Revisión del T-MEC: los objetivos de Estados Unidos

La tercera ronda formal de negociaciones entre México y Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC se llevará a cabo en la Ciudad de México la semana del 20 de julio. Los temas clave para Estados Unidos incluyen cambios en las reglas de origen del T-MEC, particularmente en el sector automotriz, en línea con las medidas extralegales impuestas a México y Canadá en 2025 diseñadas para incentivar a los fabricantes de automóviles y autopartes (junto con aquellos de maquinaria y otros sectores) a producir más en Estados Unidos y menos en México y Canadá, reduciendo la dependencia de insumos provenientes de terceros países.

Estos cambios podrían simplemente reflejar medidas ya impuestas a México y Canadá que son inconsistentes con el T-MEC, como aranceles de 50 por ciento al acero, aluminio, cobre y productos derivados relacionados. Es probable que los aranceles de 25 por ciento a automóviles y autopartes continúen en algún nivel, independientemente de si cumplen con las reglas de origen actuales. Aún podría mantenerse un crédito por contenido estadounidense.

China continuará dominando las negociaciones, ya que su creciente influencia global es vista por muchos responsables de política pública y miembros del Congreso estadounidense como un desafío estratégico existencial para Estados Unidos. Se está solicitando a México monitorear la inversión china en el País (cuyas estimaciones actuales van desde menos de 3 mil millones de dólares, según el Gobierno mexicano, hasta varias veces esa cantidad según expertos independientes). El enfoque está en sectores sensibles que van desde automóviles y autopartes hasta semiconductores, mediante un nuevo mecanismo mexicano de revisión de inversiones.

Estados Unidos también exigirá controles sobre el llamado “transbordo” (transshipment), un concepto ambiguo que se enfoca en acciones como el envío de acero chino vía México hacia Estados Unidos para evitar aranceles estadounidenses. Sin embargo, esto también podría afectar la producción china de bienes en México, como computadoras portátiles, donde el contenido chino sigue siendo considerable.

La fricción entre Estados Unidos y China coloca a México en una posición difícil. China es el segundo socio comercial más importante de México. En circunstancias normales, México recibiría con agrado una mayor inversión china, particularmente cuando la nueva inversión proveniente de otras fuentes se ha desacelerado. El reciente aumento de aranceles de México a países con los que no tiene un tratado de libre comercio -China, pero también Corea del Sur y muchos países del sudeste asiático- incluyendo aranceles de 50 por ciento a automóviles, pudo haber complacido a Trump, pero generó fuertes objeciones por parte de China.

Existen presiones en Estados Unidos, particularmente entre los demócratas, para mejorar y ampliar la protección de los derechos laborales en México (especialmente en materia de negociación colectiva y reconocimiento de sindicatos independientes), a través del “mecanismo de respuesta rápida” y otros instrumentos. La fuerte aplicación de estas obligaciones mexicanas responde a preocupaciones sobre el bienestar de los trabajadores manufactureros mexicanos.

Sin embargo, tanto demócratas como republicanos consideran que mejores derechos laborales en México, que incrementen los salarios reales, son un medio para eventualmente reducir las importantes diferencias salariales por hora entre México y Estados Unidos. También estarán sobre la mesa mayores protecciones ambientales, así como las objeciones de Estados Unidos al retorno de México -bajo los gobiernos de Sheinbaum y López Obrador- a políticas petroleras y eléctricas centradas en el Estado, similares a las de las décadas de 1970 a 1990 y consideradas inconsistentes con el T-MEC.

En el lado más positivo, parece probable la cooperación en comercio electrónico, desarrollo de minerales de tierras raras (más viable con Canadá que con México) y posiblemente inteligencia artificial. Hasta dónde quiere llegar Estados Unidos en materia de IA, más allá de declaraciones generales, es incierto. Una verdadera cooperación en minerales críticos probablemente será difícil a menos que la administración de Sheinbaum abra oportunidades de explotación de litio al sector privado, revirtiendo la decisión de López Obrador hace cuatro años de nacionalizar los yacimientos y colocarlos bajo la autoridad de una agencia estatal inactiva, Litomex.

Tanto Estados Unidos como México también tienen interés en fortalecer las cadenas regionales de suministro, las cuales, en mi opinión, han sido severamente debilitadas por las políticas arancelarias estadounidenses.

Los objetivos clave de México pueden resumirse en una frase: “Primero, no hacer más daño”. Aproximadamente 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos y la mayoría de aquellas que cumplen con las reglas de origen actuales del T-MEC ingresan libres de arancel. Respecto a otras exportaciones clave, como automóviles y autopartes, acero, aluminio y cobre -sujetos a aranceles de entre 25 y 50 por ciento-, la expectativa es obtener un mejor trato.

Es probable que eliminar los aranceles esté fuera de discusión, pero podría ser posible negociar cuotas arancelarias (tariff rate quotas), mediante las cuales cierto volumen de bienes ingrese a Estados Unidos libre de arancel o con una tasa reducida (posiblemente entre 10 y 15 por ciento); una vez agotada la cuota, los aranceles volverían al nivel actual de entre 25 y 50 por ciento.

El alivio es particularmente crítico para la industria automotriz y de autopartes. Actualmente, los automóviles fabricados en la Unión Europea, Japón y Corea del Sur ingresan a Estados Unidos con aranceles de 15 por ciento, mientras que el mismo automóvil producido en México podría enfrentar aranceles cercanos a 25 por ciento, dependiendo de su contenido de partes estadounidenses. En mi opinión, ni los productores automotrices estadounidenses ni México se benefician de ello.

Las empresas en los tres países del T-MEC necesitan urgentemente mayor previsibilidad y un entorno de política pública más estable antes de expandir inversiones y contrataciones. Idealmente, la revisión del T-MEC proporcionaría reglas más claras y duraderas sobre aranceles, comercio e integración regional durante al menos los próximos años. Sin embargo, ese resultado parece incierto. Las políticas comerciales de “America First” de la administración Trump han cambiado repetidamente durante los últimos meses, a menudo con poca anticipación, dificultando cada vez más la planeación de largo plazo para las empresas que operan en Norteamérica.

Las negociaciones informales entre Estados Unidos y México probablemente continuarán durante buena parte del otoño, posiblemente incorporando temas no comerciales como migración, violencia relacionada con drogas, corrupción de funcionarios estatales y seguridad fronteriza.

Finalmente, las preocupaciones respecto al debilitamiento del Estado de derecho y de los contrapesos institucionales bajo Sheinbaum, López Obrador y Morena también han tenido un efecto inhibidor sobre algunos inversionistas extranjeros potenciales.

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El autor es David A. Gantz, Will Clayton Fellow en Comercio y Economía Internacional, Baker Institute for Public Policy.