Auditorías irregulares en Gobierno de Quirino se investiga desde lo penal, señala Rocha Moya
El caso de auditorías irregulares efectuadas a empresas en la gestión del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, que provocaron una multa del SAT a Sinaloa de 2 mil 300 millones de pesos, ya se investiga desde lo penal.
El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, informó que como primera instancia se presentó la queja ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, misma que determinó proceder por otras vías.
“Ya derivó para lo administrativo, pero también para lo penal, ahí está, está caminando eso”, afirmó Rocha Moya.
“Esa determinó que había responsabilidad administrativa y que había responsabilidad penal, ¿y qué hace? Lo pasa al tribunal de lo administrativo, y lo penal lo pasa a la Fiscalía”, indicó.
Deslindó que como Poder Ejecutivo sus responsabilidades en este caso se limitan a presentar la queja, y las demás instancias deberán resolver y encaminar el caso.
“Eso está por las vías administrativas y por la vía penal. Si no preguntas queja como Gobierno caes en falta, es omisión. Ya van”.
El Gobierno de Sinaloa tenía un convenio de colaboración con el SAT, en el que desde el Servicio de Atención Tributaria de Sinaloa realiza auditorías a nombre de la Federación para optimizar los trabajos, compartiendo el recurso humano. Este convenio permitía al Estado recibir un pago por sus trabajos.
Sin embargo, en el periodo del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel se realizaron auditorías imprecisas a las empresas Coppel y Grupo Ahre, lo que trastocó la captación de recursos del SAT, y por ello la dependencia federal multó al Estado y suspendió el convenio.
El Gobierno estatal trató de entablar acuerdos, y posteriormente sostuvo un juicio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en contra, y a finales del 2024 impuso una sanción de 2 mil 300 millones de pesos al Estado para pagar al SAT.
Eso se reflejó en una reducción de 2 mil 300 millones al Presupuesto de Egresos de Sinaloa para 2025, y orilló al Gobierno local a tramitar un crédito que pagará en 20 años, para poder llevar a cabo proyectos de obra pública.
