El cielo nacional está encapotado y tronando, con la andanada de contagios que está dejando el Ómicron, con el evidente crecimiento que ejerce la violencia en algunos territorios del país, con los jaloneos económicos que nos están pegando en el bolsillo, y por supuesto, con la irrefrenable metida de fierros a la lumbre de parte del Presidente de la República, quien de manera sumaria, ya decretó que todo aquel que no navegue en su barco, es un traidor a la patria. Qué grueso.
Por otra parte, le sigue la basca al niño, pues el Presidente no quiere soltar el tema de Carlos Loret de Mola, y en su insistencia de pasarle factura por el reportaje sobre su hijo José Ramón y su comodísimo estilo de vida, lo único que está logrando, es incrementarle el rating al comunicador, productor y actor de comedia política; pero lo peor, es que el Presidente, en su afán de abierta venganza, está cometiendo errores que lo hacen ver como un ignorante del quehacer de las instituciones, al recurrir al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), con el propósito de que le consiga información sobre la situación financiera personal de Carlos Loret de Mola, la de sus familiares y la de sus socios, o en su defecto, que le aprueben difundir la información que él tiene.
Todo un despropósito, ya que el INAI no fue creado para investigar a los ciudadanos, de tal suerte, que su misión, según se apunta en su página electrónica, va en el sentido de: “Garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa”.
Es decir, que el INAI, es una institución a través de la cual, los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho de obtener información acerca de la operación y acciones que realiza el gobierno y también, sirve de garante para que se respeten nuestros datos personales. Nada que ver con las intenciones de Andrés Manuel y en ese sentido, le respondieron con una recta de humo significada con un no rotundo a su equivocada petición. Por lo pronto, ahí la dejo.
Desde hace más de dos siglos, los mexicanos hemos venido escuchando de parte de los actores políticos, la promesa de gestionar la justicia social, y a la fecha, ninguno ha cumplido, pues en el mejor de los casos, se ha conseguido a medias; a un nivel, vamos a decir, de taparle el ojo al macho, ya que los resultados logrados, traducidos en servicios institucionales, han sido mediocres y, sin lugar a dudas, los gananciosos de dichas gestiones ha sido la clase política, cuyos actores han sabido lucrar con la necesidad social, presente en un segmento de la población mexicana por el orden del 60 por ciento.
La justicia social, insertada para hoy en las efemérides de la ONU, procura básicamente el bienestar social, es decir, hacer uso del derecho pleno a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo bien remunerado, a la paz social y al disfrute del ocio.
Es decir, todo un estado de ejercicio de derechos que, para los mexicanos, continúa siendo una quimera. No de ahora, repito, sino desde los tiempos memoriales del movimiento de independencia encabezado por el cura Miguel Hidalgo y desde entonces, el tema de los derechos que surgen de la justicia social, no han podido aterrizar plenamente.
Muchos pensábamos que el proyecto del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, nos encaminaría en la ruta de convertir en realidad la aspiración de que en el país sentara sus reales la justicia social; ha dado algunos visos de ello, pero para mal, ha preferido distraerse en acciones que en nada abonan a la reconciliación nacional, condición fundamental para lograr cualquier tipo de transformación. ¡Buenos días!
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