Familia de Fernando Alan, estudiante asesinado en persecución en Culiacán, exige justicia y esclarecimiento de su muerte
La familia del estudiante universitario Fernando Alan, de 23 años de edad, exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos relacionados con su muerte, ocurrida el pasado martes 13 de enero en Culiacán, durante una persecución armada.
El joven perdió la vida en la colonia Tierra Blanca al ser alcanzado por disparos cuando viajaba en un automóvil junto con su novia, Rosa Guadalupe, quien resultó herida.
Ambos se trasladaban por la zona cuando quedaron en medio del operativo.
A través de un comunicado, la familia de Fernando Alan, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que el joven “perdió la vida de manera injusta” y sostuvo que ningún “error” puede justificar la muerte de una persona inocente.
En el documento subrayaron que su exigencia no busca confrontación, sino el esclarecimiento de los hechos, el respeto a la verdad y la garantía de justicia.
Asimismo, pidieron que el nombre del joven sea recordado con respeto y dignidad, y que su memoria no sea afectada por versiones imprecisas ni por la desinformación.
“Su nombre merece ser recordado con respeto, dignidad y verdad”, subrayaron en la misiva.
“...esta causa no busca confrontación, sino el esclarecimiento de los hechos, el respeto a la verdad y la garantía de justicia. Nuestro objetivo es que el nombre de Fernando Alan no sea manchado por la desinformación ni por el olvido”.
Este pronunciamiento se dio luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos exigiera a las autoridades de seguridad esclarecer de manera pública y transparente el homicidio, ante versiones preliminares que lo señalan como una posible víctima colateral de un enfrentamiento.
De acuerdo con la información disponible, Fernando Alan y Rosa Guadalupe viajaban en un automóvil Mazda 6 blanco cuando fueron alcanzados por disparos alrededor de las 16:40 horas.
En el lugar, presuntamente circulaba un Honda Accord blanco en el que viajaban civiles armados que huían tras ser perseguidos por elementos de la Guardia Nacional.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, pidió a las autoridades aclarar plenamente lo ocurrido y advirtió que negar u ocultar información solo profundiza la desconfianza social.
Señaló que, de confirmarse que se trató de un error de la autoridad, sería el segundo caso reconocido públicamente en el contexto de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa, tras el registrado en Badiraguato donde las niñas Alexa y Leydi perdieron la vida tras recibir disparos por militares.
Añadió que el buen nombre de la víctima es un derecho humano que debe ser reivindicado si se demuestra que no tenía vínculo con actividades delictivas.
Además, adelantó que la CEDH iniciará una investigación de oficio cuya información deberá hacerse pública.
En caso de confirmarse la participación de fuerzas federales, dijo, el caso sería turnado también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
