creciente de desplazados económicos hacia otros estados.
Mientras tanto, el aparato del Estado sigue funcionando con una lógica que indigna: a la Fiscalía de Sinaloa se le destinan apenas 282 pesos por habitante, cuando estados como Quintana Roo, Chihuahua o Sonora destinan entre 700 y 800 pesos. En seguridad pública estatal, Nuevo León invierte mil 374 pesos por habitante; Sinaloa, solo 432. ¿De verdad podemos esperar mejores resultados invirtiendo menos de la mitad que los demás?
La consecuencia de esto es preocupante: de cada mil delitos cometidos en Sinaloa, sólo 60 se denuncian; de ellos, se abren 37 carpetas de investigación y apenas 5 casos llegan a una resolución favorable. En otras palabras, la impunidad no es una percepción, es casi una política de facto. ¿Cómo no va a crecer la violencia si el mensaje para el delincuente es que, estadísticamente, tiene todo a su favor?
El Informe Ciudadano también pone el foco en algo que suele olvidarse: la calidad de vida familiar. Detrás de cada gráfica hay un hogar con menos comida, menos servicios, menos esperanza. 185 mil personas viven en casas de mala calidad. El abasto de medicamentos en hospitales públicos se mueve entre 50 y 60 por ciento, mientras el presupuesto contra el dengue se recortó 74 por ciento, provocando un aumento de mil por ciento en las muertes por esta enfermedad. En educación, el rezago alcanza al 26 por ciento de la población y el abandono escolar en media superior llega al 11 por ciento. A esto se suman 2 mil 400 escuelas con actividades suspendidas en algún momento por la inseguridad y una caída de 25 por ciento en la asistencia a las aulas en Culiacán.
Y todavía hay más capas de deterioro: calles destruidas, crisis en el sector agrícola y pesquero, venta de vivienda paralizada, servicios públicos rebasados.
El mensaje de fondo del Informe Ciudadano no es sólo de crítica, sino de responsabilidad compartida. Plantea una Agenda Urgente para Sinaloa, que pasa por algo muy simple y al mismo tiempo muy exigente: que el Gobierno gobierne con verdad y con planes serios, y que la sociedad deje de ser espectadora para convertirse en protagonista.
Sinaloa no puede seguir normalizando que la gente tenga miedo de salir a la calle, que los jóvenes se vayan, que los delitos no se castiguen, que la economía se achique y que la pobreza crezca. No podemos aceptar que el futuro del estado dependa de la suerte, del clima o de un video optimista en redes sociales.
El otro informe ya está sobre la mesa. Lo presentaron ciudadanas y ciudadanos que decidieron no quedarse callados. Ahora la decisión es nuestra: ¿lo convertimos en punto de partida para una nueva etapa de exigencia, diálogo y acuerdos... o dejamos que se pierda entre el ruido de los spots y las noticias de alto impacto de las cuales somos testigos desde hace 14 meses?
