"Gobierno y Fiscalía ya habían perdonado delito a implicado en desvío de $260 millones, pero juez interviene"

La juez Sara Bruna Quiñónez rechazó es tarde validar un documento con el que la defensa de uno de los tres ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados de desviar 260 millones de pesos, pretendía obtener el perdón por uno de los dos delitos que se le acusa.

Este documento, emitido por la Auditoría Superior del Estado, fue promovido por otros dos coacusados, el ex titular de la SAF en el sexenio de Mario López Valdez, Armando Villarral Ibarra, y el ex tesorero Ernesto Herrera Félix, y con él buscaban quitarse la acusación por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Por ello la defensa del tercer implicado, José Carlos López Ramírez, ex jefe de la Caja General, buscó el sobreseimiento de la acusación por este delito y encarar la audiencia intermedia solo siendo acusado de ejercicio indebido de la función pública.

Este documento, que fue presentado y leídas parcialmente sus conclusiones en la audiencia pública de esta tarde, aseguraba textualmente no haber encontrado “elementos para fincar responsabilidades” ni para Villarreal Ibarra ni para Herrera Félix o López Ramírez.

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Esta resolución de la ASE, señalada como oficio 781/2020 y remitida el 5 de octubre de 2020 a la Fiscalía General del Estado, fue utilizada para que los abogados defensores Villarreal Ibarra y Herrera Félix, prepararan una solicitud de sobreseimiento de uno de los dos delitos, programada para el próximo 1 de diciembre, fecha en que está programada la audiencia intermedia.

“Se dice que esos ilícitos fueron cometidos en forma conjunta y ya hay documentos que lo absuelven (a López Ramírez), por lo que solicita la defensa sobreseimiento parcial de la acusación”, dijo uno de los abogados.

Luego que los abogados de López Ramírez hicieron la solicitud, los fiscales, el asesor victimal y dos representantes de Gobierno del Estado manifestaron estar de acuerdo en perdonar a López Ramírez por uno de los dos delitos, pero la juez se interpuso.

La defensa explicó que la ASE encontró evidencia de que los 260 millones de pesos de recursos federales etiquetados para programas específicos, y que se desviaron a cuentas de gasto corriente del Gobierno del Estado se emplearon para el mismo beneficio del estado, es decir, no desaparecieron.

Sin embargo, la juez aclaró que el delito se actualiza precisamente en el desvío, el cambio de destino de los recursos.

Aunque la defensa solicitó un recurso de revocación contra la decisión, la misma juez se los rechazó de inmediato, cuestionando la falta de interés de la Fiscalía General del Estado y de los representantes del Gobierno del Estado para oponerse a lo que consideró una contradicción.

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“Me sorprende un poco la solicitud, pero de tratarse de una cuestión de la defensa, le doy traslado a la Fiscalía y asesores y representantes legales para su análisis”, dijo Quiñónez para llevarse la sorpresa de que no hubo resistencia.

“... hay que tomar en cuenta que los hechos permenecen inalterables y el delito se actualiza por el solo hecho de que aplicaron los fondos de recursos federales a otros destinos; esos hechos siguen siendo los mismos, por tanto el argumento que están virtiendo aquí no es procedente y es contrario a la ley”, recalcó la juez.

“Estoy encontrando una contradicción aquí, ¿cómo vamos a sobreseer si están acreditando el delito, y el hecho sigue siendo el mismo? Se usaron dineros etiquetados para otros destinos”.

En algún momento, la juez cuestionó a uno de los fiscales por manifestar que la Fiscalía no se oponía a la solicitud del sobreseimiento.

“¿Está plenamente consciente de que usted esté de acuerdo con el sobreseimiento?”, cuestionó.

El fiscal aseguró que se apegaba sólo a la pregunta de si estaba de acuerdo.

“¿A usted lo autorizaron para avalar esto?”, insistió la juez.

“No, yo soy dueño de mi propia carpeta de investigación”, dijo el fiscal.

“Es que obviamente está del lado del acusado”, criticó la juez, “pues no le interesa querer continuar con la acusación”.

Quiñónez recalcó que el documento aunque sea de la ASE, no esa suficiente para dictar el sobreseimiento.

“¿Por qué tardó tanto la ASE?... ahora resulta que dice que no hay elementos para la acción resarcitoria. Ese documento no es vinculable, es una contradicción de la ASE”.