Entre tribunales detenidos y pagos digitales

El día de ayer hubo paro por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación por lo menos en 17 estados del País, incluido Sinaloa, si el día de ayer querías presentar un escrito, no se te permitía el paso y te decían que dicho día era inhábil, situación que posteriormente se confirmó.

¿El motivo del paro? Un nuevo esquema de evaluación que fue publicado justo esa semana, el pasado 5 de noviembre, donde, según el dicho de trabajadores del Poder Judicial, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) pretende evaluar el trabajo con exámenes no objetivos y sin lineamientos específicos, donde la evaluación será un 60 por ciento conocimiento jurídico y un 40 por ciento opinión del Juez/Magistrado y compañeros del órgano jurisdiccional, y en caso de no acreditar dicho examen la sanción podría ser separación de cargo. Se hace la aclaración de que ser evaluados no es el motivo del paro sino la manera en que esta evaluación se pretende realizar y las sanciones que se establecen, es decir, los trabajadores no cuestionan el que se les evalué sino la objetividad, transparencia y consecuencias de este esquema de evaluación.

Obviamente un paro de esta magnitud conlleva una afectación para todos los justiciables, pero, una vez más hay que señalarlo, el paro es un derecho de los trabajadores, esperemos esto lleve a un buen desenlace.

Por cierto, esta semana, el 4 de noviembre se publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, entrando en vigor al día siguiente. Según la propia ley, tiene como objeto “promover la adopción e implementación de medios de pago digitales y electrónicos, en los términos de las presentes disposiciones y las de carácter general emitidas por autoridades competentes conforme a normatividad aplicable”.

Señala que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en las cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos serán la única forma de pago, lo cual conlleva invariablemente a que se deje de utilizar el efectivo en dichos sectores (por lo menos en teoría).

Reconozco que no soy economista (a duras penas abogado) pero ¿cuál es el problema del efectivo? ¿Qué pasará si no es posible realizar pagos digitales? ¿No hay acaso una afectación a tu derecho como consumidor el que no se te permita pagar en efectivo? ¿O tu derecho como vendedor? que no puedas recibir pago en efectivo? O si eres de esas personas que por alguna razón no tienen cuenta bancaria, y ojo, hablo especialmente de adultos mayores, las colas en los bancos del bienestar son un día sí y otro también, donde se ven a adultos mayores no solamente queriendo cobrar su pensión, sino buscando apoyo para utilizar la tarjeta, activarla, etcétera.

La “modernización” no debe dejar a nadie atrás, mucho menos limitar el acceso a bienes y/o servicios.

Esta ley también habla de un expediente digital ciudadano, donde las autoridades consultarán documentos e información, lo cual lleva a la pregunta: ¿qué pasa si la información de este expediente digital es incorrecta? ¿Quién será responsable?

México es un país moderno, me gusta como se lee, como se escribe y me gustaría más que fuera una realidad, pero en un país donde no hay un acceso universal de internet, veo complicada dicha implementación. En fin, en nuestro País, que tiene cientos de cosas por atender, se ha decidido atender una más, que francamente no veo su urgencia.