Los otros datos: sobre el abandono de policías, fiscalías y penales

A finales del mes de septiembre, Causa en Común, Perteneces e Impunidad Cero publicamos los hallazgos de tres índices sobre el desarrollo institucional de las policías, fiscalías y centros penitenciarios del País.

El resultado de nuestro esfuerzo fue una biblioteca entera de informes nacionales, estatales y municipales, que documentan la situación de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia. (1)

El objetivo es ofrecer un diagnóstico preciso y, al mismo tiempo, una hoja de ruta para comenzar a revertir un deterioro institucional agravado con el correr de los años.

La conclusión es clara: policías, fiscalías y sistemas penitenciarios yacen en el abandono, mismo que ha implicado costos dramáticos en lo social, lo económico y lo político. Entre ellos, un fenómeno que hoy marca a la vida pública: la militarización de la seguridad, ineficaz para reducir la violencia e incompatible con los principios de una democracia moderna.

Las cifras recabadas muestran que la mitad de las policías estatales carece de sistemas de carrera profesional, que la profesionalización sigue limitada por falta de equipamiento, infraestructura y planeación académica, y que los mecanismos disciplinarios son débiles, lo que dificulta prevenir y sancionar conductas ilegales cometidas al interior de las propias corporaciones.

En materia de seguridad social, la mayoría de las entidades incumple la obligación legal de establecer sistemas complementarios de seguridad social que garanticen la dignificación de la labor policial.

A ello se suma un incumplimiento generalizado en cuanto a los mecanismos de regulación, evaluación y rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza, lo que debería alarmar en un país donde los enfrentamientos armados con grupos criminales y la desconfianza ciudadana son moneda corriente en la operación policial.

Las fiscalías, por su parte, muestran una autonomía frágil frente a los ejecutivos estatales, ya que persisten mecanismos de designación y remoción de fiscales que permiten una influencia política indebida. La carrera ministerial presenta fallas en los procesos de promoción por mérito, hay opacidad sistemática sobre los controles de confianza y las sanciones a servidores públicos rara vez se transparentan. Aunque se registran algunos avances en seguridad social básica, las disparidades en prestaciones siguen siendo notorias, dejando en entredicho el cumplimiento de derechos mínimos para el personal que debería garantizar una procuración de justicia expedita y efectiva.

En el ámbito penitenciario, los hallazgos son igualmente graves. La profesionalización del personal de custodia sigue siendo deficiente, los procesos de certificación y disciplina son poco efectivos, y la falta de certificación internacional de la mayoría de los penales da cuenta de serias deficiencias en gestión y seguridad.

La mayoría de los sistemas penitenciarios estatales carece autonomía técnica y presupuestaria, lo que limita cualquier intento de mejora estructural. Además, la ausencia de un enfoque de género en la gestión penitenciaria afecta directamente a las mujeres custodias y a las mujeres privadas de la libertad.

Más allá de estos déficits estructurales, uno de los apartados más reveladores del informe se refiere a lo que llamamos “los otros datos”. Allí se documenta cómo las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y los penales operan cada vez más como “cajas negras”. Encontramos respuestas absurdas, contradictorias o incompletas a solicitudes de información que, por ley, debería ser pública, clara y coherente.

El ejemplo del Estado de México es ilustrativo: reportó en 2024 que su estado de fuerza policial se redujo apenas en 37 elementos, pero al mismo tiempo reconoció el ingreso de 650 cadetes y la baja de mil 183 elementos.

Otros casos son igualmente preocupantes: Baja California aseguró que la escala jerárquica de su policía estatal consta de un solo grado; la academia policial de Tlaxcala reportó el egreso de 106 cadetes en un año en el que no ejerció presupuesto para formación policial; en el Estado de México se omitió publicar el informe sobre uso de la fuerza con el argumento de que la ley no indicaba en qué sitio debía difundirse, y Nayarit admitió no contar ni con sistema de promociones ni con perfiles de puesto para su personal de custodia.

Estas contradicciones y omisiones no son anécdotas aisladas: son evidencia de una creciente dificultad para acceder a datos confiables en México y de un patrón de opacidad que debilita cualquier intento de diagnóstico o rendición de cuentas.

El valor de este esfuerzo radica en que los parámetros de evaluación utilizados son precisamente las leyes que rigen a estas instituciones. Lo que se constata es el enorme abismo entre lo que mandatan las normas y lo que ocurre en la realidad cotidiana de policías, fiscalías y penales.

También es importante subrayar que los resultados se nutren de información proporcionada directamente por las instituciones evaluadas, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos. A partir de esta evidencia, se vuelve inevitable reconocer que la opacidad se está consolidando como norma. La desaparición del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, el impulso de reformas regresivas que promueven la opacidad, la erosión de derechos vinculados a la privacidad y el acoso a medios independientes, han generado un ambiente donde las instituciones de seguridad y justicia se resguardan en el silencio y la discrecionalidad.

Es previsible que, de continuar estas tendencias, el deterioro institucional se profundice y se sume al debilitamiento del Poder Judicial y a la militarización de la seguridad pública. De persistir, México se encamina hacia un escenario en el que habrá cada vez menos información confiable y, por lo tanto, menos capacidad ciudadana para exigir cuentas y menos condiciones para reconstruir un sistema civil de seguridad y justicia. De ahí que informes como el que hoy presentamos no sólo funcionen como radiografías de un retraso crónico, sino también como brújulas que, llegado el momento, pueden servir para orientar la reconstrucción.

La invitación es a revisar con detalle los informes disponibles en la página de Causa en Común y de las organizaciones aliadas. Se trata de un acervo que documenta con precisión los vacíos, contradicciones y carencias de las instituciones que deberían protegernos. Conocerlo no es solo un ejercicio de transparencia, sino un paso indispensable para imaginar un país menos inseguro y menos injusto.

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El autor es Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común

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1. Los informes nacional, estatales y municipales aludidos, así como diferentes síntesis de los hallazgos, pueden encontrarse aquí: https://www.causaencomun.org/informenacionaldetransparencia2025