Policías mexicanos invadiendo Guatemala
Imaginen que nos despertamos en la mañana con la noticia de que integrantes de una pandilla que cometieron un delito en El Paso, Texas, son perseguidos por policías locales y huyen hacia México cruzando la frontera, pero los elementos de dicha corporación en lugar de frenarse en la línea divisoria se internan en nuestro País, continúan la persecución en suelo mexicano, detonan en repetidas ocasiones sus armas y matan a los pandilleros en suelo nacional.
Es previsible que ante tal situación hipotética hubiera pronunciamientos enérgicos por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Antonio de la Fuente, por la invasión del espacio territorial mexicano, por vulnerar la soberanía y por la comisión de delitos en nuestro País.
Pues lo anterior sucedió, pero con otros actores: los agentes agresores son mexicanos y el país agraviado es Guatemala. El domingo, en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas, unidades del Grupo de Reacción Inmediata Pakal, que pertenece a la Policía del Estado de Chiapas, se enfrentó con armas de fuego a un grupo de criminales, los cuales huyeron a Huehuetenango, Guatemala, y los policías lo siguieron hasta el territorio de nuestro país vecino y ahí ultimaron a cuatro de los agresores.
No se reprocha a los elementos el repeler los ataques o el combatir a grupos criminales, tampoco que en el enfrentamiento haya bajas, porque son situaciones que se pueden dar en el cumplimiento de su deber. El problema es que agentes de una corporación mexicana ingresaron de forma indebida a otro país. Incluso puede haber quien piense que fue una invasión y al cruzar ya no estaban amparados por el marco legal de México, por ende, las ejecuciones realizadas en Guatemala constituyeron un crimen, que debe ser investigado y castigado en dicho país.
Ante los hechos, el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, justificó la incursión, aduciendo que militares y policías de Guatemala protegen a integrantes del crimen organizado. Sin embargo, hay vías institucionales y diplomáticas que permiten denunciar las acciones de los agentes del orden de Guatemala, pero dicha situación no habilita a policías mexicanos a ingresar al territorio de dicho país para perseguir delincuentes.
Mejor respuesta tuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum, que reprobó los hechos en la conferencia mañanera del lunes, diciendo que las acciones no estaban bien, pero comentó que apenas el Gabinete de Seguridad le iba a dar información detallada del caso. No abordó, al menos al momento, aspectos relacionados con disculpas al Gobierno de Guatemala por el ingreso ilegal o posibles sanciones para los elementos responsables.
Ante ello cabe el paralelismo con las intenciones reiteradas del Gobierno de los Estados Unidos de enviar agentes a México para combatir a los grupos criminales. Donald Trump y funcionarios de su gobierno han ofrecido “ayuda” a México con el envío de elementos de fuerzas especiales para combatir a los cárteles de la droga, que consideran terroristas, a lo cual nuestro País, mediante la Presidenta Claudia Sheinbaum, ha descartado de tajo dicha posibilidad, señalando que tal hecho representaría una vulneración a la soberanía de México y que es contraria al derecho internacional.
La posición de la Presidenta no se puede reprochar. Todo Estado tiene la responsabilidad ineludible de defender su soberanía y se puede (y creo que se debe) cooperar con los Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales, pero los esfuerzos deben ser conjuntos y, cuando sean en nuestro territorio, deben darse con la supervisión de las autoridades mexicanas. Por tanto, no se valen incursiones unilaterales.
Sin embargo, a la luz de lo sucedido el pasado fin de semana en Guatemala, quedamos en una mala posición porque el respeto que nosotros exigimos a los Estados Unidos no se lo dimos a Guatemala, y sé que no se trató de una decisión de las autoridades federales, quizá ni siquiera de las de Chiapas, tal vez sólo fue una falta de cálculo de policías mal entrenados, pero cuyas acciones pueden generar una crisis diplomática.
Si queremos conservar la calidad moral para ponerle límites a los Estados Unidos en su pretensión de enviar efectivos a México, debemos actuar con firmeza frente a estos hechos y de alguna forma subsanar la situación con Guatemala. Por ejemplo, valdría la pena explorar una disculpa pública a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde participe el Gobierno de Chiapas, comprometernos a la no repetición de los hechos, buscar esquemas binacionales de combate a las organizaciones criminales para detectar a elementos corruptos que los protegen y, si así lo considera Guatemala, poner a su disposición a los agentes del Grupo Pakal que ingresaron de forma indebida a dicho país y que cometieron asesinato en su territorio, a fin de que sean juzgados bajo su marco legal.
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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.
