Es triste reconocerlo, pero la capacidad de asombro sobre lo que en este País se puede hacer con el Estado de derecho no cesa. La lista de las ilegalidades es tan numerosa que cuesta llevar la cuenta. Desde la cancelación de contratos como los del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX o de las empresas de energía pasando por el decreto que declara de interés público y/o seguridad nacional prácticamente lo que el Ejecutivo decida, hasta la última que recetó la mayoría morenista en el caso de la propaganda de la revocación de mandato. Y, tiene razón Lorenzo Córdova: “quien viola la ley erosiona la democracia”.
Puede uno estar de acuerdo o no en la figura de revocación de mandato (yo no lo estoy) pero desde que se aprobó, el proceso no ha provocado más que controversias, juicios, litigios y demandas: su entrada en vigor para un Presidente que fue electo por seis años sin posibilidad de revocación, su coincidencia o no con las elecciones intermedias, la formulación y fraseo de la pregunta, el financiamiento necesario para llevarla a cabo, la desaseada compilación de firmas que fue hecha por un partido y no por los ciudadanos, la propaganda ilegal por parte del Presidente, gobernadores y partidos de la alianza gobernante y el desvío de recursos públicos en especie, dinero y estructura burocrática gubernamental para promoverla. En cada uno de estos asuntos se han involucrado los tres poderes, pero casi siempre ha prevalecido la voluntad del Presidente. La excepción fue la fecha de la revocación de mandato que quiso hacerse el mismo día de las elecciones intermedias. El pleito fue de tal magnitud que el Presidente y Morena tuvieron que ceder la postergación de la revocación hasta el cuarto año de gobierno.
A todos estos sucesos hay que agregar la intentona del Diputado morenista y Presidente de la Cámara (23-12-21) de interponer una denuncia penal contra seis consejeros del INE por haber aprobado un acuerdo para suspender temporalmente algunas etapas organizativas del proceso revocatorio.
Cada uno de los enfrentamientos que ha suscitado el proceso de revocación ha sido grave, pero el que ocurrió la última semana, si cabe, ha sido el peor en términos de la ilegalidad que representa.
El Presidente y Morena se vieron atados de manos porque: a) la Corte resolvió la acción de inconstitucionalidad (151/2021) declarando que es contrario a la Constitución que los partidos políticos promuevan la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato; b) porque el INE dictó en repetidas ocasiones exhortos y medidas cautelares para que se retiraran los actos propagandísticos del presidente y de Morena y; c) porque el pasado 16 de marzo el Tribunal Electoral (TEPJF) ratificó por unanimidad la orden dirigida por INE al Presidente de abstenerse de realizar comentarios sobre el proceso de revocación de mandato.
Ante estos hechos que frustraban la voluntad presidencial, la bancada morenista decidió cambiar la ley -a modo- cuando el proceso ya estaba en curso.
Increíble pero cierto. Otra vez, nos puede gustar o no la norma establecida (a mí no me gusta) pero la Constitución establece claramente dos asuntos. El primero, que toda reforma a las leyes electorales deberá hacerse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. El segundo, que toda propaganda para la revocación corresponde al INE.
Como en este gobierno no se admiten los contrapesos, a lo que se recurrió fue a violar la ley. A aprobar una reforma electoral apenas 24 días antes de la fecha de la revocación y a reinterpretar lo que significa la propaganda. Ahora, “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas ni la información de interés público que difundan bajo cualquier formato”. Ancha es Castilla y, ancha la justificación de los legisladores de que en realidad no están cambiando la ley sino utilizando su facultad de interpretarla. El decreto aprobado dice que lo que se hizo fue sólo reinterpretar el artículo 449 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. No nos hagamos patos: la nueva interpretación modifica la norma que impide a los partidos, funcionarios y presidente a hacer propaganda y, además, se evitan las sanciones a los servidores públicos. La reforma será impugnada a través de un recurso de inconstitucionalidad pero por más rápido que se actúe, el hecho estará consumado con antelación independientemente de lo que decida la Suprema Corte. Con esta reforma, avalada por el Presidente -pues no ejerció su derecho de veto- queda confirmado una vez más que los autodenominados demócratas de antes lo fueron, si acaso, hasta que llegaron al poder. Ellos propusieron y aprobaron la ley que reservaba la propaganda para la revocación de mandato al INE y ellos ahora la desaprueban violando la Constitución. Lo mismo sucederá para las elecciones del 2024.
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