Ocho llaves para devolverle la confianza al INE

A pocos meses de las elecciones de 2027, es natural, después de que se dieran a conocer los sucesos polémicos dentro del INE, preguntarnos ¿cuánta confianza le queda al Instituto?

Juan José Sierra Álvarez, presidente Nacional de Coparmex, planteó esa pregunta en la inauguración del Encuentro Nacional Coparmex 2026, en León. Su punto de partida es que la crisis del INE ha debilitado la confianza pública en una institución construida con décadas de lucha y participación ciudadana, pensada para ser autónoma, independiente, plural y confiable. Su advertencia fue que la renuncia de una persona y de sus colaboradores no resuelve la crisis.

¿Dónde está el problema de fondo? De acuerdo con Coparmex, en la reforma de 2024, que concentró facultades en la Presidencia y debilitó los contrapesos y controles colegiados, en medio de señalamientos de corrupción y decisiones cuestionadas. Cuando una sola persona acumula demasiado poder, la institución depende de su buen juicio. Y ninguna democracia debería depender de eso. Sin confianza ciudadana, recordó Juan José Sierra, no hay certeza, legitimidad democrática ni gobernabilidad.

Para responder, Coparmex nacional propone algunos ejes: fortalecer al INE y recuperar la confianza, y garantizar una Presidencia legítima e independiente. Y los aterriza en ocho acciones concretas.

La primera exige investigaciones rápidas, transparentes y sin excepciones. Quien resulte responsable debe responder por sus actos, y los servidores públicos bajo investigación deben separarse de sus funciones cuando corresponda. No es venganza; es proteger la imparcialidad. Una justicia que tarda o selecciona deja de ser justicia.

La segunda pide más vigilancia y rendición de cuentas, incluido el Órgano Interno de Control, para prevenir conflictos de interés y vigilar el uso de los recursos públicos, sin afectar las elecciones de 2027. Incluso propone que el Congreso valore designar a un nuevo titular de ese órgano, avalado por todas las fuerzas políticas. ¿Quién vigila al vigilante? Precisamente por eso debe tener respaldo plural.

La tercera busca recuperar la colegialidad del Consejo General. Plantea reformar la legislación para restituir los contrapesos y, además, volver a introducir un mecanismo de designación colegiada de las y los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. Las decisiones importantes no deberían depender de una sola firma.

La cuarta propone abrir un diálogo permanente: con las consejerías electorales, para garantizar elecciones íntegras en 2027 con compromisos verificables, y entre el INE, los organismos empresariales, las universidades y la sociedad civil. La confianza no se impone; se conversa.

De la quinta a la octava, la propuesta se concentra en algo decisivo: cómo elegir a la próxima presidencia del instituto. Un comité técnico de evaluación independiente, integrado conforme al procedimiento constitucional, con perfiles de reconocida solvencia profesional, sin conflictos de interés ni vínculos partidistas y, sobre todo, con el consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Criterios transparentes que ponderen experiencia electoral, capacidad técnica, integridad e independencia de criterio. Expedientes y evaluaciones públicas, con respeto a los datos personales, para que cualquiera pueda entender por qué se eligió a quien se eligió. Y una Presidencia autónoma, independiente y de alto nivel profesional.

¿Por qué tanta insistencia en el método? Porque un proceso opaco produce un nombramiento dudoso, aunque el nombre sea impecable. Solo mediante el consenso en todas las etapas y con un proceso abierto y transparente puede recuperarse la confianza pública que el órgano electoral necesita para cumplir su función.

La Confederación no se quedará solo en el comunicado. Coparmex y sus 71 Centros Empresariales iniciaron una acción, con comunicaciones formales a diputadas, diputados y coordinaciones parlamentarias, para exigir un proceso abierto, transparente y basado en el mérito. México necesita a alguien con experiencia electoral, capacidad técnica, integridad probada, interlocución e independencia de criterio.

Detrás de cada una de estas propuestas hay una idea sencilla, las elecciones no las gana ni las pierde el árbitro, pero sólo se aceptan cuando el árbitro merece respeto y demuestra objetividad y congruencia. La democracia mexicana reside en millones de ciudadanos libres que exigen ser escuchados y que su voto sea respetado. A ellos, y no a las cuotas de poder, le debe lealtad el próximo INE.