Inconvenientes del modelo de justicia popular que propone AMLO

Un jurado conformado por 12 personas se reúne en privado para determinar la responsabilidad de un joven acusado de asesinar a su propio padre.

Tras la presentación de pruebas y alegatos durante el juicio, el jurado está listo para dar su veredicto.

La decisión es casi unánime, 11 están convencidos de la culpabilidad del acusado; tan sólo uno insiste en seguir discutiendo el caso por la falta de evidencia contundente para condenarlo.

¿Puede un solo hombre oponerse y desafiar la voluntad de la mayoría? ¿Es eso antidemocrático?

Esta es la trama de la famosa obra, “Doce hombres en pugna”, del escritor norteamericano Reginald Rose, donde se expone la virtud de confrontar al sentido común con la razón y la duda.

Los sentidos son engañosos, propician una percepción limitada de la realidad. Nos muestran solo apariencias y sombras que no nos permiten alcanzar la verdadera esencia de las cosas, decía Platón.

Lo mismo sucede en la historia de los hombres reunidos para deliberar sobre aquel crimen. Uno por uno, se van percatando de los sesgos y aseveraciones infundadas que marcaron el curso del proceso, hasta que finalmente descubren que el acusado es inocente.

Los juicios por jurado, que implican la participación de la ciudadanía, pueden considerarse como un efecto positivo de la democracia, ya que supuestamente evitan la compra de jueces y la corrupción. Sin embargo, existen ciertas falacias asociadas a este tipo de prácticas democráticas que deben considerarse.

En sociedades donde no hay una comprensión adecuada de la justicia, sino solo un deseo de resarcimiento punitivo o venganza, los veredictos populares pueden concentrar toda la confusión, los prejuicios y las inseguridades colectivas.

A mediados del Siglo 20, la mayoría de la población en Estados Unidos todavía estaba a favor de la segregación racial. La supremacía blanca era la norma. El temor a la negritud incitaba el odio y la violencia. En ese tipo de ambientes, los jurados, conformados siempre por gente blanca, fallaban permanentemente en favor de la gente de su mismo color.

Para contrarrestar estas situaciones, Luigi Ferrajoli destaca la importancia de observar la “Ley del más débil”, un principio centrado en proteger los derechos de los más vulnerables y evitar su discriminación o abuso.

Y es que la democracia no se limita al gobierno de la mayoría, sino que implica un equilibrio entre el gobierno popular y el respeto a las libertades individuales. Para asegurar el cumplimiento de este balance democrático, es indispensable la división de poderes.

Bajo este sistema, el órgano Legislativo y el Ejecutivo tienen la responsabilidad de incorporar a los gobiernos la voluntad de las mayorías a través de elecciones representativas y políticas de interés general.

La encomienda del Poder Judicial, por su parte, no es la de recoger el consenso popular. Su principal tarea, por el contrario, es la de evitar que la mayoría, en un arranque de poder desenfrenado, pase por encima de los derechos fundamentales de los más vulnerables.

Uno de los casos más emblemáticos de la historia, en los que una minoría pudo resistir los embates de las masas, gracias a la autonomía del Poder Judicial, es el de Aaron vs. Cooper, un litigio que en 1958 confrontó el derecho de unos niños negros a recibir educación en los mismos salones que otros niños blancos, a pesar de que toda la gente del estado de Arkansas, incluso el Gobernador y la Guardia Nacional, buscaron impedírselos.

Hoy, en México se discute la posibilidad de transitar hacia un modelo de justicia popular, aparentemente más cercano a la gente, en el que las personas puedan elegir a jueces y magistrados como sus representantes, y en ese mismo rigor, deshacerse de ellos si no cumplen sus expectativas.

Estos posibles escenarios nos obligan a recordar y dejar claro que el Poder Judicial puede y debe fortalecerse por cualquier medio, excepto a través de la representatividad. La introducción de este elemento comprometería aún más la ya de por sí endeble competencia e imparcialidad de los jueces.

-

jorge.ibarram@uas.edu.mx